marzo 2, 2024 05:50

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Renán Castro Madera, Director General

► Martha Teresa Medina Lozano fue removida de su cargo como directora general de Atención a la Violencia de Género

 

Ricardo Jesús Rivas/CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de noviembre. – La reciente remoción de Martha Teresa Medina Lozano de su cargo como directora general de Atención a la Violencia de Género en Quintana Roo desencadenó cuestionamientos sobre la administración pública estatal. A pesar de que las razones de su asunto no se hicieron públicas, académicas del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que supervisan la Alerta de Violencia de Género (AVG), ya habían solicitado su baja por acusación de hostigamiento laboral y discriminación.

En septiembre, estas académicas dirigieron un escrito a la gobernadora María Lezama y otras autoridades, pidiendo no solo la remoción de Medina Lozano sino también su sanción e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Argumentaban que su presencia en el gobierno estatal era contraproducente para la lucha contra la violencia de género.

La situación plantea preocupaciones sobre la efectividad y compromiso de las instituciones estatales en abordar la violencia contra las mujeres. Yunitzilim Rodríguez Pedraza y Débora Hernández Acosta, miembros del GIM, expresaron su descontento por el uso de cargos institucionales como “pago de favores políticos”, sin avances reales en la lucha contra la violencia feminicida.

El caso de Medina Lozano no está aislado. Luz Margarita González López, anterior titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, también fue criticada por su ineficiencia. A pesar de su “renuncia” por presiones de madres buscadoras, González López fue reubicada en un área sensible relacionada con la violencia de género.

La actitud de reubicar funcionarios bajo sospecha en lugar de evaluar y sancionar adecuadamente sus acciones socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales. El GIM advirtió que la estrategia de reubicar a Medina Lozano, en lugar de sancionarla, no debe repetirse.

Además, se denunció que Medina Lozano había retrasado la presentación de la Estrategia de Atención y Cumplimiento de las Medidas para la AVG, lo que provocó diversos atrasos en acciones cruciales de prevención y combate a la violencia.

Las académicas también señalaron un caso de presunto tráfico de influencias vinculado a Medina Lozano, en relación con un accidente de tránsito implicando a su hija. Este incidente levanta más dudas sobre su idoneidad para la carga que ocupaba. Es evidente la necesidad de un análisis más profundo y una acción más decidida en el manejo de la violencia de género por parte de las autoridades estatales.

 

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