abril 20, 2024 14:45

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Renán Castro Madera, Director General

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► El gobierno del estado acusa al corporativo Desarrollos Hidráulicos de Cancún de intentar ganar su demanda de amparo con argumentos falsos y mintiendo al juez ► Se emprendió de manera paralela al recurso de queja del Poder Legislativo contra la admisión de la demanda de amparo de Aguakan

 

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 22 de enero.- Mientras la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., que opera la concesión del agua potable en los principales municipios del norte de Quintana Roo con la marca operativa Aguakan, emprendió un juicio de amparo para defender la prórroga de su título por 30 años más, el gobierno del estado demandó al corporativo ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de fraude procesal, dio a conocer la titular de la Secretaría de Gobierno estatal, María Cristina Torres Gómez.

Ahora, esta demanda penal, junto con el recurso de queja del Poder Legislativo contra la admisión de la demanda de amparo de Aguakan, con el que busca cancelar el juicio, quedan como los procesos legales inmediatos que con su resolución pueden definir el curso del pleito por la operación de los servicios de agua potable en la zona más poblada del estado.

El 22 de diciembre de 2023 la XVII Legislatura estatal abrogó el decreto 250 por el que a Aguakan se le ampliaba la concesión por otros 30 años,  lo que obligaba a que revirtiera el servicio a favor de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) inmediatamente después del 31 de diciembre pasado, fecha de conclusión de su título de concesión original.

Sin embargo, la aplicación de la abrogación quedó suspendida, debido a que Aguakan promovió una demanda de amparo contra el decreto que lo ordenó, en consecuencia de lo cual obtuvo, primero, una suspensión provisional, y después, una suspensión definitiva, para que las cosas se mantengan en su estado actual hasta que finalice el juicio de amparo.

Torres Gómez explicó que, dentro de la demanda de amparo, los abogados del gobierno del estado detectaron algunas irregularidades que pueden ser indicios del delito de fraude procesal, el cual consiste en argumentos que promueve Aguakan a su favor pero son falsos y tienen la intención de ganar el amparo mintiendo al juez.

Refirió que como autoridad deben promover el cuidado máximo de la población y los bienes, y por eso el viernes interpusieron la denuncia penal ante la FGR, porque se deriva del juicio de amparo que interpuso la concesionaria.

Cabe mencionar que, ese mismo viernes, el Juzgado Octavo de Distrito concedió a Aguakan la suspensión definitiva que le permite operar los servicios hidráulicos por tiempo indefinido y hasta que una sentencia de amparo no declare que se puede aplicar el decreto que abroga la prórroga de su concesión.

Asimismo, en la demanda se revelan irregularidades en la información presentada por Aguakan al juzgado federal, incluyendo omisiones de más de 20 oficios de la CAPA que señalan incumplimientos en planes de inversión.

La denuncia argumenta que la demanda inicial de Aguakan se basa en información incompleta y omitida por la empresa, incluyendo procedimientos administrativos por violaciones ambientales.

Respecto a la demanda de amparo, la secretaria de Gobierno dijo que Congreso y gobierno son señalados; el primero por revocar la concesión que le permitiría dar sus servicios en cuatro municipios por 30 años más, y el segundo por publicar el decreto; es decir, ambos poderes son autoridades responsables.

La funcionaria detalló que los argumentos para rescindir el contrato de Aguakan son varios, pues básicamente la ley de municipios establece que cuando los periodos de concesión exceden el tiempo de una administración pública, el Congreso es el que debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, misma que de entrada se incumplió, y le autorizaron continuar por adjudicación directa.

Además, la prórroga de la concesión impactaría únicamente al municipio donde originalmente tenía el permiso, que era Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún; pero en la autorización se incluyó a Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad.

El segundo error, destacó, es que tras la adjudicación, los ayuntamientos firmaron el contrato con Aguakan, pero éstos no lo entregaron a la Legislatura para que a su vez avalara las condiciones del mismo y permitir la concesión, lo cual no pasó y la empresa inició operaciones.

“Se saltaron la soberanía de un poder que tiene la obligación de revisar que los municipios no sean vulnerados”, dijo.

Añadió que al no cumplir con el requisito de validez del acto, los diputados determinaron la revocación dada en el gobierno de Roberto Borge.

La extensión se iniciaría a partir del primero de enero de 2024, y que es la que ahora está en litigio en los tribunales federales.

 

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