Construcción del Cuarto Muelle en Cozumel lo Aprobó AMLO en 2021

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Mientras en Quintana Roo se desarrolla un debate sobre la viabilidad ambiental del llamado Cuarto Muelle en la Isla de Cozumel, los accionistas de la empresa Muelles del Caribe están seguros que el actual gobierno de la Cuarta Transformación no les fallará, debido a que fue Andrés Manuel López Obrador quien les dio luz verde para su proyecto al instruir al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el fallecido Jorge Arganis Díaz Leal, a que firmara la concesión respectiva, el 16 de febrero de 2021 y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de enero de 2022 (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640228&fecha=05/01/2022#gsc.tab=0) por lo que hasta el momento no hay nada que hacer, más que la ciudadanía se una para evitar un nuevo ecocidio en territorio quintanarroense.

En la caratula del documento se lee: TÍTULO de Concesión otorgado en favor de la empresa Muelles del Caribe, S.A. de C.V., para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en una zona federal marítima para la construcción, operación, aprovechamiento y explotación de una Terminal Marítimo-Portuaria de cruceros, de uso particular, propiedad Nacional, ubicada en el Municipio de Isla de Cozumel, fuera de los límites del Recinto Portuario, en el Estado de Quintana Roo.

Con esta concesión vigente se demuestra que el gobierno de la 4T no le queda otra más que cumplir con la voluntad de López Obrador y apegarse lo más posible a la ley para que la obra se desarrolle de acuerdo a lo planeado por los inversionistas, quienes carecen del menor interés de respetar los recursos naturales del área, a pesar que sea ese patrimonio natural de la humanidad lo que permite que miles de personas quieran viajar a Quintana Roo.

La concesión establece lo siguiente: Para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en una zona federal marítima de 58,729.803 m², para la construcción, operación y explotación de una Terminal Marítimo-Portuaria de cruceros, de uso Particular, propiedad Nacional, integrada por 11,202.03 m² para muelle de cruceros, 27,032.523 m², para zona de atraque, para zona de atraque No. 1 y 20,495.250 m² para zona de atraque No. 2, de zona federal marítima operacional exclusiva frente a la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua al inmueble a que se alude en el Antecedente VI, ubicado en el Municipio en Isla de Cozumel, fuera de los límites del Recinto Portuario, Estado de Quintana Roo.

Integrantes del gobierno de López Obrador que intervinieron en los arreglos para esta concesión en ningún momento les interesó conservar el Arrecife Villa Blanca, que forma parte del Arrecife Mesoamericano, el segundo más grande del mundo.

Las instancias estatales y municipales se lavan las manos y le echan la culpa a los gobiernos del pasado de haber autorizado la obra, pero qué más autorización podría tener la empresa que una concesión federal, autorizada por el gurú de la 4T.

En diciembre de 2021 se informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la construcción del cuarto muelle de cruceros en Cozumel, pese a las afectaciones ambientales que el proyecto implica y la oposición manifestada por habitantes y organizaciones ambientalistas de la isla.

El muelle se encuentra dentro de los 39 proyectos que conforman el Acuerdo para la Reactivación Económica que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Iniciativa Privada a principios de octubre del año pasado. La empresa Muelles del Caribe es la que ejecutará el proyecto, recordó el periódico El Economista.

En esa ocasión, la Semarnat, a través de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada, dijo que “la obra implicará una inversión de 511 millones de pesos. El muelle se ubicará en la costa noroeste de la isla de Cozumel, tanto en zona terrestre (sobre la avenida Rafael E. Melgar en el kilómetro 3+625), como en zona marina y en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)”.

Para 2023, la Semarnat, por medio de una respuesta a solicitudes de transparencia, informó a un colectivo de ciudadanos que la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V., promotora del cuarto muelle de cruceros en Cozumel, no cuenta con la concesión de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) para llevar a cabo dicho proyecto, ya que esta concesión está a nombre del representante legal (2018), pero no de la Sociedad Anónima solicitante y que obtuvo la concesión respectiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2021.

Mientras el equipo jurídico sigue ordenando las fallas legales en su procedimiento y tratando de tapar las irregularidades en los estudios de impacto ambiental, la empresa presiona al gobierno federal, al estatal y al municipal que ya no les sigan dando largas y que cada quien le entregue los permisos correspondientes, porque el compromiso lo hicieron con AMLO y su inversión está en riesgo ante los vaivenes de la economía global.

En su momento, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre otras organizaciones civiles, académicas y de investigación hicieron un a la Semarnat para que no se autoricen más obras de este tipo dado que es un destino que ya se encuentra saturado y nueva infraestructura afectaría de forma grave las playas, los arrecifes, los ecosistemas, la calidad de vida de los habitantes de la región, así como del destino turístico.

En 2020 la API de Quintana Roo anunció la licitación de un cuarto muelle para cruceros para cuatro posiciones al norte en la explanada del Puerto de Abrigo conocida como Banco Playa, con una inversión estimada de 40 millones de dólares, lo que alertó a personas ambientalistas y dieron a conocer su postura del porqué en esa zona no se debe construir el referido muelle.

De acuerdo al CEMDA, la isla de Cozumel, tiene una extensión de 45 kilómetros y sus ingresos provienen principalmente de la actividad turística. Es el segundo puerto de arribo de cruceros en el mundo, recibiendo 3.4 millones de visitantes por esta vía al año. Sin embargo, por su condición de aislamiento, su sistema ambiental es muy vulnerable. Originalmente era una villa de agricultores que se convirtió en destino turístico por excelencia para los amantes del buceo, debido a que es parte de la segunda barrera coralina más grande del mundo, el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), el cual abarca desde Quintana Roo, México hasta Honduras.

El SAM comprende 60 áreas naturales protegidas (ANP) que proveen hábitats críticos para la alimentación, anidación, crianza, desove y reproducción de un elevado número de especies de flora y fauna de importancia comercial, amenazadas o en peligro de extinción. Es uno de los ecosistemas con mayor riqueza en biodiversidad, con más de tres mil especies marinas reportadas. Adicionalmente, constituye una barrera fundamental contra huracanes y tiene una gran importancia por la actividad económica y comercial que detona, por el patrimonio cultural submarino que alberga y por su valor para la investigación.

El sistema de arrecifes de coral de la zona ha requerido de miles de años para formarse y, en caso de sufrir daños, podría no regenerarse. Entre las principales amenazas para este frágil ecosistema figura el daño físico por encallamiento a causa del incremento en la intensidad del tráfico marítimo como resultado del traslado de mercancías y pasajeros.

De acuerdo con la Iniciativa Arrecifes Saludables (Healthy Reefs Initiative), la puntuación general del Índice de Salud Arrecifal del SAM 2015 fue “regular”, con una calificación de 2.8 en una escala que va del nivel 1 -considerado crítico– al nivel 5 -considerado muy bien. A nivel de sitio, 34% de los arrecifes se encontraron en estado regular; 40% en mal estado y 17% en estado crítico. En lo que respecta específicamente a Cozumel, la calificación otorgada a la salud del arrecife es de 3.5, reportó CEMDA.

Otro aspecto que es omitido por el gobierno de la 4T son las voces de quienes se dedican a la actividad turística local, mismas que sostienen que “los ingresos provenientes de los cruceros no generan los beneficios esperados para la región ni para la comunidad”.

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