Conservar Medio Ambiente para Futuras Generaciones, Fuera de la Agenda de la 4T

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

En centros turísticos como los de Quintana Roo y en la mayoría de los del país, la violación al derecho a vivir en un medio ambiente sano es la constante, la clase política gobernante en alianza con desarrolladores urbanos y todo tipo de inversionistas, lo que les interesa es la derrama económica para ellos, pero se olvida que la conservación de los recursos naturales es una obligación del Estado mexicano, porque esos recursos no son solo de México, sino de toda la humanidad como un legado de sobrevivencia para las próximas generaciones.

Quintana Roo es un mosaico de violaciones a las leyes ambientales aplicables en el país que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México forma parte, así como de las prácticas ancestrales de los pueblos originarios que conservaron por siglos sus aguas, selvas y tierras, no solo como medio de subsistencia, sino como elementos que los vinculaban con sus divinidades.

Los saberes de los pueblos originarios de México para conservar los recursos naturales se encuentran en grave riesgo porque las políticas públicas diseñadas y aprobadas para conservarlos y seguir transmitiéndolos a las nuevas generaciones son ineficaces, porque solo son usadas para adornar los discursos políticos, pero carecen de recursos presupuestales para llevarlas a la práctica.

A nivel internacional, la Península de Yucatán es conocida por contar ecosistemas únicos en el mundo, que son reservas biodiversas para todo el planeta, pero en esa misma medida se conoce la destrucción sistemática de esos recursos, tanto por la operación de granjas porcicolas, la introducción de cultivos transgénicos que contaminan tanto los cultivos tradicionales como el suelo y el agua.

El Consejo Civil Mexicana para la Silvicultura Sostenible considera que en las regiones sur y sureste del país se concentra la mayor biodiversidad y las mayores reservas de agua dulce de México.

La referida organización civil advierte que esta región despierta un enorme apetito para los intereses privados; lleva décadas padeciendo la instalación de proyectos extractivos agroindustriales, inmobiliarios, turísticos, de extracción de hidrocarburos, de generación de energías solar y eólica y de desarrollo de vías de comunicación.

Además, todo esto a costa de las selvas megadiversas de la región. “No es de extrañar que la Península de Yucatán tenga una de las tasas más altas de deforestación del país, que va acompañada de pérdida de biodiversidad, privatización de las tierras de propiedad social, descampesinización y pérdida de identidad cultural de los pueblos originarios dueños de los territorios”.

“La región enfrenta un proceso de reordenamiento territorial en el que no se consultó a las comunidades ni pueblos originarios ni se les tomó en consideración para generar un proyecto que efectivamente respondiera a sus necesidades”.

Pero esta destrucción no solo la encabezan empresas privadas, sino el mismo gobierno federal contribuye a estas malas prácticas en materia medioambiental, con el desarrollo de mega obras, como el denominado ‘Tren Maya’ y el ‘Transístmico’, las cuales han generado conflictos en los núcleos agrarios, privatización de tierras y desplazamiento de comunidades.
Asimismo, el desarrollo de políticas basadas en la transferencia de subsidios individualizados está mermando la organización comunitaria y ha debilitado las iniciativas colectivas de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

La Selva Maya es el segundo macizo forestal más importante del continente, solo detrás de la Amazonía, por lo que es sustancial diseñar políticas que pongan en el centro el respeto de los derechos de las comunidades dueñas de los territorios y quienes son la principal línea de defensa del bosque; fortalecer su identidad cultural y sus iniciativas de manejo y conservación de los recursos naturales para asegurar la conservación de este importante ecosistema y de todos los servicios ecosistémicos que provee.

Este Consejo Civil acompaña a comunidades, ejidos y personas en la región de la Península de Yucatán en el fortalecimiento de sus iniciativas productivas, en la revalorización de la identidad de los pueblos originarios y la vida campesina.

También genera información y análisis que contribuyan a identificar las afectaciones que ocasionan los megaproyectos y las posibles soluciones para garantizar el pleno respeto de los derechos de los dueños de los territorios y la conservación activa de los recursos naturales. También contribuye al diseño e implementación de estrategias que permitan abrir espacios de participación de todos los actores de los núcleos agrarios (jóvenes, mujeres, avecindados) en la toma de decisiones y la participación en las iniciativas productivas y de reparto de beneficios.
A pesar del trabajo conjunto de organizaciones civiles, pueblos y ejidos, el gobierno federal, a través de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se están encargando de destruir el medio ambiente por medio de la violación directa a la normatividad, solo porque es el gobierno y lo puede hacer.

A pesar que el gobierno federal utiliza todo su poder institucional para vulnerar la ley, hay casos que se deben conocer a nivel internacional, como es el de Bacalar, en donde niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y toda la sociedad se están uniendo para defender su emblemática laguna conocida como de siete colores, ante el daño que le está causando la misma SEDENA, la dependencia encargada de defender al pueblo de México, ya que en su momento, recibió la autorización del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que a orillas de la Laguna de Bacalar se construyera una casa de descanso para militares, priviliegio que se les ha ratificado durante la presente administración.

Hace unos días la SEDENA, recibió la orden de un juez federal con residencia en la ciudad de Chetumal, de suspender de manera definitiva la construcción de la casa de descanso militar a la orilla de la Laguna de Bacalar, que se construye desde hace varios meses en oposición al pueblo de Bacalar y activistas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

El Juzgado Primero de Distrito con residencia en la capital del estado confirmó la vigencia de la suspensión definitiva al negar a la SEDENA la revocación de una orden similar emitida en junio pasado.

Abogados militares buscaron anular la suspensión definitiva obtenida por las asociaciones civiles Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) y Proyecto Justicia Común (Projuc), que tramitaron un juicio de amparo contra la obra y la exención de estudios ambientales a favor de la Sedena expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La institución armada pretendió anular la medida, mediante un incidente de revocación de la suspensión definitiva presentado ante el juzgado, aludiendo que no se había valorado pruebas que aportó para demostrar que la obra no generaba un daño ambiental a la laguna de Bacalar.

El pasado 15 de julio se realizó una inspección judicial en el predio donde se realiza la obra, ubicada en la avenida Costera, frente al fuerte de San Felipe, a petición de la dependencia.

Según las notificaciones del juzgado, el juez federal David Pacheco Monroy realizó el 29 de julio la audiencia para responder al incidente promovido por la SEDENA, en durante la cual invalidó los argumentos de la institución castrense y le negó la revocación de la suspensión definitiva, por lo que seguirá vigente hasta que concluya el juicio de amparo o sus eventuales revisiones de segunda instancia.

La institución armada ha mantenido suspendidas las obras, después de un desacato inicial que duró una decena de días, según los vecinos de Bacalar y las asociaciones civiles demandantes, pero que fue suficiente para que terminara apuradamente con la construcción de una piscina e iniciara la construcción de la cimentación de la casa de descanso.

En septiembre próximo se tiene pendiente el cambio de juez, debido a que David Pacheco Monroy es uno de los que se vio obligado a presentar su renuncia anticipada al cargo por efecto de la reforma judicial, ya que rechazó participar en la elección judicial federal.

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