• Con motivo de la sentencia que le impusieron en Estados Unidos a Genaro García Luna, el “superpolicía” de Felipe Calderón, Proceso vuelve a publicar la entrevista con la exembajadora estadunidense Roberta Jacobson, que se publicó el 3 de mayo de 2020

 

Redacción / CAMBIO 22

El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), revela la exembajadora estadunidense Roberta Jacobson.

Sin empacho, Jacobson dijo en entrevista con Proceso que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa.

Tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con narcotraficantes, como Joaquín el Chapo Guzmán Loera, Jacobson niega cualquier omisión de Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo, confidente y miembro del gabinete de Calderón.

“Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad”, subraya la exembajadora.

Y para no dejar duda de la duplicidad (o doble cara) que la atañe al gobierno de Calderón, subraya: “La información que obteníamos –en el Departamento de Estado– era por conducto de funcionarios estadunidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”.

Jacobson desahoga aspectos de lo que supo sobre García Luna, incluso desde el sexenio de Vicente Fox, tomando en cuenta que de diciembre de 2002 a junio de 2007 ella fue titular del llamado “Mexican Desk” en el Departamento de Estado.

No obstante, las revelaciones de Jacobson se enfocan en los seis años de García Luna en la SSP. A partir de julio de 2007 ella se hizo cargo de la Iniciativa Mérida y de otros temas de la relación con México y Canadá.

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas”, arremete.

Pocos funcionarios o exfuncionarios del Departamento de Estado conocen al detalle, como Jacobson, la relación con México, en especial la que hubo con Calderón, lo que le da autoridad a su voz.

De diciembre de 2010 a julio de 2011 Jacobson fue la número dos en la Subsecretaría de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental (concentrada en la aplicación de la Iniciativa Mérida), y el 30 de julio de 2012 fue nombrada subsecretaria de Estado adjunta.

Juicio en EU

Acusado de narcotráfico, entre otros delitos, García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 por las autoridades estadunidenses en Texas e inmediatamente trasladado a Nueva York para ser procesado y enjuiciado ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn.

La causa judicial 1:19-cr-00576-BMC, a cargo del juez Brian Cogan, establece que el Departamento de Justicia recopilaba información sobre las actividades de García Luna desde que éste fungía como funcionario federal.

El compendio de información y evidencias que posee el Departamento de Justicia sobre García Luna incluye testimonios de narcotraficantes como Jesús Zambada García, el Rey Zambada, y de Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hermano e hijo respectivamente de Ismael el Mayo Zambada.

Documentos y grabaciones de conversaciones telefónicas son otros elementos en poder del gobierno de Estados Unidos para acusar a García Luna de narcotráfico y nexos con el Cártel de Sinaloa.

Retirada de la diplomacia, Jacobson habla con franqueza de García Luna, primer exintegrante de un gabinete presidencial mexicano acusado, detenido y bajo proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico.

Hablando en pretérito, Jacobson establece que cuando ella estaba en el Departamento de Estado a cargo de la Iniciativa Mérida, en la dependencia oyeron rumores y recolectaron información sobre corrupción de “casi cada alto funcionario” del gobierno de Calderón.

“Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, pero que provenían de fuentes de las que esperabas oposición al secretario de Seguridad Pública”, explica la exembajadora.

–¿De quienes, por ejemplo? –se le cuestiona.

–Regularmente rumores e información de una agencia sobre otra agencia, podíamos obtener información que provenía de la Policía Federal sobre oficiales del Ejército y viceversa, nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial; que no fuera tendenciosa.

Las menciones de la conexión entre García Luna y el Cártel de Sinaloa, que obvió Calderón, dificultaban la labor de funcionarios del Departamento de Estado para, como en el caso de Jacobson, sortear los asuntos en los que se podía avanzar en el combate al crimen organizado.

La exfuncionaria resalta que cuando se trabaja en un ambiente de corrupción como el que privaba en el sexenio de Calderón, en Washington tomaban medidas para separar la información falsa de la verdadera.

“Pero tampoco tienes alternativa más que trabajar con los funcionarios del gobierno e integrantes del gabinete presidencial; tratas de trabajar con cuidado y de alcanzar tus objetivos, algo que pudimos lograr en algunas ocasiones con García Luna”.

Añade: “Hubo muchos asuntos en los que trabajamos con él, siempre con cuidado, pero teníamos que apoyarnos en él; era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón”.

Iniciativa Mérida, en riesgo

La información que recogían en México agencias de Estados Unidos como la CIA, el FBI, la DEA, el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y otras, engrosan el expediente criminal de García Luna.

Esa información y rumores que de fuentes mexicanas recibieron los agentes estadunidenses se reportaron primero a la embajada de Estados Unidos en México, y de ahí salieron informes clasificados a varias dependencias federales en Washington.

Lo que se decía de García Luna, aunque no se corroboró en el momento por ser miembro del gabinete de Calderón, Jacobson acepta que dificultó en cierto sentido la aplicación de la Iniciativa Mérida; la herramienta bilateral de combate al narcotráfico y crimen organizado.

“Siempre tienes cuidado con un país donde persiste la corrupción, porque les entregas grandes cantidades de recursos y debes garantizar que esto se utilice para los objetivos diseñados en la Iniciativa Mérida”, comenta la exencargada del Mexican Desk.

Con García Luna al frente de la SSP, el Departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar que le entregó a Calderón para combatir a los narcotraficantes no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas del Cártel de Sinaloa.

“Nunca dimos dinero en efectivo; entregamos equipo, dimos entrenamiento y monitoreamos los cursos que se impartían y a dónde iba a parar el equipo militar; se hacían anualmente una especie de auditorías al respecto”, expone la exfuncionaria del Departamento de Estado.

Respecto de la elaboración del encausamiento de García Luna que expone a la DEA siguiéndole los pasos por sus nexos con el Chapo Guzmán (ahora preso en EU), Jacobson dice no saber nada.

“No tenía forma de saber qué era lo que hacía el Departamento de Justicia; en la mayoría de los casos te enteras de una investigación hasta que se da a conocer el encausamiento. No es particularmente sorpresivo que por razones de separación de actividades judiciales en la mayoría de los casos los funcionarios del Departamento de Estado no necesariamente sean informados sobre las primeras etapas de una investigación”, explica.

El encausamiento contra García Luna fue dado a conocer el 10 de diciembre de 2019, horas después de su arresto; es decir siete años y nueve días después de haber concluido el sexenio de Calderón.

“Puede ser que siendo funcionario haya estado bajo investigación, pero eran las primeras etapas de la pesquisa y no necesariamente teníamos que haber sido notificados. Todos en el gobierno de Estados Unidos estábamos preocupados por la corrupción en México, incluyendo los rumores sobre García Luna; pero como he dicho, se toman pasos para verificar que esto no afecte lo que haces en materia de cooperación”, insiste la ahora diplomática jubilada.

–¿La información y rumores que obtuvieron sobre García Luna fueron compartidos o discutidos en su momento con el gobierno mexicano?

“De eso puedo hablar en términos generales, no en específico, pero con certeza puedo decir que en conversaciones sobre estrategias de combate a los narcóticos, esfuerzos bilaterales de seguridad y conversaciones sobre la Iniciativa Mérida, sí hablamos de la corrupción. Por mi parte, con miembros del gobierno de México, porque él era secretario del gabinete presidencial, pero no puedo decir a quién ni exactamente lo que se dijo”.

Gutiérrez Rebollo

Jacobson no es la primera exintegrante o integrante del gobierno de Estados Unidos que relata a Proceso que no era opcional trabajar con García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública, pero sí la única en denunciar la negligencia de Calderón.

–¿Tardó Estados Unidos en actuar contra García Luna?

–(Jacobson ríe un poco antes de contestar) Eventualmente, pero es el caso con muchos encausamientos que se dan a conocer tiempo después de cuando ocurren los eventos.

García Luna no es singularidad en la regla de la “duplicidad” que denuncia Jacobson en cuanto exfuncionarios mexicanos ligados al narcotráfico con quienes, antes de ser descubiertos, han tenido que colaborar diferentes departamentos del gobierno estadunidense.

Uno de los casos más connotados antes del arresto de García Luna fue el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien en diciembre de 1996 el entonces presidente Ernesto Zedillo nombró cabeza de la lucha contra el narcotráfico.

Días después de haber participado en reuniones de alto nivel en la Casa Blanca y de que el entonces zar antidrogas de Estados Unidos, el también general Barry McCaffrey, aplaudiera la designación de Gutiérrez Rebollo, el militar mexicano cayó en desgracia.

El 18 de febrero de 1997 la Secretaría de la Defensa anunció el arresto de Gutiérrez Rebollo, acusado de brindar protección al Cártel de Juárez a cambio de sobornos millonarios.

–¿Se puede comparar el caso de Gutiérrez Rebollo con el de García Luna o señalar cuál fue peor de los dos? –se le pregunta a Jacobson.

–¡Uff!, es difícil compararlos; ambos son decepciones pero realmente no los puedo comparar. García Luna estaba profundamente involucrado en las actividades del día a día y eso es muy preocupante.

–¿Qué dependencias del gobierno de Estados Unidos estaban más inquietas por lo que sabían de García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública?

–Las agencias de la aplicación de la ley más que las que están en la primera línea de batalla contra el narcotráfico y por lógica, las que estuvieran más preocupadas que otras dependencias que no recolectan tanta información.

En el expediente criminal el gobierno de Estados Unidos acusa a García Luna de haber recibido millones de dólares por dar información y protección al Cártel de Sinaloa, cuando era la mano derecha de Calderón en el combate al narcotráfico.

Otro de los delitos que le imputa el Departamento de Justicia es el de haber mentido bajo juramento a un agente federal, al ocultar su relación con el narcotráfico, cuando solicitó la ciudadanía estadunidense por naturalización siendo residente permanente y legal en Estados Unidos.

Durante el juicio contra el Chapo Guzmán en la Corte de Brooklyn –que se inició en noviembre de 2018 y concluyó con la sentencia del capo en julio de 2019– varios narcotraficantes mexicanos testificaron ante Cogan que García Luna también recibió dinero de otros cárteles.

En ese juicio se mencionó que el Cártel de los Beltrán Leyva pagó también millones de dólares a García Luna a cambio de información sobre el accionar del Cártel de Sinaloa y por protección para sus operaciones.

“En el juicio (del Chapo), Rey Zambada testificó que por lo menos en dos ocasiones él personalmente se reunió con el acusado (García Luna) en un restaurante y le entregó portafolios que contenían entre tres y cinco millones de dólares a cambio de sus garantías de que asistiría al Cártel de Sinaloa”, se desprende de uno de los párrafos del encausamiento judicial.

García Luna, como fue notificado ante Cogan por los fiscales a cargo del caso, negocia con el Departamento de Justicia poder convertirse en testigo cooperante para evitar el juicio y recibir una sentencia benévola, como compensación a su cooperación para incriminar a otros.

De no llegar a un arreglo con los fiscales del Departamento de Justicia y si opta por el juicio y es declarado culpable, García Luna podría ser condenado a cadena perpetua –castigo máximo– o a 10 años en prisión.

De convertirse en testigo cooperante, García Luna se pone al servicio del Departamento de Justicia para proporcionar información sobre lo que sabe de las operaciones del narcotráfico en México y para incriminar a otros criminales testificando en sus juicios en Estados Unidos. Concluida su labor como soplón, cumpliría una sentencia de menos de 10 años.

Al término de su sentencia como testigo cooperante, García Luna estaría sujeto a su deportación, aunque el Departamento de Justicia debe entregárselo al gobierno mexicano que solicita su extradición por acusaciones de trasiego de drogas y lavado de dinero.

El 20 de junio de 2016 Jacobson presentó al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto sus credenciales como embajadora. El 1 de marzo de 2018 renunció al puesto –renuncia que se hizo efectiva el siguiente 5 de mayo– por su inconformidad con las políticas que instrumentó Donald Trump para México.

 

 

 

Fuente: Proceso

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