Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de marzo.- La XVI Legislatura de Quintana Roo aprobó reformas a la Constitución local y a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, para garantizar que no se pueda reducir el presupuesto anual que se autorice a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción en la entidad, órgano descentralizado que hasta el momento no ha servido más que como comparsa para legitimar las acciones del gobierno del estado que para vigilar y evitar actos de corrupción.

Con la reforma, se establece que el presupuesto que el Congreso autorice para ese órgano no sea menor al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior, tal y como sucede con los poderes del Estado y los órganos públicos constitucionales autónomos.

Para eso el Congreso del Estado aprobó el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción; y con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con el dictamen, elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, con la reforma se fortalecerá la capacidad en el combate a la corrupción del Sistema Estatal Anticorrupción, evitando que los recursos asignados a este organismo se reduzcan.

Además, se incluyó el requisito previsto en la Constitución respecto a la obligación de contar con los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos y las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

También se estableció la obligación de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de rendir un informe anual de labores y resultados, ante el pleno de la Legislatura.

La minuta constitucional fue turnada a los ayuntamientos de la entidad, para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

Sin embargo, hay que decir que los salarios que paga el órgano son onerosos, pues sólo su secretario técnico, Luis Eduardo Anica Rodríguez, tiene sueldo bruto de más de 109 mil pesos mensuales, es decir, más que magistrado, y hasta la fecha no han rendido ni un solo servicio tangible a la sociedad, pues junto con el también oneroso Comité de Participación Ciudadana sólo ha servido para avalar las acciones del Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador Carlos Joaquín González.

En la misma sesión, el Congreso del Estado emitió un punto de acuerdo mediante el cual solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que, en el ámbito de su competencia, realice una investigación pormenorizada y en su caso, aplique las medidas correspondientes, ante los probables actos de discriminación llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores maya hablantes en el Municipio Tulum, Quintana Roo.

En dicho acuerdo, se solicita también a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento del Municipio de Tulum que, en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones, lleven a cabo las acciones y medidas que resulten necesarias para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de nuestras y nuestros hermanos mayas, por razón de origen étnico o lengua indígena, y por cualquier otro motivo tanto en el sector público como en el privado.

Por otra parte, se dio lectura a una iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adopción, del Código Civil y del Código Penal, todas del Estado de Quintana Roo.

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TIAV

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Diario Cambio 22 - Península Libre