Congreso de Quintana Roo Obliga a los Notarios a Reportar Operaciones Sospechosas a la UIF Estatal

• Los notarios públicos tendrán que informar toda compra-venta de inmuebles o constitución de personas morales cuyo valor sea superior a 1 millón 737 mil pesos.

• Pasan el C3 a la Secretaría de Gobierno y emiten legislación secundaria de la reforma del sistema anticorrupción.

• Además, la XVIII Legislatura se declara “La Legislatura de la Justicia Social”.

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 19 de septiembre.-En una segunda sesión ordinaria realizada en la tarde de este jueves, la XVIII Legislatura de Quintana Roo aprobó la emisión de tres nuevas leyes y se reforman otras 4 más, como parte de la regulación secundaria derivada de la reforma constitucional en materia anticorrupción y otros asuntos que Morena promovió en paquete al cierre de la anterior legislatura.

Se trata de la legislación secundaria que pretende normar al recién creado Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, a la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción autónoma y a los nuevos titulares de los órganos internos de control, de los órganos autónomos que se han de nombrar, además de ajustes a las obligaciones de los notarios en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ajustes en el sistema de seguridad pública.

Todas estas normas fueron aprobadas por la mayoría de Morena, PVEM y PT, con la suma del voto único del PRI, mientras que Movimiento Ciudadano y el PAN votaron en contra, por considerar que no se les dio el tiempo para conocer el contenido de los dictámenes, ya que se emitieron en una reunión de comisiones iniciada menos de 3 horas antes de la sesión.

Entre las normas que se aprobaron hoy están la expedición de una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y sus Municipios, acorde a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el nuevo Código de Procedimientos y Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

También la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, y de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, respecto a la regulación de sus órganos internos de control, y se hicieron reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

Reforma para a la Ley del Notariado para que los notarios públicos reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) todas las operaciones de compra-venta de bienes inmuebles y constitución de personas morales por montos superiores a 16 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que para valores actuales son operaciones con valor superior a un millón 737 mil pesos.

También tendrá que reportar todos los contratos de mutuo o crédito que registre, en el que el acreedor no sea una institución del sistema financiero  o un organismo público de vivienda, y de los otorgamientos de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable.

Sectorización del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Gobierno, separándolas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, y a la Ley de Seguridad Ciudadana, y expedición de la Ley del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado.

Con esta aprobación, solo queda pendiente del paquete de reformas la expedición de la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del estado, para dar paso a la integración del nuevo órgano, con la sustitución de los anteriores magistrados administrativos.

En la sesión también se aprobó la emisión del decreto por que la XVIII Legislatura se declara como “La Legislatura de la Justicia Social”.

Por otra parte, en la sesión se dio entrada a una iniciativa de una reforma al Código Penal del Estado, propuesta por el diputado Jorge Sanén Carvantes, para considerar como uno de los agravantes de las penas para los delitos de homicidio y lesiones el que la víctima sea policía y se encuentre en cumplimiento de sus funciones, con la intención de fortalecer la protección legal de los elementos de las corporaciones policiales.

franciscohcambio22@gmail.com

RHM