marzo 1, 2024 10:38

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Renán Castro Madera, Director General

► En aparente “mea culpa”, los integrantes de la XVII Legislatura buscan poner límites en la norma a la discrecionalidad de los diputados, luego de que por voluntad propia, junto con sus antecesores, dejaron prescribir los expedientes presentados contra la exalcaldesa de Solidaridad Laura Beristain Navarrete, para los cuales ya habían emitido dictámenes de procedencia, los cuales congelaron casi un año hasta que fenecieron

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de noviembre.- El Congreso del Estado de Quintana Roo dio entrada a una iniciativa que propone reformar la reglamentación de los juicios políticos, estableciendo plazos precisos para sus trámites, con el supuesto propósito de darles celeridad e impedir que las dilaciones amañadas del procedimiento permitan la impunidad de los acusados por prescripción de términos.

La propuesta aparece en la recta final de la gestión de los actuales diputados y diputadas, como una forma de lavar las faltas de la pasada y la actual legislaturas, que dejaron congelados casi un año, hasta que prescribieron, los juicios políticos contra la exalcaldesa de Solidaridad Laura Beristain Navarrete, a pesar de que su procedencia había sido dictaminada y se debía instalar una Comisión Instructora para investigarla.

La iniciativa propone la expedición de una Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia para el Estado de Quintana Roo, que sustituya a la parte que queda vigente en la materia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y fue presentada por Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, que, sin embargo, fue parte del entramado de complicidades que permitieron echar para abajo los dictámenes de procedencia de los juicios políticos contra Laura Beristain.

Entre sus propuestas, pide establecer un periodo de 60 días para que la Comisión de Justicia emita su dictamen sobre la procedencia del juicio en lo tocante a los requisitos de formalidad, con el objetivo de agilizar estos procedimientos.

Hasta el momento, el único plazo establecido por la norma en el procedimiento es el de 3 días para que los promotores ratifiquen su denuncia ante la comisión, pues después de ese acto los diputados no tienen plazos para realizar los pasos de la tramitación, lo cual ha permitido que las denuncias se congelen mientras se cumple el plazo de un año para que los actos prescriban.

La iniciativa propone también que, una vez dictaminada la procedencia de la denuncia por la Comisión de Justicia, se establezca un plazo de 15 días hábiles para la instalación de la Comisión de Proceso Jurisdiccional, que sustituiría a la llamada Comisión Instructora.

Esta comisión se encargará de estudiar, analizar y determinar la procedencia en lo tocante a los asuntos de fondo de la denuncia, emplazando al denunciado y notificándole sus derechos y las pruebas admisibles.

Se propone también que la audiencia de pruebas y alegatos sea pública, permitiendo a las partes comparecer con su respectivo abogado defensor.

La Comisión de Proceso Jurisdiccional tendrá 5 días hábiles después de la diligencia procesal para emitir un proyecto de resolución, y luego informará a la Mesa Directiva de la Legislatura, en un plazo de 3 días naturales, sobre la imputación correspondiente.

El pleno de la legislatura se establecerá como Jurado de Sentencia para debatir y votar sobre la resolución, pudiendo resultar en la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 20 años del imputado.

Cabe recordar que en la pasada XVI Legislatura, favorecida por la falta de plazos, se dio el extremo caso de que la Comisión de Justicia dictaminó la procedencia formal de 3 juicios políticos contra la exalcaldesa de Solidaridad Laura Beristain Navarrete, desde noviembre de 2021, pero aunque los dictámenes fueron turnados a la Mesa Directiva en tiempo, como ésta la tenía en sus manos Morena, en la persona de Euterpe Gutiérrez Valasis, la actual secretaria general del Congreso del Estado, decidió guardarlos y no presentarlos al pleno, en flagrante violación al procedimiento marcado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Sin embargo, la entrada de la XVII Legislatura y la instalación de una nueva Comisión de Justicia, encabezada por Hugo Alday Nieto, en septiembre del 2022, no llevó a los nuevos diputados, de abrumadora mayoría de la 4T, a dar el trámite debido a los dictámenes, sino que se mantuvo el congelamiento de los mismos.

Lo anterior permitió que, al finalizar el mes de septiembre de 2022, se cumpliera un año desde que Laura Beristain Navarrete dejó el cargo de presidenta municipal de Solidaridad y prescribiera  el plazo para realizarle juicio político, por lo que la actual Comisión de Justicia dictaminó desecharlos.

En este caso, el presidente de la comisión, Hugo Alday Nieto, para justificar este acto dijo que la mesa directiva no les dio trámite a los dictámenes, supuestamente porque una de las diputadas que firmó la aprobación de los mismos en la comisión posteriormente tachó su firma; lo cual significa que la entonces diputada de Morena Cristina Gómez Torres, actual secretaria de Gobierno, presuntamente es la que echó atrás su voto aprobatorio, ya que la otra diputada que votó por la procedencia fue Kira Iris San, quien inclusive acusó en tribuna a la mesa directiva del congelamiento de los mismos.

Así, la exalcaldesa morenista señalada de varios actos de corrupción fue dejada en la impunidad por los flamantes diputados, que ahora buscarán corregir el procedimiento legal para los juicios políticos, cuando por razones de voluntad no hicieron cumplir las reglas vigentes.

Además, el congelamiento de expedientes sigue en la actualidad, pues la Comisión de Justicia tiene 2 en revisión, pero su presidente, Hugo Alday Nieto, dijo que tienen la posibilidad de ser desechados debido al paso del tiempo, ya que ha vencido el plazo de un año para determinar una sanción, es decir, ya prescribieron.

 

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