Congreso de Quintana Roo Aprueba Reforma que Reconoce el Derecho a la Dignidad Humana y a una Buena Administración Pública

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 31 de octubre.- La XVII Legislatura de Quintana Roo aprobó por unanimidad la reforma impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa para reconocer en la Constitución del Estado el derecho de los habitantes a tener una administración pública honrada, eficiente y eficaz que tenga como directriz la dignidad humana.

La reforma es a los artículos 12 y 17 de la Constitución Política del Estado, donde se amplía el apartado sobre la dignidad humana, en el artículo donde se consigna la obligación del estado de respetar los derechos humanos, como base y condición del disfrute de esos derechos.

Asimismo, en el artículo referido al derecho de petición se agrega el derecho humano a la buena administración pública conforme a principios de eficacia, eficiencia, generalidad, uniformidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Además, se estipula la obligación expresa de todas las autoridades administrativas de asegurar el derecho a una audiencia previa en todos los casos en los que se emita una resolución que implique una limitación de derechos; así como el derecho de las personas de impugnar cualquier acción u omisión de las autoridades que viole su derecho a una buena administración pública, así como ejercer recursos contra decisiones o resoluciones de las autoridades, conforme a las leyes secundarias respectivas.

Esta reforma es la primera de un paquete de tres que presentó la gobernadora Mara Lezama, siendo las otras dos pendientes la que aumenta la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), creando más altos mandos, y la que establece la regulación para perseguir en el fuero común el delito de lavado de activos, facultando inclusive a la Sefiplan y el SATQ a investigar la riqueza de las personas.

La reforma constitucional será turnada a los once ayuntamientos del estado para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

El Congreso del Estado también otorgó una autorización a los Ayuntamientos de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los municipios garanticen al personal administrativo, operativo y/o de apoyo el acceso a un régimen de seguridad social que les garantice la disposición de seguros, servicios y prestaciones derivadas de sus relaciones laborales, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de esta autorización, los municipios podrán otorgar como garantía y/o fuente de pago las participaciones federales futuras que le correspondan, para garantizar el pago de las cuotas o aportaciones al IMSS, y el Poder Ejecutivo por conducto de la Sefiplan, podrá fungir como obligado solidario del ayuntamiento.

Para el caso de Felipe Carrillo Puerto, la autorización permitirá otorgar seguridad social a los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto.

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