Redacción/CAMBIO 22

“Observamos con preocupación que hasta ahora el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solo ha profundizado la participación militar en labores internas de policía” expresaron los congresistas demócratas en una carta dirigida al Secretario de Estado, Anthony Blinken.

Este fue uno de los argumentos por parte de los demócratas para impulsar la cláusula que condicionó que la ayuda bilateral autorizada no se destinara a militares mexicanos que desempeñan labores de seguridad pública.

A la vez un reporte de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos alertó que “el modelo militarizado ha incrementado la violencia sin promover estrategias de seguridad efectivas”, de acuerdo al diario Los Angeles Times.

El presupuesto autorizado por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, estableció que se destinarán más de 158 millones de dólares para la ayuda bilateral en México. Sin embargo, esta asignación está condicionada a que los recursos no se destinarán a militares mexicanos que participen en las labores de seguridad pública.

“Ninguno de los fondos asignados por esta iniciativa y puestos a disposición para ayuda de México se utilizará para apoyar la participación militar en la aplicación de la ley en México”, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022.

Unos 100 millones de dólares de esta ayuda bilateral se destinará a la lucha contra el crimen organizado y la promoción del estado de derecho en México, según lo dispuesto a través del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos. En tanto, 50 millones se canalizarán a la promoción económica y social.

El resto, unos 8 millones 910 mil dólares se utilizarán para financiar equipo militar para las fuerzas armadas, actividades antiterrorismo y entrenamiento militar para las fuerzas armadas mexicanas.

Un artículo de Los Angeles Times, señala que desde marzo de 2021, un grupo de 19 congresistas demócratas habían expresado su preocupación al gobierno norteamericano sobre la creciente participación de los militares mexicanos en las labores de seguridad pública, en particular, dentro de la Guardia Nacional. “Observamos con preocupación que hasta ahora el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solo ha profundizado la participación militar en labores internas de policía”, señalaron los demócratas en una carta dirigida al Secretario de Estado, Anthony Blinken.

De acuerdo a la ley que dio lugar a la Guardia Nacional en 2019, los militares mexicanos limitarían su participación en labores de seguridad pública hasta el año 2024, pero con el anuncio del presidente López Obrador de transferir su control a la Secretaría de la Defensa Nacional, este control se convierte en permanente.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) una organización de defensa de derechos humanos señaló la creciente influencia de los militares mexicanos bajo el gobierno de López Obrador y la naturaleza militarizada de la Guardia Nacional. “En la guerra contra el crimen, la población de México ha sufrido las mayores pérdidas. El modelo militarizado ha incrementado la violencia sin promover estrategias de seguridad efectivas”, dice el informe de WOLA al levantar sus dudas acerca de que el modelo militarizado termine en 2024.

Desde julio de 2021, esta ayuda bilateral se sometió a votación en el Comité de Gastos de la Cámara Baja, y en ese proceso la mayoría demócrata impulsó la cláusula que prohibiría que los fondos estadounidenses llegaran a la Guardia Nacional mexicana que ya había incorporado elementos de la policía militar y naval en 2019. El resultado de la votación fue 32 votos a favor y 25 en contra, al final la cláusula avanzó y se aprobó el presupuesto.

Las quejas y señales de alarma tanto en el Capitolio como en las organizaciones no gubernamentales, no fueron consideradas por el gobierno mexicano. Por el contrario, el presidente López Obrador anunció a mitad de 2021 que el control de la Guardia Nacional pasaría a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue uno más de los desacuerdos con la administración Biden que suele poner en la mesa el gobierno mexicano.

 

Con información de El Independiente

JFCB

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