Conflictos Armados en el ‘Triángulo Dorado’ de Chihuahua Obligan a la Población a Elegir entre Resistir o Huir

A una orilla de las canchas hay mesas de plástico que sirven de oficina portátil para un ayuntamiento itinerante. Más de un centenar de personas, entre mestizas e indígenas ódami, hacen fila para recibir una despensa o atenderse con el registro civil. Quieren registrar a sus niños, a sus niñas, o a algún adulto para obtener un acta de nacimiento. Más tarde, en otra esquina de la cancha, la Secretaría de Bienestar entregará más de 16 toneladas de fertilizante.

Esta caravana del gobierno llegó ahí con el resguardo de la Guardia Nacional, que cuida a la nueva presidenta municipal de Guadalupe y Calvo desde que recibió amenazas de muerte durante su campaña política. Ana Laura González, del partido oficialista Morena, a sus 35 años tiene la difícil tarea de gobernar en uno de los municipios chihuahuenses más golpeados por la inseguridad y la desigualdad.

Ana Laura habla frente a los habitantes de Cinco Llagas que hacen fila para obtener su despensa y anuncia los servicios que llegaron ese día en la caravana. Hace cuarenta días llegó junto con otra caravana y asegura que lo seguirá haciendo. Es la primera vez que una mujer gobierna en Guadalupe y Calvo y también es la primera vez que lo hace un partido distinto al PRI. De manera coordinada, pero separados de la caravana oficial, llegaron también organizaciones de la sociedad civil, como Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) y miembros de la Pastoral Indígena de la Diócesis de la Tarahumara, parte de la iglesia católica.

Un par de mujeres platica en el centro del pueblo. Bajaron hacia el domo desde una de las rancherías cercanas para atenderse con el personal médico y recoger una despensa. Entre ellas hablan abiertamente sobre “la situación”,  pero al acercarme para hacer algunas preguntas, bajan la voz hasta llegar al susurro.

Las palabras, así como la gente, también tienen prohibida la salida.

–Ahí se la mantienen en los ranchos. Cuando ven que llega el ejército, se van y se esconden. Los soldados llegan, se dan una vuelta, se retiran y los otros se regresan otra vez. Haga de cuenta que nos usan para protegerse porque saben que nosotros no podemos hacerles nada –dice una de ellas.

–Si se rompe un zapato, no hay cómo reponerlo. Si se nos rompe la ropa, ¿de dónde saco más? –dice la otra.

–Está horrible, no se imagina. Si no podemos volver a meter a los niños a la escuela, nos vamos a tener que ir.

Hay rancherías en donde las familias mandan a sus hijos caminando a la escuela a Cinco Llagas, como el Pie de la Cuesta, y aseguran que no los mandarían aunque ésta estuviera abierta porque tendrían que atravesar la zona de conflicto. Otras rancherías, como El Cajoncito, tienen su propia escuela, pero también permanece cerrada hasta ahora.

“Ayer vino la camioneta de Diconsa y pudimos comprar comida, pero antes de eso tenía cuarenta días sin venir”, dice una mujer del pueblo. Esos “cuarenta días” obtienen una propiedad bíblica en su voz y en la de otras personas de Cinco Llagas que repiten la misma frase. Esos “cuarenta días” son muchos días sin poder comprar la canasta básica en el barranco.

La Diconsa es una empresa pública dedicada a llevar alimentos y artículos básicos a precios accesibles a la población “que habita en localidades marginadas” del país, como Cinco Llagas y gran parte del México rural. De esta empresa depende la población para  surtirse de  todo lo que no produzcan en sus parcelas. Pero ante las constantes amenazas de los grupos armados, los choferes no pueden llegar a las comunidades para surtir las tiendas de manera regular.

En Cinco Llagas, la tienda de “Conasupo” –un antiguo nombre de la paraestatal con el que todavía llaman a las tiendas localmente– está cerrada, por lo que dependen de las tiendas de particulares para el servicio. Los soldados también ayudan a llevar víveres cuando tienen alguna salida a Baborigame.

Desde septiembre los servicios del Estado entraron en una nueva lógica para atender a la población: la de las caravanas. Si la camioneta de los abarrotes o la de salud es vulnerable sola, prefieren esperar a que vaya un grupo grande con resguardo armado del ejército o la Guardia Nacional para ingresar tanto a Cinco Llagas, como a otros poblados de Guadalupe y Calvo. Esta caravana del gobierno se repitió en octubre y luego en noviembre, cuando por primera vez coincidió con la caravana que realizan las oeneges desde agosto de 2023.

Junto al domo, mientras el ayuntamiento reparte despensas, la presidenta municipal accede a una entrevista con la condición de no ser grabada. “De milagro estoy viva”, dice al comenzar a hablar, “me salvó la Guardia Nacional”.

“Lo que nosotros queremos es que se acabe esta guerra. Todos los días llegan personas desplazadas a Guadalupe y Calvo. ¿Cómo le vamos a hacer con el albergue? ¿Y con la comida?”, dice mientras atiende a las personas que se le acercan.

Cuando visitaron Cinco Llagas en octubre, dice, el Registro Civil atendió a 73 personas de diferentes edades que no tenían acta de nacimiento. Niños, niñas y personas adultas que aún no existían para el Estado.

“Incluso hay niños que no están registrados y que son huérfanos. Hubo un caso de un niño con el que batallamos porque la familia no tenía acta de defunción de la mamá. Cuando vimos, ella ni siquiera tenía acta de nacimiento. Ella nunca existió para el gobierno. Además, la mataron”, dice.

También aseguró que es necesario cancelar todas las tarjetas de la Secretaría del Bienestar de la región y volverlas a emitir, ya que una de las personas que controlaba el pueblo huyó con ellas después del inicio de los enfrentamientos. Aedmás, la encargada del bienestar en el municipio, María Elena Paredes Díaz, ordenó el bloqueo de algunas tarjetas por motivos de robo o hackeo en agosto, pero no denunció esto públicamente hasta que su camioneta fue incendiada el 7 de septiembre.

“Mi propuesta es seguir viniendo a apoyar con alimento, acompañar a la Conasupo para que ya esté aquí y seguir presionando al Gobierno Federal para que el ejército se quede aquí más tiempo”, dice la presidenta municipal al terminar la entrevista.

Reajustes territoriales

La guerra no comenzó en agosto. Guadalupe y Calvo es parte del famoso “Triángulo Dorado”, una región fértil y de difícil acceso donde se forjaron los primeros famosos capos de la marihuana y la amapola. La jugosa economía del narcotráfico ha sido codiciada desde entonces por grupos de poder locales –familias y caciques serranas– así como foráneos, que también han incursionado en industrias legales como la tala o la minería. Este entramado de intereses y armas de la región desde hace décadas ha obligado a sus habitantes a abandonar su hogar hacia otros poblados o ciudades donde pudieran correr menos peligro y no sean obligados a unirse a uno u otro grupo armado.

Pero la guerra se recrudeció de nuevo este año con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Nuevo México y el reacomodo de lealtades que le siguió en las estructuras criminales. Otros eventos eventos también desataron reajustes territoriales, como cuando el grupo de “Los Salgueiro” derribó una avioneta con miembros de la familia de “Los Arellanes” en 2020. O quizás la disputa en realidad son muchas disputas por el territorio, sin un inicio concreto o un fin en el horizonte próximo, tanto en Guadalupe y Calvo como en el resto de Chihuahua y en el país.

En febrero el ejército aseguró una camioneta Ford 450 con reporte de robo en las cercanías de Baborigame. La caja llevaba redilas blindadas y tenía el frente elevado para poder disparar bajo resguardo de una placa metálica, como una torreta. Dos meses después, un grupo armado llegó al corralón de la fiscalía de Guadalupe y Calvo, sometió al guardia de seguridad, y se robó –o recuperó– la camioneta. No se volvió a saber de este vehículo hasta que en septiembre fue encontrado en llamas después de un enfrentamiento entre Parral y Jiménez, ciudades controladas respectivamente por “Los Salgueiro” y “Los Arellanes”. La camioneta viajó más de cinco horas por carretera sin que nadie la viera o detuviera.

En abril, ocho cadáveres apilados uno encima de otro amanecieron en la salida norte de la ciudad de Chihuahua. Uno de ellos tenía un mensaje clavado en el pecho. Chihuahua tiene dueño, decía, bienvenidos. En septiembre, una traición dentro del NCDJ –de acuerdo con declaraciones del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno– llevó a un enfrentamiento que aterrorizó a la ciudad fronteriza de Ojinaga y dejó al menos 11 muertos.

Las fronteras entre estos grupos, una vez más, se marcan a fuego, sangre y mensajes.

La asistencia humanitaria

A casi una semana de que inició el enfrentamiento armado en Cinco Llagas, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) aterrizó en helicóptero junto con una psicóloga y un médico para atender a la población. Iban a llegar hasta el día siguiente junto con otras autoridades que integran la mesa de desplazamiento forzado del gobierno del estado, pero en la cabecera de Guadalupe y Calvo la convencieron de saltarse la sierra por aire y estar ahí cuanto antes posible.

“Imagínese llegar en helicóptero, que no sabíamos si nos bajaban o no”, me cuenta la comisionada Norma Ledezma Ortega, en su oficina en la ciudad de Chihuahua, dos semanas después de mi visita a Cinco Llagas, “llegar y ver desde lejos cómo estaba el domo con más de 200 personas esperándonos, con hambre donde no dejaban pasar la comida. Los servicios de salud desde enero que no entraban por temas de seguridad. No es que no quisieran, es que no podían”.

Al llegar a Cinco Llagas por primera vez, Norma Ledezma habló con un padre de familia. Su hijo estaba desaparecido desde que inició el enfrentamiento. El ejército, relató Norma, le dijo al padre de familia que mejor se fuera, porque su hijo trabajaba con el crimen organizado, y se negó a ayudarle a buscarlo. Al día siguiente la comisionada y fuerzas de seguridad del estado subieron a uno de los cerros a buscar al muchacho y encontraron su cadáver. Perteneciera o no al crimen organizado, eso a ella no le concierne, aseguró. Para ella, su familia también es víctima. A la vez, está decepcionada de que el ejército no haga más por detener los enfrentamientos.

“Desde nuestra experiencia el Gobierno Federal fue apático, totalmente ha sido apático e insensible”, dijo la comisionada. “Yo los escuché, nadie me lo contó, así me lo dijeron: ‘ay, licenciada, ¿qué usted no sabe? Nuestra instrucción es abrazos, no balazos. Si acá nos dicen que no entremos, no entramos’. Ellos no movieron ni un dedo”.

Norma fue nombrada titular de la CEAVE en julio de 2023. Su encargo desde entonces es atender y brindar atención humanitaria a las personas víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos en el estado. Antes de asumir este cargo, dirigió la asociación Justicia Para Nuestras Hijas por 21 años, la cual fundó tras la desaparición y el asesinato de su hija Paloma. Ahora es su presidenta consejera, un puesto que ella considera honorífico.

Días después del inicio del sitio a Cinco Llagas y de la visita de las instituciones del gobierno, el 6 de septiembre un juzgado federal otorgó un amparo a la comunidad. Este amparo obligó al Estado a reubicar a las personas que estuvieran en peligro y a brindarles atención humanitaria: alojamiento, agua potable, alimentos, atención médica y psicológica.

Pero Norma asegura que cuando llegó a Cinco Llagas un mes después, con la instrucción y la capacidad de transportar a las personas que habían solicitado salir del poblado –y sumarse a las miles de personas en condición de desplazamiento forzado interno en el estado– éstas le dijeron que no. De acuerdo con Norma, la mayoría ya no quiso salir del pueblo, pues sentían más seguridad con el ejército instalado y la visita constante de las autoridades.

“Yo al principio sí quería pero ya vi que ustedes están viniendo. Aquí está mi milpa. Nomás no nos abandonen”, asegura que le dijeron.

Esto no quiere decir que toda la gente se haya quedado en sus casas. Además de las cabecillas del grupo armado local, que sí abandonaron Cinco Llagas, también personas mestizas e indígenas ódami han tenido que abandonar su hogar en el pueblo y en rancherías aledañas como El Silverio, Pie de la Cuesta, Las Casas o El Cajoncito.  Algunos de estos desplazamientos se dieron incluso desde dos meses antes del inicio de los enfrentamientos debido a que ya estaban recibiendo amenazas de que abandonaran el lugar.

La oenege Contec fue nombrada asesora jurídica de tres denuncias por el desplazamiento forzado interno de al menos 70 hombres, mujeres, niños y niñas originarias de Cinco Llagas y sus rancherías aledañas que abandonaron sus hogares a partir de septiembre. Pero no todas las personas han querido denunciar, ya sea por miedo o por falta de confianza en las autoridades.

Pero la noche del 14 de noviembre de 2024 no se ven luces en los cerros ni se escuchan disparos. El ejército barre y trapea el patio de la escuela primaria Justo Sierra y la presidenta municipal baila “payaso de rodeo” con los niños y niñas del pueblo bajo el domo de lámina.

Al día siguiente, una familia ódami aprovecharía el flujo de vehículos de gobierno y sociedad civil para salir de ahí, aunque las autoridades se negaron a sacar gente del lugar. En una ranchería cercana, un hombre mestizo se acerca al padre de familia. “No te rajes. ¿Pa’ qué te vas? Quédate”, le dice.

Se ve tranquilo, pero no lo está.

Mientras las autoridades se ponen de acuerdo…

En la ciudad de Chihuahua, a más de 500 kilómetros de Cinco Llagas y tres días antes de la visita coordinada de noviembre, una docena de autoridades y miembros de oeneges discuten la situación que se vive en ese poblado y otros de Guadalupe y Calvo.

La sala Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio de Gobierno es larga, de techos altos y acabados de madera. En sus extremos hay dos grandes pinturas al óleo: la primera, del prócer y cura que dio inició a las guerras de independencia y murió fusilado a unos metros de ahí; la segunda, del caudillo local y héroe nacional de la revolución mexicana el General Francisco Villa.

“Las personas no quieren irse de su tierra, de su lugar de nacimiento, porque tienen algún ganado, porque siempre han vivido en ese lugar –dice Antonio Franco, coordinador de los agentes del ministerio público de Guadalupe y Calvo–. Ahí las personas han sido muy enfáticas en señalarlos que ‘es que aquí nos queremos ir porque no tenemos servicios de salud, no hay médico o no había a inicios de este año, no tenemos también servicio de Conasupo o alguna tienda donde se nos vendan los productos de para la canasta básica’. Tienen ciertas carencias que por ese motivo esas personas las hacen irse del lugar, pero no es tanto que por cuestiones de desplazamiento forzado interno”.

Franco cuenta que en una visita a Cinco Llagas se entrevistó con el padre de la joven que interpuso el amparo –aquél que pedía reubicar a las personas a un lugar seguro– y que, en presencia del visitador de derechos humanos Juan Portillo, negó haber dicho lo que su hija manifestó. Al contrario, dice, el señor fue muy enfático a la hora de redactar el acta ante el visitador de derechos humanos, asentó que él estaba viviendo bien y que no tenía ningún problema.

“En Cinco Llagas, en este caso, platicamos con algunos de los representantes de la localidad y nos dicen, no pues es que la mayoría de las personas nunca han sido objeto de que lleguen algunas personas armadas o algún grupo armado y diga ‘¿sabes qué? Si no te sales te vamos a privar de la vida a ti o a algún familiar’”, relata el agente del ministerio público.

Entre las anécdotas y declaraciones que expone el coordinador del ministerio público en Guadalupe y Calvo, encargado de levantar denuncias e investigar los crímenes en el municipio, también dice que los pobladores de Cinco Llagas le aseguraron que estaban bien, que no tenían ningún problema con nadie, que únicamente habían escuchado disparos a lo lejos, en el cerro, pero que nadie nunca llegó a sus domicilios a molestarlos o a correrlos de sus casas.

Las declaraciones de Franco se dan entre logros y acciones que un funcionario tras otro enlistan frente a los y las representantes de las oeneges.

Se les ha brindado atención, se les ha llevado alimento, se les ha brindado seguridad, se les han tomado declaraciones, se les han levantado denuncias, se les ha trasladado de manera segura a otros poblados cuando ha sido necesario, se les ha brindado apoyo psicológico, se les ha proporcionado traductor o traductora cuando es hablante de la lengua indígena o dialecto oriunda de ahí, todo de manera coordinada, colegiada, con las dependencias del gobierno “humanista”.

Dentro de esta sala, en las palabras de sus funcionarios y funcionarias, los mecanismos del Estado están engrasados. Aún así, queda mucho por hacer, reconocen.

En la reunión también está presente el licenciado Francisco Sáenz Soto, en representación del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno. Francisco dijo que tenían ya 12 carpetas de investigación acumuladas, con 163 entrevistas a víctimas en diferentes hechos de lugares como Puerto Hondo, Santa Tulita, El Rincón de Alisos, la Minita, La Sierrita, Pinabete, El Olvido, Portezuelo, Malanoche y Muertecito, todas de diferentes regiones de Guadalupe y Calvo. Las personas pueden levantar sus denuncias con los agentes del ministerio público itinerante que acuden a los poblados, dice, sin necesidad de esperar la visita de otras autoridades en las “brigadas masivas”.

Una y otra vez, de la boca de autoridades como Sáenz o la fiscal de derechos humanos, Ada Miriam Aguilera, el problema de la confianza en las autoridades ocupó la discusión en la mesa. Diana Villalobos, directora de Contec, explicó que esa confianza –necesaria para levantar denuncias y llevar a cabo las investigaciones– la construyen los agentes en el campo, pero que es imposible generarla si no dan una buena primera impresión o si la gente los asocia con robos y maltratos.

La organización Contec fue nombrada como asesora jurídica de decenas de casos de desplazamiento forzado y otros crímenes como homicidio y violación de personas que tuvieron que abandonar sus hogares en Cinco Llagas, Malanoche y sus rancherías cercanas, relacionados a diversos episodios de violencia que han afectado a la región desde hace años. En la mesa de discusión, las autoridades recalcaron esta situación y pidieron a la oegene que colaborara con ellas para lograr investigaciones efectivas.

“Esa confianza que ya tienen con ustedes para nosotros es sumamente importante –dijo la fiscal en derechos humanos, Miriam Aguilera– por eso necesitamos también, digo, no les estoy echando la responsabilidad, pero sí la manera de que podamos colaborar como lo hacemos. Es muy importante para poder nosotros realmente llevar la investigación mucho más certera”.

El estado de Chihuahua tipificó el delito de desplazamiento forzado interno en diciembre de 2022, después de varios episodios masivos de desplazamiento sobre todo de personas y comunidades en la Sierra Tarahumara. Ahí se establecen penas a quien “por medio de la violencia física o moral, ocasiones que una persona o un grupo de personas abandone su lugar de residencia habitual”. No se establece que, para considerarse desplazamiento forzado interno, grupos armados tengan que ir al hogar de las personas para decirles que tienen que irse de ahí o de lo contrario las van a matar.

El delito puede ser difícil de acreditar, como aceptó Miriam Aguilera, debido a que se tiene que probar que las personas abandonaron su hogar en circunstancias violentas. La fiscalía que dirige en Chihuahua la fiscal en derechos humanos tiene experiencia trabajando con casos relacionados al desplazamiento forzado interno, pero en este caso sólo acompañan la investigación a cargo de la fiscalía de la zona sur.

En este contexto es que el fiscal general César Jáuregui Moreno negó los casos de desplazamiento forzado en Cinco Llagas a sólo una semana del inicio de los enfrentamientos, ya que no había denuncias de que los grupos armados que se estaban disputando el territorio también estuvieran obligando a los habitantes a abandonar sus hogares.

El fiscal haría una declaración similar respecto a la situación en Las Crucecitas y San Ignacio de Sotelo, también en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde la disputa entre cárteles se dio sólo entre cárteles y según él nunca amenazó a la población. Los balazos sólo fueron entre ellos. Quienes se fueron no fue porque los hayan obligado. El mismo discurso se repetiría semanas después con los enfrentamientos en Dolores en diciembre.

Pero un día después de esta reunión entre autoridades y oeneges, cuando la caravana de la sociedad civil estaba en camino a Baborigame, la Fiscalía General del Estado aceptó y publicó que habían abierto 12 carpetas de investigación por desplazamiento forzado interno en Cinco Llagas, las cuales agruparon las denuncias de 163 víctimas. Los mismos números que dio Sáenz en la reunión, aunque con un poblado distinto.

Algunas cifras de organismos internacionales, federales y estatales pueden ayudar a dimensionar el fenómeno del desplazamiento forzado interno en la región.

En mayo de 2023 ACNUR publicó un informe “del ejercicio de caracterización del desplazamiento forzado interno en Chihuahua”, realizado de la mano con organizaciones civiles y autoridades del estado de Chihuahua, incluídos organismos de la fiscalía general. Los resultados de la encuesta no son “estadísticamente representativos”, alertan en su metodología, pero sirven para entender las causas y consecuencias de este fenómeno en el estado.

El ejercicio de ACNUR encontró que el 58 por ciento de las personas entrevistadas en situación de desplazamiento forzado interno abandonaron su hogar por “temor ante el ambiente de violencia e inseguridad como conflictos armados, delincuencia organizada o violencia generalizada”. Es decir, un grupo armado no necesariamente llegó a la puerta de la casa para amenazar a sus ocupantes, sino que estos huyeron “de manera preventiva” al sentirse en peligro. En este ejercicio, Guadalupe y Calvo fue el municipio con el mayor número de casos de desplazamiento forzado interno, con el 23.9 por ciento del total.

Otras cifras que pueden aclarar el panorama –y podrían ser más “estadísticamente representativas”– son las 14 mil 652 personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en Chihuahua en 2021 y que reportó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2022; o las 2 mil 877 personas que tuvieron que abandonar su municipio de origen por la violencia entre 2015 y 2020 y que registró el Censo de Población y Vivienda en 2020.

La CEAVE, que dirige Norma Ledezma y depende de la Fiscalía General del Estado, registró 896 víctimas de este delito entre 2017 y 2022 en un padrón de víctimas, de las cuales 452 eran del municipio de Guadalupe y Calvo. Este padrón fue una lista preliminar que la CEAVE utilizó para atender a víctimas de manera inmediata, pero es distinto al Registro Estatal de Víctimas que utilizan oficialmente, un listado elaborado en base a denuncias y quejas formales ante organismos de derechos humanos, el ministerio público o resoluciones de autoridades competentes, como jueces, entre otras.

En este último registro los números son distintos: entre 2018 y noviembre de 2024 había 282 personas víctimas de este delito, de las cuales 126 eran de la “zona sur” –a la cual pertenece Guadalupe y Calvo– y 156 de la zona centro; de estas, al menos cien personas fueron registradas después de la tipificación de este delito en el código penal de Chihuahua, de las cuales 76 eran originarias de Guadalupe y Calvo.

Aparentemente, estas cifras “actualizadas” no incluyen a las 84 víctimas que la CEAVE tenía en sus registros y que tuvieron que huir de los municipios de Uruachi y Guazapares entre 2015 y 2016, uno de los casos de desplazamiento forzado interno más paradigmáticos del estado. Estas víctimas simplemente ya no aparecen en los nuevos registros.

Contec comenzó a trabajar con casos de desplazamiento forzado interno a partir de los eventos en estos dos últimos dos municipios. Aunque los colectivos que se formaron en ese entonces han logrado obtener algunos beneficios y reparaciones, muchos de ellos siguen sin tener un hogar y no han podido regresar a su lugar de origen. Diana no ve diferencia entre esos casos y lo que ve ahora en Guadalupe y Calvo.

“Es lo mismo, llegan grupos a disputarse los territorios. Es lo mismo porque a la gente no le queda mas que tres cosas: o te sales o te acoplas o te mato –me dice en una entrevista realizada días después de regresar de la caravana a Cinco Llagas en noviembre–. Son esas las alternativas que tiene la gente en esas zonas. Para nosotros también es muy importante el tema de la prevención del desplazamiento y la única manera de prevenirlo es asegurando que las familias tengan las condiciones mínimas para vivir en sus casas, que es la escuela, la salud, la seguridad y el abasto de alimentos”.

El pueblo ódami que se quiere quedar donde está

Un día antes de la visita a Cinco Llagas, el ayuntamiento itinerante se instala en Santa Tulita, una ranchería indígena ódami casi tres horas hacia el sur de Baborigame y que pertenece a la comunidad de Malanoche. La caravana de oeneges, dirigida por Contec y la parroquia de Baborigame, se encontró con la del gobierno en el camino.

Mientras se infla el brincolín, la presidenta municipal se presenta, avisa que ahí están también el Registro Civil y el DIF. Pregunta si ya recibieron la visita de la Secretaría de Bienestar por censo del programa de 60 a 64 y de Sembrando Vida. Agradece y aplaude. Las personas presentes le siguen en el aplauso. Luego, se presentan la síndica –también del partido Morena–, la directora del DIF y un regidor ódami, quien habla en su lengua completamente.

“Si alguien quiere hablar los escuchamos. Ya vi que no hay luz”, dice la presidenta.

Después de un breve silencio, se comienzan a escuchar las voces.

En la escuela tienen computadoras, pero no hay luz. El regulador de las placas solares no sirve. Tampoco en Puerto Riyito, una ranchería vecina. El camino al pueblo necesita arreglo. Cuando llegan a arreglarlo, nomás arreglan ese y los que van a los otros ranchitos no. El programa de “la Escuela es Nuestra” nomás no llegó.

La presidenta escucha y dice que hará lo que pueda por parte del ayuntamiento. También les recuerda que, gracias a su filiación partidista, tiene más posibilidades de apoyarse con la federación. “Para nadie es un secreto que yo me llevo mejor con el gobierno federal”, dice.

La falta de luz eléctrica es uno de los problemas que más resaltó en las rancherías y comunidades en el camino de la caravana. Los habitantes de otras rancherías conectadas a la red de la Comisión Federal de Electricidad han reportado el sabotaje de las instalaciones.

A finales de septiembre circularon mensajes en redes sociales que exigían a las autoridades restablecer la línea eléctrica en localidades como Batallapa, Basonopa, Basonopita de abajo, Rancho viejo, Santo Domingo, Calabazas, El Tigre, La Soledad, Los Espinos, Arroyo de Almodóvar, Rincón de Alisos, Mesa Colorada, Las Casas y Cinco Llagas, donde ya tenían dos semanas sin el servicio.

Dos días después de este reclamo, un empleado de la CFE fue secuestrado junto con su camioneta por cinco hombres armados cuando iba en camino a dar mantenimiento. Luego fueron interceptados por miembros del grupo armado contrario, quienes balearon la camioneta, ejecutaron a los secuestradores y liberaron al empleado en el monte.

A Santa Tulita no llega el cableado eléctrico. Quizás sería más fácil llevar la línea desde Portezuelo, una ranchería vecina, que arreglar las placas solares, dice la presidenta. Pero en Portezuelo los grupos armados también han incrementado su presencia y muchos de sus habitantes están desplazados.

La entrada de un grupo armado nuevo que pretende disputarle el territorio al “local” ha provocado varios episodios de desplazamiento forzado interno en la región de Malanoche. El grupo “nuevo” identifica a los habitantes de cada pueblo con el grupo “local”, por lo que los tiene amenazados. Entre estas rancherías y los poblados cercanos, como Baborigame o San Juan Nepomuceno, también se establecieron fronteras han restringido sus movimientos y el paso de servicios básicos todo lo que va del año.

En junio de 2023, hace un año y medio, estos enfrentamientos provocaron el desplazamiento forzado de al menos 53 personas ódami de La Sierrita, una ranchería cercana a Santa Tulita. Llegaron a la cabecera municipal con lo que traían puesto y lo que pudieron cargar en brazos. Un mes después fueron trasladados hacia la capital del estado y luego a otra ciudad, donde permanecen sin poder regresar a sus hogares.

La CEAVE, otras autoridades estatales y oeneges se han encargado de brindarles atención humanitaria, pero hasta la fecha no ven condiciones para regresar a su hogar. En la entrevista realizada con Norma Ledezma, ella aseguró que este episodio de desplazamiento forzado la llevó a presionar a las demás autoridades que integran la mesa interinstitucional sobre desplazamiento forzado interno a realizar las visitas de las brigadas y no “esperar a que nos vuelvan a sacar a grupos completos”.

Para Norma, atender a este grupo de víctimas directamente en Guadalupe y Calvo y luego trasladarlas a un lugar donde estuvieran más seguras fue una prioridad. “Está mal decirlo de mi parte pero yo creo que todos lo sabemos que algunos servidores públicos, sobre todo de los cuerpos policíacos, se sabe que permiten estas acciones delictivas, entonces estas personas vienen con mucha desconfianza”.

Acudieron por primera vez en septiembre de 2023, luego visitaron las comunidades cada mes hasta diciembre de ese mismo año, tras lo cual suspendieron las visitas hasta que iniciaron los enfrentamientos un año después.

Para Contec y otras organizaciones que integran la Red TDT, este episodio también provocó la organización de su primera caravana, aunque Contec tiene alrededor de 25 años visitando la comunidad por temas de asesoría legal relacionada a su territorio.

Pocos días después de la última visita del año en 2023, el 11 de diciembre hombres armados se presentaron a un convivio en Amador, una comunidad a medio camino entre Baborigame y Santa Tulita. Fueron a buscar a dos jóvenes que identificaban como del grupo contrario y los ejecutaron ahí mismo cuando se negaron a unirse a ellos. En los días siguientes, alrededor de 100 personas de Portezuelo, Amador y Santa Tulita huyeron hacia Baborigame.

Algunas personas regresaron a su comunidad, sobre todo de Santa Tulita con resguardo de las autoridades, pero otras se han dispersado en otros poblados y rancherías donde tienes familiares o personas conocidas y siguen sin regresar a sus hogares.

Desde entonces Contec también acompaña al menos cuatro denuncias por desplazamiento forzado interno que suman a más de 80 personas de Portezuelo y Amador, localidades cercanas a Santa Tulita. Algunas personas pudieron escabullirse para sembrar sus tierras en junio, cuando ven que las cosas están un poco más tranquilas, pero no todas han podido regresar a cosechar.

En Santa Tulita, estos enfrentamientos también causaron un ambiente tenso y varios episodios de desplazamiento temporales. Sus pobladores escuchaban balaceras cercanas y veían vehículos pasar junto a sus hogares por las noches. La situación llevó a la suspensión de sus actividades escolares y las visitas de los servicios básicos como la salud o las camionetas de Diconsa. En enero, de acuerdo con testimonios de los habitantes, la brigada médica ya tenía ocho meses sin ir.

La comunidad de Santa Tulita interpuso un amparo para exigir al Estado restituir las brigadas médicas, las clases y el tránsito de víveres. La suspensión fue otorgada el 22 de marzo de 2024 y en mayo el ejército se instaló en la comunidad por tres semanas. A partir de ese entonces regresó la brigada médica y una maestra, aunque ya habían perdido el año escolar. El ejército se fue, pero todavía hacen rondines de vez en cuando.

Pero el 13 de noviembre de este año, con la presencia de las autoridades, las oeneges y la Guardia Nacional, la situación parece tranquila. La gente se forma bajo el enramado de pino en el centro de la comunidad. Se anotan como beneficiarios de una ayuda social y reciben un costal de maíz o de frijol. También se presentan ante el Registro Civil para afirmar la existencia de niños, niñas y personas adultas ante el Estado.

En Santa Tulita sí llovió este año, aunque no lo suficiente. El ciclo agrícola anterior, debido a la violencia, muchas familias ni siquiera sembraron. “Llovió muy poco, se pasó muy temprano el agua y el maíz no se amacizó”, dice un padre de familia.

A unos 20 metros, las brigadas médicas del gobierno del estado y del federal atienden a la población. Les piden su cartilla de vacunación, toman su estatura y les preguntan por sus dolencias.

–¿Es diabético? ¿hipertenso? ¿borracho? ¿fumador? ¿el tesgüino sí le gusta? –bromea la médica, mientras le mide la presión, el ritmo cardíaco y la oxigenación a un hombre de mediana edad.

–A ver, platíqueme de qué anda malito Pedro –le dice la enfermera a una señora con su niño–. ¿Desde cuándo le sale sangre de la nariz?

A Manuel, de 46 años, le duele la cabeza y la garganta. Es de una ranchería vecina pero se acercó a Santa Tulita para que lo atendieran, porque a la suya ya no ha llegado la brigada. Este año sembró maíz y frijol, como cada año, y sí tuvo cosecha, pero le preocupa que el aguaje del que depende su familia se vaya a secar.

“Tenemos aguaje, pero se está acabando. Ya no va a haber dónde. Cuando se acabe se va a agüitar uno”, me dice.

La caravana médica federal tiene registradas 8 personas con desnutrición leve o moderada en la sede de Santa Tulita. En esta visita registran que dos personas salieron de esa condición, pero también encuentran a una niña de tres años con desnutrición moderada y convulsiones. Más tarde ese día, la niña fue trasladada a Baborigame y luego a Guadalupe y Calvo, donde murió al día siguiente.

“Aquí y en Puerto de Ánimas es donde está lo peor”, me dice la médica de la caravana mientras atiende a una mujer ódami con su niña en Santa Tulita. En ese momento había alrededor 21 casos de desnutrición registrados entre las once sedes que tenían que atender. Esto quiere decir que casi el 40 por ciento de los casos en ese momento se concentraban en Santa Tulita y sus rancherías.

En uno de los salones de la escuela primaria, el nutriólogo Ernesto realiza el ejercicio de medición de peso y talla. Llegan niños y niñas ódami para que les regalen una manzana, pero salen a buscar a sus madres porque no saben su edad exacta y este dato es fundamental para el registro del ejercicio.

En la entrevista telefónica realizada después de la visita, Ernesto me dice que la muestra de Santa Tulita consistió en las medidas de 46 niños y niñas y que encontró un retardo en el crecimiento de al menos el 21 por ciento.

Esta prevalencia de la desnutrición crónica no se tiene en las áreas rurales del país desde hace veinte años, asegura. Aún así, no fue una prevalencia tan grande como la que encontró en Cinco Llagas.

“Tendríamos que ver cómo impacta el desplazamiento forzado –agrega–. Si van y siembran su parcela y después ya no pueden regresar a cosechar, eso puede impactar en su alimentación”.

En una entrevista aparte, realizada en la ciudad de Chihuahua al regresar de Guadalupe y Calvo, la preocupación de Diana resuena con la de Ernesto.

“Lo que platicábamos era cómo le afecta a los niños el no tener suficiente disposición de alimentos, pero también el estrés de vivir en una situación en donde estás con el miedo, que ves a tu familia con el temor de que puede pasar algo, de que te tienes que salir de la casa. Se rompe todo. El impacto de la violencia en los niños es muy preocupante. ¿Cómo se recupera eso? A veces no se recupera”, dice.

La alimentación en Santa Tulita depende en gran parte de la agricultura y, por lo tanto, de la lluvia. La sequía que vive el estado les afecta directamente. La presencia del ejército en mayo permitió a las camionetas de Diconsa llegar a la comunidad y en septiembre instalaron la tienda física, pero al ser la única a su alrededor y sin la posibilidad de reabastecerla regularmente, el surtido resulta insuficiente y se termina muy pronto.

Los hombres temen salir de la comunidad porque pueden ser reconocidos como habitantes de un territorio perteneciente al grupo contrario. Por esta razón no van a Baborigame, la cabecera seccional y el poblado grande más cercano. En febrero desapareció una persona, Carmelo, y no han vuelto a saber de él. La frontera entre un grupo y otro permanece, aunque la gente no tenga nada que ver con ellos.

En el centro de la comunidad, la caravana del ayuntamiento desinfla el brincolín y emprende el regreso a Baborigame, donde pasará la noche antes de ir a Cinco Llagas al día siguiente. En Santa Tulita se quedan las oeneges. Ya sin las autoridades, la gente se reúne otra vez.

–Si llegamos a enfermar no hay cómo curarnos –dice un hombre.

–Con la comida también batallamos –responde una mujer.

Al caer la noche, los fuelles de un acordeón resuenan desde una bocina conectada a un celular, llega una cubeta tras otra de nabaiti –una bebida embriagante de maíz fermentado– y hombres y mujeres se forman bailan matachín en dos filas frente a una fogata. Danzan, beben y ríen bajo las estrellas.

La noche parece tranquila en Santa Tulita