🔊 Escuchar la nota

 

• Despacho contratado en 2022 para un litigio ahora administra más de 250 hectáreas sin aval de asamblea

 

• Vínculos con exmandos policiacos y antecedentes por extorsión rodean a abogados que mantienen el control del ejido

 

Redacción / CAMBIO 22

Leona Vicario, Q. Roo. a 4 de Agosto 2025 – Desde hace más de dos años, un conflicto agrario mantiene en tensión al ejido de Leona Vicario, detrás de la disputa legal se encuentran los abogados Arturo Boix Castillo (alias El Pájaro) y Pablo Canseco Benítez, integrantes del denominado Grupo Barca, firma que fue contratada en 2022 para un juicio de invalidación de un acta de asamblea de 2016.

Arturo Boix Castillo (alias El Pájaro)

Lo que inició como un encargo jurídico puntual derivó en un control progresivo del ejido.

Fuentes internas documentan que, en menos de tres años, Boix y su equipo han administrado de facto más de 250 hectáreas de tierras de uso común sin aprobación formal de la asamblea, situación que varios comuneros consideran un acto grave de ilegalidad.

La cuota pactada inicialmente ascendía a 120 mil pesos mensuales, cifra que a la fecha supera los 3 millones de pesos, sin que exista resolución favorable en el juicio original.

Especialistas consultados señalan que procesos de este tipo pueden costar una fracción de lo pagado, pero el contrato suscrito otorgó al despacho amplias facultades que ahora se extienden más allá del litigio.

De acuerdo con testimonios, Boix Castillo ha utilizado una estrategia que combina presión jurídica, intimidación política y aprovechamiento de vacíos internos, afirma tener “puertas abiertas” en instancias estatales y municipales, y ha advertido en repetidas ocasiones que cuenta con contactos en la Fiscalía General del Estado.

Foto ilustrativa.

Su socio, Pablo Canseco Benítez, funge como operador directo, es el encargado de trámites, gestiones y seguimiento a casos particulares dentro del ejido.

Pablo Canseco Benítez

Comuneros lo describen como la “mano ejecutora” que acompaña el avance del despacho y sostiene el control operativo del territorio.

Documentos revisados muestran que, además del litigio inicial, el despacho ha intervenido en cesiones, transferencias y decisiones administrativas que no le corresponden. Estas acciones habrían permitido a Boix y Canseco ampliar su permanencia y reforzar su influencia en la toma de decisiones internas.

El proceso de cambio de directiva ejidal, programado para la primera semana de noviembre, juega un papel crucial en el escenario actual.

La mesa directiva en funciones ya se encuentra prácticamente inhabilitada por el proceso de entrega-recepción y carece de margen legal para rescindir contratos o frenar las gestiones del Grupo Barca, lo que en los hechos otorga a Boix más tiempo para operar.

Este contexto, sumado a la orden del día de las asambleas recientes, evidencia que los asuntos prioritarios del ejido se centran en regular cesiones, otorgar contratos de usufructo y atender conflictos internos, dejando fuera cualquier intento de abordar el tema de la permanencia del despacho jurídico.

En paralelo, Boix Castillo ha sido vinculado con Mario Apolonio Castillo Morales (alias Nalga Chula), un exmando policiaco con antecedentes en cobro de piso y extorsión.

Mario Apolonio Castillo Morales (alias Nalga Chula)

Este vínculo ha sido señalado por comuneros como un factor de presión hacia quienes se oponen a las acciones del despacho.

Este tipo de maniobras no son nuevas para Boix, registros judiciales y hemerográficos muestran que en 2012 fue detenido en Cancún junto con Franntz Johann Ancira actual Director General de SIRESOL en Benito Juárez  y Alan Giovanny Torreblanca por presunta extorsión a un empresario local.

Aunque el caso no prosperó hasta sentencia firme, quedó asentado su modus operandi de presión económica y jurídica, un patrón que los comuneros aseguran ahora se replica en Leona Vicario.

Los mecanismos empleados en el pasado y en el presente muestran similitudes:

identificación de conflictos internos, ofrecimiento de “soluciones legales” y eventual apropiación de recursos o activos, en el caso del ejido, señalan que la estrategia ha derivado en control de tierra y recursos financieros.

Las estimaciones internas apuntan a que, además de las cuotas mensuales, Boix y su equipo se han beneficiado de operaciones de tierra que incrementan su patrimonio dentro de la comunidad.

A la fecha, no existe un registro oficial del total de hectáreas que el despacho administra, pero se calcula que supera las 250 hectáreas.

El ambiente en el ejido es de inconformidad creciente, algunos comuneros han manifestado su intención de promover una asamblea extraordinaria para exigir que el despacho rinda cuentas, sin embargo, la cercanía del relevo formal limita las posibilidades de acción inmediata.

La comunidad espera que la nueva directiva, que será electa en noviembre, pueda evaluar el contrato y revisar las actuaciones del despacho, no obstante, algunos temen que Boix logre asegurar su permanencia mediante acuerdos internos que se definan antes de la entrega.

La historia de Leona Vicario es, hasta ahora, un caso abierto donde la combinación de poder legal, vacíos institucionales, corrupción y presión política mantiene a una comunidad entera bajo la sombra de un conflicto sin resolución.

Continuará….

 

La información aquí expuesta se sustenta en entrevistas realizadas a ejidatarios de Leona Vicario —entre ellos José “R”, Enrique “H” e Irma “P”—, así como en documentación oficial, con fines de denuncia pública. CAMBIO 22 presenta estos datos como parte de su labor informativa, dejando en claro que las afirmaciones vertidas corresponden a la voz de los comuneros y no constituyen declaración judicial.

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22