Confirman Despidos por Motivos Políticos en el Ayuntamiento de OPB en la Recta Final del Proceso Electoral

• Removieron al coordinador de Protección Civil y a la Coordinadora de Alcaldías a finales de abril, por presunta pérdida de confianza.

• Nueva muestra de la falsedad del efímero encargado del despacho de la presidencia municipal, Héctor Pérez Rivero, que atenta contra los derechos ciudadanos.

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 28 de mayo. – En el ayuntamiento de Othón P. Blanco, la política de despidos parece estar teñida de motivaciones electorales más que de méritos o desempeño.

Recientemente, se ha evidenciado una perturbadora tendencia en la que funcionarios municipales han sido despedidos bajo la excusa de “pérdida de confianza”, cuando en realidad, parecen ser represalias por no apoyar la reelección de la actual alcaldesa, Yensunni Martínez Hernández.

Este comportamiento socava los principios de una administración pública neutral y pone en entredicho la integridad del Ayuntamiento.

Entre los afectados por estas medidas se encuentran Pedro Santos Chuc, coordinador municipal de Protección Civil, y Adriana Guadalupe Martínez Ku, coordinadora de Alcaldías.

Ambos fueron instados a renunciar en un comunicado firmado por la síndico municipal, Alejandra del Ángel Carmona. El documento cita la “pérdida de confianza” como justificación para su despido, una razón que carece de la fundamentación legal adecuada para una terminación laboral válida y que más bien sugiere una venganza política encubierta.

La situación escaló cuando, tras negarse a aceptar la renuncia forzada, tanto Santos Chuc como Martínez Ku enfrentaron intimidaciones directas del encargado del despacho de la presidencia municipal, Héctor Pérez Rivero.

Según informes, Pérez Rivero les advirtió personalmente que se encargaría de que no encontraran trabajo en ningún otro lugar si se negaban a firmar sus renuncias.

Esta actitud autoritaria es un abuso de poder y una clara violación de los derechos laborales y civiles de los individuos.

La reacción a estos despidos ha sido de indignación generalizada, tanto dentro del ayuntamiento como en la comunidad.

Este hecho podría tratarse de un reflejo alarmante de cómo se puede manipular el poder municipal para fines políticos personales, en detrimento del servicio público y del respeto a la diversidad de opiniones.

La falta de libertad de expresión y la intolerancia hacia la disidencia son señales de un deterioro democrático que no debe tener lugar en ninguna administración pública.

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