Confirma la PPA Graves Delitos Ambientales por Relleno en el Estero de Chac; el Caso ya Está en Manos de la Profepa

Redacción CAMBIO 22

CHETUMAL, 23 de julio. La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo confirmó la comisión de diversos delitos ambientales en el Estero de Chac, tras documentar el relleno ilegal de cuerpos de agua y el presunto desmonte de palma de chit, especie considerada protegida por la legislación ambiental.

El titular de la dependencia, Alonso Lemmen Meyer, informó que se levantó un acta circunstanciada que detalla las irregularidades detectadas en la zona, misma que ya fue turnada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al tratarse de hechos que corresponden al ámbito federal.

Durante las investigaciones se recabaron evidencias que apuntan a la participación de miembros de agrupaciones ejidales del sur de Quintana Roo.

De acuerdo con testimonios de ejidatarios del poblado Juan Sarabia, el ex comisariado ejidal Ernesto Haro Gutiérrez habría realizado personalmente maniobras de relleno utilizando un camión tipo volquete de su propiedad.

Según denunciaron comuneros, aunque el predio intervenido es terreno nacional, Haro Gutiérrez lo documentó de forma irregular a nombre de su esposa durante su gestión como comisariado. Más recientemente, en complicidad con el actual representante ejidal, Lauro Cantú, el terreno habría sido transferido a nombre de Francisco Cota Marcial, presunto prestanombres, con el fin de eludir responsabilidades legales.

Especialistas en materia ambiental advierten que las alteraciones provocadas —como el relleno de humedales, la remoción de manglar y el bloqueo del desagüe natural que conecta la Laguna de Bacalar con el Río Hondo— podrían aumentar significativamente el riesgo de inundaciones en zonas aledañas.

La gravedad de los hechos motivó incluso la visita de la gobernadora Mara Lezama, quien instruyó que se investigue a fondo y se apliquen sanciones ejemplares a los responsables.

Los ejidatarios de Juan Sarabia han exigido que la Profepa actúe con firmeza y lleve el caso hasta las últimas consecuencias.

El caso continúa en proceso y podría marcar un precedente en la lucha contra la impunidad ambiental en el sur de Quintana Roo.

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