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• El alcalde de José María Morelos la recibió del Sindicato de José María Morelos, en asamblea a puerta cerrada

 

• Se pasó encima de la prelación por ley que tienen los operadores con antigüedad y la placa se otorgó a alguien que ya es concesionario del servicio de grúas 

 

• El acto confirma que el gobierno de la 4T continúa la entrega de concesiones de manera oculta en arreglos con las dirigencias sindicales, sin cumplir con pasarlas por la aprobación del Congreso del Estado 

 

• Inclusive, hay denuncias pública de la entrega de concesiones con firmas de Roberto Borge, para burlar la Ley de Movilidad

 

Francisco Hernández /CAMBIO 22

CHETUMAL, 14 de enero.-  El Sindicato de Taxistas de José María Morelos entregó al alcalde Erik Borges Yam el documento que lo convierte en concesionario del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de taxi, en un acto que viola abiertamente la ley y al mismo tiempo expone lo que ha sido un secreto a voces: que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ha entregado concesiones durante la administración de la gobernadora Mara Lezama de manera soterrada, sin presentarlas a autorización del Congreso del Estado, pasando por encima de la Constitución y la Ley de Movilidad.

La concesión de taxi le fue entregada a Borges Yam precisamente en una asamblea del sindicato ruletero de José María Morelos, que se realizó a puerta cerrada el domingo 11 de enero, y el acto debía mantenerse en secreto entre los concesionarios.

Sin embargo, información extraoficial dice que un comunicador pensó quedar bien con el alcalde dando a conocer como un logro su conversión en socio taxista, así que publicó la foto del momento en que recibe su documento de manos del secretario general Martín Suárez Yah, lo que le causó una severa reprimenda del político, porque sacó a la luz algo que sólo debía saberse entre socios.

Aunque la foto fue bajada, la imagen testimonial había sido captada por ciudadanos morelenses que indignados la difundieron para denunciar lo que consideran un abuso del presidente municipal.

Ante la revelación de lo que debía ser un secreto, la dirigencia sindical se ha dedicado a difundir que la concesión entregada a Erik Borges Yam no es nueva, sino que se trata de una de las alrededor de 20 que estaban a nombre del sindicato y que fueron reasignadas.

Sin embargo, la dirigencia del sindicato taxista no precisa cuántas de esas concesiones del gremio decidió entregar a particulares, ni la razón por la cual no tuvieron privilegio los operadores con antigüedad de años en espera de una concesión y que deben tener inscritos en el registro estatal del Imoveqroo.

El hecho provocó críticas por la entrega de un beneficio público a un político y empresario millonario en lugar de a uno de los pobres que supuestamente van primero para los gobiernos de la 4T, pero la entrega de la concesión a Borges Yam también es una violación de la legislación estatal en materia de movilidad cometida por el propio Imoveqroo, encabezado por Rafael Hernández Kotasek, y una confirmación de que sigue la discrecionalidad y la oscuridad en la asignación de placas de taxis a cambio de favores políticos.

Primero porque el sindicato dice que se trata de una concesión previa que fue reasignada, y claramente el artículo 107 Ter de la Ley de Movilidad del Estado establece que debió ser aprobada por el Congreso del Estado.

“La Legislatura deberá aprobar la reasignación de las concesiones, previa remisión por parte del Poder Ejecutivo del Estado”, dice el artículo adicionado precisamente durante la actual administración, pero que en el caso de Borges Yam fue un trámite incumplido por el Imoveqroo.

Además, el artículo 107 Bis dice que en la entrega de nuevas concesiones “o las disponibles en el Instituto”, los operadores inscritos en el Registro Estatal de Operadores de Taxi “tendrán derecho de preferencia para ser titulares de las concesiones del servicio público de transporte de pasajeros en su clasificación de automóviles de alquiler, en la modalidad de ruletero, respetando en todo momento la antigüedad de los operadores en el municipio de que se trate”.

Tal regla nuevamente no se cumplió en el gobierno de la Cuarta Transformación con la entrega de la concesión de Borges Yam, que además es concesionario del servicio de grúas en Playa del Carmen y Tulum, por lo cual no tiene una necesidad primaria mayor de obtenerla que los operadores con años de espera en la cola.

La concesión entregada confirma que el gobierno del estado ha entregado concesiones de taxis en diversos municipios del estado, sean nuevas o reasignadas, mediante acuerdos turbios con los sindicatos de taxistas a cambio de servicios político-electorales, sin que se cumplan los pasos establecidos en la ley y de manera oculta, pues ninguna entrega fue presentada al Congreso del Estado para obtener su previo aval.

Así sucedió con 30 placas de taxis entregadas el 12 de diciembre del 2024 en Chetumal a operadores que en su mayoría son allegados del secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA), Julio César “Durazo” Castilla Zapata, además de la placa que ha rifado cada año en la posada del gremio.

De igual forma, particulares han mencionado que durante el año pasado fueron entregadas placas de taxis también en los municipios del norte del estado, sin que fueran hechas públicas ni turnadas al Congreso del Estado.

La obligación de pasar todas las concesiones que otorga el Poder Ejecutivo por la aprobación de la Legislatura está establecida en la fracción XXVII del artículo 75 de la Constitución del Estado y la Ley de Movilidad es reglamentaria de esa facultad en materia de concesiones para la prestación del servicio público y privado de transporte en sus diversas modalidades, según su artículo 3.

Como ya se explicó, la aprobación del Congreso no sólo aplica en el caso de concesiones nuevas, sino también en la reasignación de placas de taxis previamente emitidas, por lo que si las entregadas a lo largo de la presente administración no son nuevas, también han violado la Constitución y la ley con su otorgamiento de manera soterrada.

Si fueran nuevas, además se violó la ley al no haber emitido previamente la declaratoria de sostenibilidad y ordenamiento vial para cada municipio correspondiente, ni la convocatoria pública para la recepción de peticiones, y, finalmente, tampoco se cumplió con la obligación de publicar las concesiones expedidas en el Periódico Oficial del Estado, como dice el artículo 99 de la Ley de Movilidad.

Si esto fuera poco, apenas el pasado 7 de octubre de 2025, durante la comparecencia del titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, un ciudadano denunció públicamente en los comentarios de la transmisión en redes sociales que el organismo estaba manipulando padrones para introducir concesiones emitidas supuestamente en septiembre del 2016 por el entonces gobernador Roberto Borge Angulo antes de finalizar su gobierno.

El ciudadano identificado como Iván López expuso que esta treta, que buscaría burlar los requisitos de la Ley de Movilidad porque ésta fue emitida en el 2018, implicaban un número de 300 concesiones.

Según esta denuncia, los documentos se imprimían en la Delegación de Tulum, dirigida por Enrique Pérez, y mientras unas fuentes extraoficiales dicen que resultó de que en archivos el gobierno “se encontró” formatos de concesiones firmados efectivamente por el exgobernador, pero sin nombre, otros apuntan a que hay falsificación o uso de un sello con su rúbrica.

Mientras esto ocurre, el Imoveqroo tampoco tiene publicadas las listas de concesiones de transporte entregadas o reasignadas, por lo que oficialmente no ha entregado ninguna, a pesar de que en enero del 2026 fue de conocimiento general la entrega de 400 concesiones de carritos de gol en Tulum a cuatro empresas sin experiencia previa en el ramo.

En la información que publica por obligación de transparencia no aparece ninguna concesión otorgada, ni siquiera la de los carritos de golf, a pesar de que esta entrega sí pasó por la autorización del Congreso del Estado, como marca la ley, y fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, lo que no ocurre con las concesiones del servicio de taxis.

Toda esta turbiedad impera en la entrega de placas de taxis discrecional y políticamente motivada que continúa en Quintana Roo, a pesar de que la Ley de Movilidad supuestamente la debía eliminar, por decisiones del gobierno de la 4T como la que tiene como beneficiario al alcalde de José María Morelos, Erik Borges Yam, que sólo es la punta de un gran iceberg de colusión entre políticos y sindicatos de taxistas.

 

 

 

franciscohcambio22@gmail.com

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