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• En Quintana Roo se han transferido más de 12 mil hectáreas de propiedad social en siete municipios

 

 

• Investigaciones revelan patrón de acaparamiento que involucra a 29 grandes poseedores en el sureste mexicano

 

 

Redacción CAMBIO 22

Quintana Roo, 16 de agosto de 2025. –Documentos de trabajo atribuidos al Registro Agrario Nacional (RAN) y consultados por el Diario CAMBIO 22 revelan que en diversas zonas del sureste mexicano, un reducido grupo de particulares concentra extensas superficies de propiedad social.

Estas cifras, que forman parte de un patrón detectado también a nivel nacional, muestran la magnitud de la acumulación de tierras en estados como Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

De acuerdo con la información revisada, uno de los casos destacados por volumen de superficie es el de Arturo Boix Castillo, registrado con una tenencia de 150.292 hectáreas y la titularidad de una parcela en Quintana Roo.

Si bien el número de parcelas pudiera parecer reducido frente a otros casos, la extensión de tierra señalada resulta significativa, sobre todo al ubicarse en una región de alto valor por su potencial inmobiliario, turístico y logístico.

El informe, que clasifica a 29 grandes poseedores en la región, detalla que Quintana Roo encabeza la lista de estados más afectados, con 12,817 hectáreas expropiadas en 14 ejidos de siete municipios.

Yucatán aparece en segundo lugar con 11,785 hectáreas y 38 núcleos agrarios involucrados en 12 municipios; mientras que Campeche, aunque con menor extensión, registra 641 hectáreas afectadas en tres ejidos.

Las zonas de mayor interés para este tipo de operaciones incluyen municipios como Lázaro Cárdenas (Holbox, Chiquilá), Benito Juárez (Alfredo V. Bonfil), Puerto Morelos (Leona Vicario y cabecera municipal), Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, el común denominador es su ubicación estratégica frente a desarrollos turísticos y logísticos, así como su cercanía a infraestructuras como el Tren Maya.

En el ámbito nacional, una investigación difundida por medios como La Jornada reportó que apenas 36 personas concentran más de 39 mil hectáreas de ejidos en zonas de alto valor económico y ambiental, esto coincide con el patrón detectado en el sureste, donde los registros indican que la acumulación de tierras no es un hecho aislado, sino parte de un esquema repetitivo que favorece la transferencia de propiedad social hacia fines privados.

➤ https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/03/16/politica/en-manos-de-solo-36-personas-40-mil-hectareas-de-ejidos

En el caso específico de Quintana Roo, los registros consultados indican que, además de las operaciones individuales de Boix Castillo, existen decenas de transacciones que involucran tanto parcelas como solares, en algunos casos superando las 5 mil unidades en manos de un solo titular, en total, el listado documenta superficies que van desde las 82 hectáreas hasta más de 4,500 en casos particulares, abarcando desde una sola parcela hasta miles de solares urbanos.

El diario CAMBIO 22 ha documentado previamente cómo, tras la detención y proceso judicial contra Mario A.,C.,M., alias “Nalga Chula”, han salido a la luz nuevos testimonios y documentos relacionados con la dinámica interna de diversas operaciones en el sector agrario.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo obtuvo la vinculación a proceso para Mario Apolonio “N”, señalado por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un empresario del sector transporte que opera en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

En reportajes anteriores se expuso que, según versiones de ejidatarios de Leona Vicario y fuentes cercanas, Boix y sus operadores han implementado tácticas de manipulación, amedrentamiento y presunta extorsión que han afectado a numerosos propietarios pertenecientes al mismo ejido, aprovechando vacíos legales y debilidades en la vigilancia institucional.

“Estos métodos, denunciados públicamente, han generado un clima de presión que obstaculiza la defensa de derechos agrarios.”

Ante la magnitud del fenómeno, especialistas y actores sociales consultados sostienen que las autoridades agrarias y estatales deben sumar esfuerzos para cerrar puertas a estas prácticas, reforzar los mecanismos de control y aplicar medidas estrictas contra quienes operen en perjuicio de las comunidades rurales, especialmente en zonas de alto valor estratégico y ambiental.

La información disponible no sólo proviene de expedientes administrativos, sino también de observaciones de campo y reportes de asambleas, en los que se consigna la presencia recurrente de un grupo de asesores que, de manera directa o indirecta, han intervenido en procesos de cambio de dominio y disposición de tierras.

En varios casos, la superficie involucrada supera con creces el promedio de tenencia individual permitido en otros contextos agrarios.

Fuentes consultadas para este reportaje subrayan que la situación del sureste mexicano forma parte de un fenómeno más amplio, donde la propiedad social ha transitado hacia usos privados en contextos de alta presión inmobiliaria. La combinación de inversiones turísticas, proyectos de infraestructura y demanda habitacional ha incrementado exponencialmente el valor de los terrenos, generando incentivos para su adquisición masiva.

En el plano jurídico, expertos consultados advierten que si bien el marco normativo permite la adopción del dominio pleno y la venta de parcelas ejidales, el principio rector sigue siendo la protección de la tierra social y el beneficio colectivo de los ejidatarios, el riesgo, señalan, radica en que estos procesos sean aprovechados para concentrar grandes extensiones en manos de unos cuantos, desplazando a las comunidades originales.

El caso de Arturo Boix Castillo, por la magnitud de hectáreas señalada en registros y su ubicación estratégica en Quintana Roo, ejemplifica la necesidad de revisar con mayor rigor los mecanismos de adquisición, cesión y aprovechamiento de tierras de origen ejidal.

Este medio continuará solicitando versiones oficiales y documentadas tanto a las autoridades agrarias como al propio Boix Castillo para contrastar la información aquí expuesta.

 

En próximas entregas se dará seguimiento a otros casos de concentración de tierras en la región, así como al impacto social y ambiental de estas operaciones.

 

Continuará….

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

GCH