mayo 29, 2024 13:00

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

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  • La intención es imponer la voluntad de una minoría de incondicionales para ejercer el control constitucional de leyes en todo el país. Sería el más artero ataque desde que se estableció un auténtico sistema de justicia constitucional en 1994.

 

Redacción/ CAMBIO 22

La obsesión por destruir la autonomía del Máximo Tribunal del país tiene varios propósitos, uno evidente es dictar agenda para tratar de difuminar los escandalosos indicios de complicidad del gobierno con el narcotráfico. En este contexto vamos a una elección presidencial de elevadísimos riesgos en que los más poderosos grupos criminales harán valer su imperio.

Es notorio que los carteles que se reparten el territorio nacional se sienten realmente cómodos en este sexenio, con ese dejar hacer y dejar pasar respecto a la inseguridad que propicia el régimen. La participación activa de la delincuencia organizada en el proceso electoral involucra a las estructuras gubernamentales, algunos aspirantes a cargos de elección e incluso al ejército. Los principales focos rojos son Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Chiapas y amplias zonas del Estado de México con una densidad electoral significativa a nivel nacional. Una verdadera emergencia de seguridad como lo deja ver el reporte “Índice Global del Crimen Organizado” del grupo financiero Citi Banamex que anticipa altos riesgos de violencia política para intimidar, inhibir o eliminar a quienes amenacen los intereses de los más violentos grupos delincuenciales, lo que compromete el ejercicio libre y pacífico del voto ciudadano.

El dinero sucio estará presente en las campañas de muchos candidatos que serán palomeados o incluso promovidos por narcotraficantes en los territorios que dominan con la premisa del plomo.

En este sentido Andrés Manuel López Obrador no ha desmentido los señalamientos de complicidad, se limita a victimizarse y descalificar a quienes abordan el tema como el periodista Tim Golden (doble ganador del Premio Pulitzer) cuya investigación refiere el financiamiento recibido por el tabasqueño por parte del cartel de Sinaloa en su campaña durante 2006.

Ojalá que la intención de destruir a la Suprema Corte de Justicia fuera sólo un distractor, eso nos daría la tranquilidad de una escaramuza que no tendría mayores consecuencias, desafortunadamente no es así.

La más reciente iniciativa de Morena con proyecto de dictamen en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para evitar que la Corte anule leyes inconstitucionales es un atropello dictatorial que intenta distorsionar la naturaleza del artículo 105 constitucional.

Parte de lo que más ha dolido al obradorato es la capacidad en la era de Norma Piña para anular leyes y procedimientos legislativos que vulneran la Constitución, para muestra basta referirnos al llamado viernes negro de aquel 28 de abril de 2023 cuando se aprobaron al vapor 20 iniciativas sin el debido análisis o debate que exige un coherente procedimiento legislativo, con el pretexto de la “urgente y obvia resolución” para “mayoritear” el paquete con evidentes irregularidades procesales. Sólo el Tribunal Constitucional fue capaz de anular semejantes barbaridades.

Es justamente ahí donde el Ejecutivo quiere detonar su vocación destructiva para evitar que se fijen límites a sus abusos. Ahora la intención es imponer la voluntad de una minoría de 4 incondicionales para que ejerzan el control constitucional de leyes en todo el país. Sería el más artero ataque desde que se estableció un auténtico sistema de justicia constitucional en 1994.

Quieren alterar los efectos de las sentencias de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales porque según los promotores de la iniciativa, se violenta el sistema de competencias al ser el Poder Judicial el único que puede anular leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas sin cambiarle una coma en el Legislativo.

En esa atribución se concentra el mecanismo que empodera la defensa de los ciudadanos frente a leyes que afectan sus garantías.

¿En qué consiste la maniobra? Si al analizar y votar una controversia constitucional no se lograra una mayoría calificada de 8 votos contra una norma, podría declararse la validez de esa ley impugnada con el efecto aberrante de la improcedencia de cualquier recurso contra dicho ordenamiento. En el caso de acciones de inconstitucionalidad con sólo 4 votos de los 11 ministros se declararía la validez de la ley y tampoco procedería juicio en contra de esa legislación.

Es decir, sería una minoría para que 4 tengan la capacidad de ejercer el control constitucional en todo el país, sobreseyendo amparos como lo determina el segundo transitorio del entuerto impulsado por AMLO para quitarse de encima al Tribunal que todavía no logra controlar. En la actualidad el tabasqueño ya tiene 3 votos incondicionales con Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres; el cuarto llegaría sólo si Claudia Sheinbaum logra el triunfo electoral, a ella le tocaría enviar la terna que cubra la vacante del ministro Luis María Aguilar que concluye su periodo el 30 de noviembre de este año.

La intención está claramente descrita en el segundo transitorio de la cuestionada iniciativa: “Los juicios o recursos de amparo que se encuentren en trámite en los que se reclamen actos o normas generales, que previamente hayan sido impugnados en acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resueltos por menos de 8 votos, en todo caso serán sobreseídos”.

¡Así pretenden vulnerar la facultad de contrapeso que tiene el Alto Tribunal desde hace 30 años!

Lo curioso es que en la actualidad la propia Corte tiene la posibilidad de anular una ley aprobada en estos términos, sin embargo, sería difícil lograrlo antes de que llegue otra toga 4T al pleno de ministros.

Todos los caminos para la supervivencia de un Poder Judicial autónomo pasan por la elección que renovará el Congreso de la Unión, ahí se jugará la última carta por nuestra democracia para evitar el abismo de una regresión sobre las instituciones de impartición de justicia.

Ojalá toda esta operación sólo fuera un telón de apariencias para mitigar la narrativa que denuncia un narcogobierno. El ataque a la Corte es de alto impacto e igualmente inquietante.

EDICTOS

Grotesca esa es la característica más adecuada para describir el desempeño de Lenia Batres en un sitial que le queda gigantesco. Llegó para patear a una institución en la que no cree, es como una novicia que niega la existencia de Dios, pero acepta el hábito para alabar al demonio.

Tras la sesión del martes Batres Guadarrama emitió una “tarjeta informativa” donde dijo que lo resuelto para invalidar una porción del art. 256 del Código Penal de la capital “limitará el alcance del combate a la corrupción”. Esto a pesar de que durante el desarrollo de la discusión quedó claro que la decisión mayoritaria no elimina los delitos asociados a corrupción que seguirán siendo perseguidos y sancionados.

Desde la institución y no recuerdo caso similar en el pasado, se emitió un texto aclaratorio para corregir el infundio: “La Corte no desapareció ni invalidó ninguno de los delitos que prevé el Código Penal de la Ciudad de México y que sancionan actos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares”. Como ha sido recurrente, es probable que la única que no entiende los efectos de lo que se vota en el pleno es la hermana del Jefe de Gobierno de la capital.  

 

Fuente: LA LISTA

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