Compró 571 Vehículos el Poder Judicial de la Federación en Opaca Operación, Dice que para Generar Ahorros

• No fueron solo 9 camionetas blindadas para ministros y ministras, sino un total de 571 los vehículos comprados, con costo total de 252 millones de pesos.

• El Órgano de Administración Judicial dice que se ahorra más de 1 mil millones de pesos en arrendamientos de vehículos por tres años.

• Fue por adjudicación directa a empresa sin registro oficial como proveedora, sin evidencia pública de justificaciones técnicas para la decisión y la omisión de licitación.

Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero.- No fueron sólo 9 camionetas blindadas de lujo para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino 571 el total de los vehículos comprados por el Poder Judicial de la Federación a finales del 2025, en una operación por adjudicación directa y sin evidencia pública de un análisis técnico del parque vehicular, un estudio de mercado o una justificación financiera que respalde la decisión.

En esta operación se invirtieron 252 millones de pesos, pero a pesar de eso el Órgano de Administración Judicial (OAJ) asegura que se tendrán ahorros por más de 1 mil millones de pesos que se habrían gastado en tres años de haberse mantenido el esquema de arrendamiento de unidades.

Sin embargo, no existe evidencia pública de un análisis técnico del parque vehicular, un estudio de mercado o una justificación financiera que respalde la decisión, además de que la adquisición se realizó mediante adjudicación directa.

De acuerdo con información interna, la empresa presuntamente beneficiada es Jet Van, de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, que no aparece en los registros oficiales del gobierno federal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento, además de que la empresa anteriormente había sido inhabilitada temporalmente por la Contraloría federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por incumplimiento de contratos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció por irregularidades fiscales.

En un comunicado, el OAJ dice que, desde la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, una de las prioridades ha sido la reducción del gasto público y el uso más eficiente de los recursos, por lo que ha adoptado medidas de racionalización del gasto, incluyendo homologaciones salariales y la eliminación de prestaciones injustificadas y no relacionadas con la labor institucional para los niveles superiores.

Afirma que en ese marco se inscribe la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación que presentaba fallas recurrentes, orientada supuestamente con criterios técnicos, de seguridad, financieros y operativos.

Explicó que entre 2022 y 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la SCJN operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 automóviles.

Agrega que mantener el modelo de arrendamiento anterior en esta nueva etapa habría implicado un gasto de 366.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia.

Ante este escenario, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF, informó.

Asegura que esta inversión equivale al 68.8 % del costo de un solo año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de 1 mil 98 millones de pesos en los años 2026 al 2028, es decir, en el tiempo que durarían los contratos de arrendamiento.

El OAJ dice que la renovación del parque vehicular también genera ahorros operativos adicionales, porque de las unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas, lo que permitirá reducir aproximadamente en un 30 % el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental.

Asimismo, asegura que los costos de mantenimiento se reducirán en al menos un 70 % en comparación con los modelos anteriores, que señala de presentar fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos tiempos de espera en talleres, lo que afectaba la operación cotidiana.

Adicionalmente, la adquisición permite que los vehículos puedan enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil y no como chatarra, como ocurría bajo el modelo de arrendamiento anterior, donde los vehículos regresaban al arrendador sin generar ningún beneficio adicional.

En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el OAJ afirmó que tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios.

“Esto hizo evidente la necesidad inmediata de contar con vehículos confiables, en condiciones óptimas y técnicamente adecuados.

La decisión responde, por tanto, a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia, particularmente en los niveles de jerarquía que así lo requieren en la SCJN”, afirmó el órgano.

Pese a la aclaración, ante la polémica generada por contradecir el discurso público de austeridad del nuevo Poder Judicial de la Federación, los y las integrantes de la SCJN anunciaron que no utilizarán las caras camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, sino que las asignarán a juzgadores con mayor necesidad de ellas o devolverlas.

Con información de SDP Noticias

redaccionqroo@diariocambio22.mx

RHM