Compra de Medicamentos: Siete Años de Experimentos Fallidos

Mario Maldonado / CAMBIO 22

Con Andrés Manuel López Obrador, el sistema de compras públicas de medicamentos se convirtió en un laboratorio de experimentos fallidos. Primero estuvo Raquel Buenrostro, al frente de la Oficialía Mayor de Hacienda, quien cambió por completo el modelo de adquisiciones para concentrarlo en una sola entidad y cortar de tajo a los distribuidores privados. Luego vino el intento de la UNOPS, el organismo de Naciones Unidas contratado para supuestamente transparentar las compras internacionales, que terminó hundido en burocracia y sobrecostos. Después apareció el Insabi, que centralizó las licitaciones y las perdió entre la opacidad y la corrupción. Luego el IMSS intentó retomar el control, pero las pugnas internas, como las del empresario Fernando Padilla Farfán, operador cercano a Adán Augusto López, acabaron por arrebatárselo. Y ahora el turno es de Birmex, la paraestatal que carga con la responsabilidad de abastecer a todo el sistema nacional de salud y de no repetir los errores de sus antecesores, una hazaña que desde ya se antoja muy complicada.

El problema no es solo de forma, sino de fondo. La presidenta Claudia Sheinbaum presumió este miércoles que el abasto de medicamentos en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar supera el 90%, un avance indiscutible respecto a los años más caóticos del sexenio pasado. Pero detrás de ese número hay una historia de adeudos, incumplimientos y proveedores ahorcados. El gobierno federal arrastra pasivos por más de 14 mil millones de pesos de ejercicios anteriores, y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció esa deuda, fue enfática al decir que “los adeudos no justifican los retrasos en los nuevos convenios”. La advertencia sonó firme, pero los procedimientos siguen siendo difusos y las sanciones inexistentes.

La lista de farmacéuticas que incumplieron fue publicada en septiembre. Son 32 empresas, entre laboratorios y distribuidoras que no entregaron lo comprometido o lo hicieron con meses de retraso. Algunas, como Bioxintegral, registraron 100% de incumplimiento; Productos Farmacéuticos Serral, Comercializadora UCIN, Impulso Integral Popular, Impulsora de Material Hospitalario y Eurofarma de México superaron el 50%; otras, como Accord Farma, Gama Medical Service, Endomedica, Surtidora Médica de Occidente, Pisa, Zurich Pharma, Novag Infancia y Amarox Pharma, acumularon demoras o entregas parciales que afectaron el suministro de tratamientos oncológicos, antibióticos y vacunas. Se les dio hasta el 30 de septiembre para ponerse al corriente, pero el gobierno no ha publicado una lista definitiva de quiénes cumplieron ni de quiénes serán sancionados.

La falta de resultados no se explica solo por el incumplimiento de los privados. También por la incapacidad del aparato público para planear, coordinar y ejecutar. El pasado 10 de septiembre, publiqué en este espacio que la paraestatal va por su tercera gran compra consolidada, luego de dos ejercicios incompletos. En el primero, apenas se adjudicaron 399 de 575 claves; en el segundo, 269 de 280. Los problemas persisten y las instituciones que deben presentar las solicitudes lo hacen tarde o mal, y los contratos terminan adjudicándose a las ofertas más baratas, sin evaluar su capacidad real de producción o distribución. El modelo de subasta inversa, concebido para ahorrar, se convirtió en un coladero de proveedores improvisados.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, asegura que el abasto “se está regularizando” y que algunas de las empresas ya cumplieron, pero no hay documentación pública que lo respalde. Tampoco claridad sobre qué pasará con las que no lo hicieron. Ahora Birmex va por una cuarta serie de licitaciones que podrían redefinir el mapa de los proveedores públicos. Si ahora se hace bien, permitiría excluir a los incumplidos, abrir la competencia y renegociar precios con mejores cláusulas de garantía. Si se hace mal, abrirá otro capítulo de retrasos, amparos e impugnaciones que pondrán en riesgo la continuidad del abasto.

La historia de estos siete años muestra un patrón de experimentos fallidos en el intento de centralizar las compras, cuyo discurso de eficiencia y cero corrupción termina en una trampa, en la que los técnicos ceden ante los políticos, las instituciones pierden capacidad operativa y los proveedores incumplen sin consecuencias. Mientras tanto, los pacientes pagan el costo. La presidenta Sheinbaum intenta reconstruir ese sistema con un enfoque más racional, aunque su administración carga con la herencia de las ocurrencias de su antecesor.

En el fondo, la discusión es si el Estado puede garantizar que sus proveedores entreguen y que los pacientes reciban sus medicamentos. El país lleva siete años ensayando fórmulas que mantienen al sector salud en un círculo vicioso de desabasto y mala praxis. Por cierto: y ¿dónde está el secretario David Kershenobich?

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