Como una Medida de Papel y Sin Impacto Real Califican a la Prohibición de los Vapeadores en México

• En México, los vapeadores están prohibidos, pero siguen vendiéndose sin control. Sin leyes secundarias, la prohibición solo fomenta el mercado informal, criminaliza al consumidor y deja a usuarios expuestos a abusos policiales, según advierte el Instituto RIA

Redacción / CAMBIO 22

Comprar un vapeador en México es tan fácil hoy como era hace un año, cuando la venta y la distribución de estos dispositivos no estaban prohibidas en la Constitución. Los puedes encontrar en puestos de tianguis, en locales de plazas comerciales o en el marketplace de Facebook. Su prohibición está ordenada, sí, pero aún no existe la regulación necesaria para gestionar su restricción. Los vapeadores están, por lo tanto, en un limbo y no hay comisión ni agencia mexicana que haya sometido a un proceso de inspección de calidad todos aquellos que están a la venta. Así pues, nadie puede saber con certeza qué sustancias inhalas en realidad cuando adquieres un cartucho en la calle.

A más de seis meses de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación que elevó la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos a nivel constitucional, el mismo Congreso que aprobó estas reformas a los artículos 4 y 5 ha optado por dejar la norma inconclusa. “Si vence el plazo para expedir las leyes secundarias sin que estas se aprueben, significa que continuaremos sin especificaciones claras sobre cómo se aplicará la prohibición constitucional a los dispositivos de vapeo”, dice Julia Anguiano, responsable de investigación del Instituto RIA, consultada por WIRED en Español.

México es el único país del mundo cuya Constitución prohíbe “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, según dicta el artículo 4. Esto fue posible gracias a la insistencia de Andrés Manuel López Obrador de restringir el acceso a estos dispositivos, esfuerzo que fue retomado por su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum. El Congreso aprobó la prohibición a finales del año pasado, y aunque algunas sanciones se han propuesto desde entonces (nueve años de cárcel por vender vapeadores, propuso el Partido del Trabajo en marzo), el Poder Legislativo no ha dado señas de rescatar de la congeladora la discusión sobre las leyes reglamentarias.

Al respecto, Anguiano señala que el plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico “aún está en curso, debido a que se cuentan en días hábiles, por lo que técnicamente no ha vencido”. Aunque pareciera que a los usuarios les conviene que estas leyes reglamentarias nunca se emitan, la realidad es que la prohibición constitucional seguiría vigente. ¿Esto qué significa? Anguiano afirma que, sin regulaciones específicas, aumenta la inseguridad jurídica para los usuarios de estos dispositivos.

“Estamos ante un vacío legal peligroso que permitirá la discrecionalidad”, dice la investigadora. Ante el escenario hipotético de ser abordado por un policía si te ve con un vapeador, “podrías intentar argumentar que no hay base legal para una detención, ya que ninguna ley establece multas o penas concretas por vapear. Pero la mera mención de la prohibición constitucional ya es una excusa para el hostigamiento policial, especialmente en ciudades donde las autoridades locales han tomado la iniciativa de criminalizar el vapeo por su cuenta”.

Algunos congresos locales, como el de Ciudad de México, Aguascalientes o Hidalgo, han presentado sus propias iniciativas de ley que prohíben actividades comerciales relacionadas a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. “Podrían reformarse códigos penales locales para empezar a sancionar este delito, pero la fragmentación normativa respecto al vapeo creará escenarios absurdos”, dice Anguiano.

“Por dar un ejemplo, un mismo acto –como poseer un vapeador– podría ser considerado un delito en Aguascalientes; pero a 45 minutos, en Zacatecas, implicaría solo una sanción administrativa. Creará, cuando menos, un ambiente legal incómodo que criminalizará arbitrariamente a quienes vivimos en México, de acuerdo a nuestra entidad”, añade la especialista.

Anguiano señala que, lejos de disuadir el vapeo, el impacto de estas leyes locales se enfocaría a la criminalización de las juventudes y a profundizar problemas sanitarios vinculados al vapeo. Además, “aumentarán la dificultad de acceso a productos seguros y continuarán saturando sus sistemas de justicia con casos menores que no ameritan medidas de privación de la libertad”.

Una ley que ignora la evidencia y favorece la informalidad

Fundado en 2018, el Instituto RIA se dedica a la investigación sobre el uso de sustancias psicoactivas con el fin de centrar políticas públicas desde una perspectiva de salud pública y justicia social. “Diría que lo que nos distingue como organización es nuestra capacidad para tender puentes entre distintos actores”, dice Julia Anguiano, también licenciada por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). “Facilitamos diálogos entre el funcionariado público, actores de interés y comunidades afectadas por las políticas de drogas”.

Sin embargo, no parece que los legisladores que aprobaron la prohibición constitucional de los vapeadores hayan atendido las advertencias de expertos en materia de adicciones. “La aprobación de estas reformas legislativas estuvo marcada por un proceso cuanto menos cuestionable”, dice Anguiano. “Las adecuaciones legales equipararon el uso de fentanilo ilícito con el uso de los dispositivos de vapeo en un mismo paquete normativo, cuando se tratan de dos sustancias radicalmente distintas”.

“Lo anterior permite sospechar que la intención detrás fue capitalizar el estigma social alrededor de ciertas sustancias para lograr la aprobación de las reformas. Sugiere más un cálculo político que una genuina preocupación por la salud pública”. Anguiano expone a WIRED que tiene poco tiempo que el mercado de los vaporizadores encontró su nicho en México, alrededor de 2020. Los jóvenes fueron el primer demográfico en adoptar de manera significativa este producto, “y como puede comprenderse, esto no gustó a docentes, padres de familia y otros adultos involucrados en la educación. Al hablar con estos grupos, la razón principal por la cual identificamos apoyo social hacia la prohibición del vapeo es que había mucha disponibilidad para su venta entre menores de edad”.

Ningún investigador o experto que está en contra de la prohibición niega que vapear es nocivo para la salud; sin embargo, múltiples investigaciones y autoridades sanitarias en otros países han indicado que los vapeadores, en comparación con los tradicionales cigarros de combustión, son menos riesgosos y dañinos, y pueden conducir a dejar el tabaco. Se desconoce si las autoridades que impulsaron la prohibición de los vapeadores simplemente ignoraban la evidencia estadística que se había acumulado a favor de una política de reducción de daños, o si obedecían a intereses políticos o económicos ajenos a una preocupación sincera por la salud de los menores. “Obtuvimos una prohibición de papel, pero sin impacto real, y que no beneficia a nadie: ni a la salud pública, ni a consumidores, ni al Estado, con la recaudación de impuestos que le habría traído la regulación”, dice Anguiano.

“La falta de urgencia para emitir leyes secundarias sugiere que el objetivo nunca fue atender un problema público existente, sino facilitar la persecución arbitraria de un sector”, añade la investigadora. “Si el verdadero fin fuera proteger la salud, habrían priorizado la regulación de los vapeadores por corresponder a un mercado que ya es legal: el de la nicotina, impidiendo la venta a menores de edad, estableciendo estándares de calidad e impuestos destinados al sistema de salud”.

En la actualidad, la venta de vapeadores está prohibida en todo el país, no solo a menores de 18 años, sino a toda la población. Haya o no leyes secundarias que establezcan reglas y sanciones específicas, hay un sector del mercado que sí resulta beneficiado por la prohibición constitucional: el sector informal. “A largo plazo, esto puede ocasionar que solo los grupos de crimen organizado sean capaces de enfrentar esta persecución y acaparen el mercado de vapeadores”, dice Anguiano. “En este sentido, la prohibición de los vapeadores podría ocasionar la aparición de suministros más inseguros, lo cual es absurdo, considerando que la sustancia psicoactiva que contienen los vapeadores es nicotina, una sustancia que cuenta con un mercado regulado”.

Bajo un esquema de regulación, el cual daría prioridad a la seguridad de las personas usuarias, las empresas comercializadoras de vapeadores estarían obligadas a exhibir información clara sobre la composición química de sus productos, y que estos mismos estén sujetos a los más rigurosos estándares de calidad. En muchos otros países del mundo se han adoptado medidas para restringir la venta de vapeadores a menores de edad o para evitar que los e-liquids contengan sustancias tóxicas que podrían perjudicar la salud de los usuarios.

En Estados Unidos, por ejemplo, donde el comercio de vapeadores está estrictamente regulado (mas no prohibido), el uso de vapeadores entre menores de edad se ha desplomado en años recientes. En el mismo periodo también se ha registrado una caída en el número de fumadores de cigarrillos tradicionales entre la población adulta, a la vez que han aumentado los usuarios de vapeadores. Más relevante aún, los cánceres relacionados con el tabaquismo, como el de pulmón, vejiga y laringe, han experimentado descensos significativos en nuevos casos y muertes, según el reporte anual más reciente del Instituto Nacional del Cáncer, atribuyendo el motivo a las tendencias en la reducción de fumadores y a cambios en las recomendaciones de detección temprana.

This happened. So… Why aren’t public health experts telling the public this happened? It’s their own data. Numbers are correct and easy to #FactCheck from govt & trusted sources. Ask me. I’m happy to share links. pic.twitter.com/r1CwdTp8EA

— Charles A. Gardner, PhD (@ChaunceyGardner) July 2, 2025

Atorados con una prohibición absurda

En resumen, la prohibición general de los vapeadores no tiene sentido según los expertos:

• Descarta los beneficios documentados de una política de reducción de daños.

• Rechaza la recaudación fiscal que resultaría del comercio legal de vapeadores.

• Ignora la evidencia estadística en otros países que regulan el vapeo.

• Criminaliza a un sector de la población que busca alternativas para dejar de fumar.

• Al eliminar alternativas menos nocivas, fomenta la adicción al tabaco.

• Favorece al sector informal, enriquece los cofres del crimen organizado y aumenta el clima de inseguridad.

• Sin procesos autorizados de control, el sector informal inunda el mercado con vapes de dudosa procedencia y composición, aumentando el riesgo de casos como EVALI.

• Al no contar con leyes reglamentarias, aporta a la ambigüedad jurídica, detona la discrecionalidad y se presta a mayor corrupción institucional.

Ante la ausencia de reglas claras y sanciones específicas, se le pregunta a la investigadora del Instituto RIA qué puede hacer una persona que es sorprendida por un policía comprando o usando un vapeador en la vía pública. “Es difícil tener una respuesta correcta a cómo se debe actuar en caso de que te aborde algún agente de la policía, debido a que el trato que enfrentas puede ser tan arbitrario como la razón de la detención. No existe un protocolo sobre qué ocurrirá si un policía te detiene por poseer o adquirir un vapeador en México”.

“Desafortunadamente, solo podemos limitarnos a recomendar que eviten riesgos innecesarios: no exhibas tu dispositivo en público, no lo utilices en espacios cerrados donde podría detectarse el olor con facilidad y mucho menos frente a cuerpos de seguridad”. Recomendaciones individuales aparte, para Anguiano, la mejor solución “sería aclarar este limbo jurídico y encontrar una manera de neutralizar los efectos negativos de la prohibición sobre la población”.

Fuente: Wired

redaccion@diariocambio22.mx

GPC/RCM