Comisión Interamericana de Derechos Humanos Recuerda a México que Debe Investigar en Torno a lo Que Pasó en el Rancho Izaguirre

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

27 de marzo.- Los distractores mediáticos que el gobierno federal a lanzado para encubrir su negligencia en el caso de rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, y las historias de terror que allí se vivieron, tienen una vida “útil” muy corta, como lo fue el espectáculo que se montó en la Cámara de Diputados Federal para proteger al exfutbolista Cuauhtemoc Blanco, imputado por delitos sexuales y de violencia doméstica; a la 4T poco le importó perder su poca credibilidad respecto a la defensa de los derechos de las mujeres, al ordenas a su mayoría y todo tipo de aliados, como el dirigente nacional del PRI, a proteger al legislador y exgobernador por el estado de Morelos.

Con este capítulo de protección a un violentador de mujeres, con lo que se reafirma la impunidad que sigue desangrando a la sociedad mexicana, también se intentó minimizar la firma de la orden ejecutiva de Donald Trump para ratificar el 25 por ciento de aranceles a vehículos que ingresan a los Estados Unidos y que están fuera del tratado de comercio con México y Canadá, lo que pone en riesgo a la producción de automóviles que están fuera del acuerdo trilateral.

Ahora, esperemos a ver que se les ocurre para minimizar los nuevos anuncios que realizará el gobierno de los Estados Unidos para el próximo dos de abril, luego de considerar que los gobiernos de México y Canadá no están haciendo lo suficiente para detener las operaciones de los carteles del narcotráfico.

Mientras el gobierno de la 4T mostró su verdadera cara en torno al fenómeno social y político de la violencia contra las mujeres, ya se le abrió un nuevo frente a nivel internacional, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, organismo que le hizo un llamado para que investigue lo sucedido con las víctimas del rancho Izaquirre.

En las próximas horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, saldrá a descalificar a este organismo regional, del cual México es parte y está obligado a seguir sus recomendaciones, pero este pronunciamiento servirá para retomar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de salirse de la CIDH, así como lo hizo el gobierno de Venezuela o como lo ha rechazado, históricamente, el gobierno de los Estados Unidos. En un tema como esté, será de los pocos en los que coincidan los gobiernos de México y Estados Unidos.

Sin embargo, en tanto la mayoría de la 4T en el Senado mexicano no lleve a la practica una orden de tal magnitud, el Estado mexicano tendrá que responder, por la vía diplomática, a la CIDH, con sede en la capital estadounidense.

El organismo regional emitió este 27 de septiembre un pronunciamiento en el que asienta que “es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”.

Ante el reciente hallazgo de restos humanos, por parte de personas buscadoras, en un predio custodiado por el Estado hace seis meses, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) “llama a México a redoblar sus esfuerzos en la investigación de los hechos, el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas. Al tiempo que valora las medidas anunciadas por la Presidenta de la República, la CIDH reconoce la importante labor que realizan las personas buscadoras”.

Se agrega en el comunicado que la Comisión Interamericana viene dando seguimiento a los mencionados hallazgos en el predio denominado “Rancho Izaguirre”, que se encuentra bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024. “En dicha ocasión, el Estado había detenido a 10 personas, rescatado a dos víctimas privadas de libertad, recuperado un cadáver e incautado armas, instrumentos tácticos y vehículos.”

Sin embargo, seis meses después, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” anunció públicamente que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, tal como informó la CNDH.

Al leer el texto del organismo regional defensor de derechos humanos, es preocupante las consideraciones que le hace al Estado mexicano.

Según la información aportada por las organizaciones a medios públicos, el hallazgo además expone la deficiente búsqueda llevada adelante por el Estado. Ello pues, a pesar de haberse asegurado el predio por las autoridades en septiembre de 2024, y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente. Al respecto, el Estado señaló que serán las investigaciones judiciales, con apoyo en la ciencia criminal, las que determinarán el origen del material recabado y el uso que tenía el Rancho Izaguirre, advierte la CIDH.

Párrafos más adelante, el organismo sostiene en su documento que el Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación. La Comisión toma nota de la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre; y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar. En particular, tal como la CIDH ha sostenido en reiteradas oportunidades, en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones.

Asimismo, es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el “Rancho Izaguirre”. Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias.

La CIDH reconoce el anuncio realizado por la Presidenta de México el 17 de marzo de 2025, sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. Asimismo, el Estado indicó de la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética. La CIDH valora el reconocimiento público del Estado de brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador.

La situación de la desaparición masiva de personas en México ha sido monitoreada por la CIDH desde hace más de 25 años. En este contexto, la CIDH saluda el anuncio del Estado de una mayor coordinación —en todos sus niveles de gobierno— para fortalecer la búsqueda y combatir el delito de desaparición en México. De conformidad con los estándares internacionales, en la formulación de estas medidas, la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe ser garantizada.

Finalmente, la Comisión reitera su reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado. A su vez, señala la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan, promoviendo su valorización social y que cualquier diligencia en torno al caso del Rancho Izaguirre se lleve a cabo evitando su revictimización.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Hasta aquí las consideraciones de la CIDH respecto a los hallazgos en el rancho Izaguirre y la intervención del gobierno mexicano.

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