Colectivos Exigen Justicia en Cozumel: Pena Máxima para Militar y Renuncia del Alcalde

Redacción / CAMBIO22

Cozumel, 5 de septiembre.– Colectivos feministas y ciudadanos de todo el país, exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Mara Lezama la pena máxima para Jairo “N”, el militar acusado de abusar de una niña de nueve años en la base del Ejército en Cozumel.

También pidieron que el juicio sea civil y no en fuero militar, además de una disculpa pública y la renuncia del alcalde José Luis Chacón Méndez por sus declaraciones revictimizantes.

Las 39 organizaciones firmantes de la petición, señalaron que el caso no puede minimizarse como “intento de violación”, ya que la menor fue ingresada a la fuerza al complejo de la Sedena, donde sufrió múltiples agresiones y amenazas. La niña logró escapar tras ser lanzada de un vehículo en movimiento.

Los padres denunciaron hostigamiento y presiones para firmar declaraciones falsas, mientras que el alcalde responsabilizó públicamente a la familia por “dejar sola a la menor”, generando repudio social.

Los colectivos demandaron también protección inmediata para la familia de la víctima y una investigación sobre la posible presencia de otras niñas dentro de la base militar.

“La justicia no se negocia; exigimos un juicio transparente y sin privilegios castrenses”, advirtieron.

Esto, luego de que se diera a conocer que la víctima narró que fue llevada a una vivienda dentro del complejo militar, donde el agresor la presentó frente a otras menores, presuntamente sus hijas, y que ahí fue violentada y amenazada de muerte si pedía auxilio.

Posteriormente, la trasladó hacia un área de monte dentro del mismo complejo, donde continuó la agresión.

Finalmente, la niña logró escapar tras ser lanzada desde el vehículo en movimiento, corriendo aterrada hasta pedir ayuda en la vía pública.

Las activistas exigen que el Ayuntamiento de Cozumel y el presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, se disculpe de manera pública e inmediata por sus declaraciones revictimizantes, y su renuncia, “por incumplir con su deber de proteger a la niñez y por su complicidad en la narrativa de encubrimiento” y por “responsabilidades políticas por el abandono institucional hacia la familia”.

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