Redacción/CAMBIO 22

Por la desaparición forzada de tres personas de nacionalidad colombiana y la ejecución arbitraria de una más de la misma nacionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Karla Quintana; al fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, y a la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama.

Según la Comisión, el 18 de diciembre de 2017, las personas extranjeras fueron detenidas por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y posteriormente, les fue exigido a sus familiares sumas de dinero para liberarlas.

Sin embargo, a pesar de haber entregado la cantidad acordada, el 21 de diciembre de ese mismo año, fue encontrado el cuerpo de una víctima sin vida, mientras que las otras no fueron liberadas, desconociéndose su paradero hasta esta fecha.

En su momento se dijo que los propios policías los habían entregado a miembros del CJNG y los colombianos al parecer trabajaban para el sistema de préstamos conocido como “el gota a gota”.

La CNDH destaca que existió ocultamiento de las víctimas por parte de personal de la referida secretaría, afectando no solamente a las víctimas sino a sus familias, y señala que por parte de la Fiscalía General del Estado, hubo omisión para realizar las acciones idóneas en la función investigadora de las carpetas de investigación.

“Este organismo nacional contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad, por la desaparición forzada de las cuatro víctimas; a la vida por la ejecución arbitraria de una de ellas, así como al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio de las familias de las víctimas”, señala la institución.

La CNDH solicitó al fiscal general de la República que en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se brinde la reparación integral por los daños causados a quien por derecho corresponda, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo de la irregular integración de la carpeta de investigación, en términos de la Ley General de Víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

También solicita que a las familias de las víctimas se les otorgue la atención médica, psicológica y, en su caso, tanatológica que requieran, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado y de forma continua, atendiendo a su edad y necesidades específicas, así como proveerles de los medicamentos convenientes a su situación.

La Historia de la Desaparición

El 18 de diciembre de 2017 cuatro colombianos fueron detenidos por policías de Cancún. Uno de ellos apareció decapitado dos días después de la detención y los otros tres siguen desaparecidos. Este es un caso que deja al descubierto una cadena de irregularidades de las autoridades mexicanas que hablan de corrupción, encubrimiento y complicidad con el crimen organizado.

El expediente que han recopilado autoridades colombianas sobre la desaparición de tres de sus ciudadanos en Cancún es demoledor. La extensa carpeta, que contiene testimonios, mensajes telefónicos y actas de denuncias judiciales, indica que policías municipales de Cancún detuvieron el 18 de diciembre pasado a cuatro colombianos a quienes subieron en dos patrullas.

Horas después, los habrían entregado a un grupo criminal identificado como el ‘Cártel de Jalisco’ Dos días más tarde, uno de los colombianos fue encontrado decapitado y con huellas de tortura. Los otros tres continúan desaparecidos.

A lo largo de esas  12 semanas cruciales para una investigación, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, encargada de la investigación de los hechos, no  realizó una sola captura a pesar de todas las evidencias y declaraciones de testigos que involucran a policías municipales en la detención de los cuatro extranjeros.

“Tienen videos de las cámaras cercanas al lugar de la detención, saben a qué patrullas los subieron, saben que eran ocho policías hombres y dos mujeres los que fueron por ellos, y no han hecho nada”, se lee en una parte del expediente

Según la documentación a la que esta publicación tuvo acceso, funcionarios de la Cancillería colombiana se vieron tan desbordados por “todas las irregularidades que se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo”, que pidieron ayuda a la Policía Federal, lo que hasta ahora no ha dado ningún resultado.

Saben que eran ocho policías hombres y dos mujeres los que fueron por ellos y no han hecho nada.

Además, al ver la sospechosa incompetencia de la Fiscalía de Quintana Roo, personal diplomático de Colombia acreditado en México pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado, lo que tampoco ha servido para dar claridad a la investigación.

Esto, a pesar de que hay abrumadoras pruebas de que en la tarde del 18 de diciembre los colombianos Yesly Tatiana Góez Guisao, Joan Sebastián Espinoza Urrego, Óscar Alexander Zuluaga Macías y Néstor Espinoza Castañeda fueron detenidos por policías de Cancún que los subieron a dos patrullas de color azul y blanco.

Los policías nunca presentaron a los colombianos ante ninguna autoridad judicial, ni los internaron en una cárcel de la ciudad. Esto, a pesar de que al llevárselos dijeron a una testigo que los conducirían al Centro de Retención Municipal, conocido como ‘El Torito’.

En lugar de eso, los habrían entregado al ‘Cártel de Jalisco’ (CJNG). Al día siguiente, alguien que se identificó como “el intermediario del cártel” llamó por teléfono al trabajador de los colombianos Román Hernández Cetz y pidió 50,000 pesos mexicanos (unos 2,670 dólares) para liberarlos.

Dos días después, cuando la pareja de uno de los detenidos ya había depositado ese dinero en una cuenta bancaria, fue hallado en una calle de Cancún el cadáver de Joan Sebastián Espinoza Urrego. Estaba desnudo, sin cabeza y con los genitales en la boca.

Los otros tres colombianos siguen desaparecidos. Nadie sabe con certeza, además de sus captores, si están vivos o muertos.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, ciudad colombiana de la que son oriundas las víctimas, considera que se trata de un caso de “desaparición forzada” y que debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.

Por ello, pidió al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intercedan ante al gobierno mexicano para dar celeridad a la investigación, atender a los familiares de las víctimas, llegar a la verdad y castigar a los responsables.

“No es el único caso de colombianos desaparecidos en México. Sabemos que el país tiene un problema grave de desapariciones y lo único que pedimos es que este caso tenga un enfoque de derechos humanos, además del tratamiento judicial que por su naturaleza requiere”, dice el subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila.

El gobierno federal mexicano tiene conocimiento de todas las “irregularidades” que han cometido las autoridades de Quintana Roo en la investigación del caso.

Una mujer a la que identificaremos como Alejandra y que es pareja de Óscar Alexander Zuluaga Macías, uno de los desaparecidos, presentó el 5 de enero en Bogotá una pormenorizada denuncia de lo que ocurrió en Cancún.

La declaración, que se prolongó 10 horas, la hicieron ella y Santiago Espinoza Urrego, hermano del colombiano que apareció muerto, ante la agregada de la Procuraduría General de la República (PGR) de la Embajada de México en Colombia, Tisbe Cázares Mejía.

Alejandra, quien vivía en Cancún con su pareja y los otros desaparecidos, denunció que un funcionario de la Fiscalía de Quintana Roo le pidió 20,000 pesos mexicanos (1,070 dólares) “por agilizar la investigación”; que esa institución judicial “desde el primer momento encubrió a los policías” municipales que “levantaron” a los cuatro colombianos y que “los del cártel” siempre estaban al tanto de cada palabra que decían ante los fiscales que les tomaban declaración.

“Los del cártel, que no sé si de verdad son de un cártel, tienen espías en todos lados. Un día estábamos declarando ante un fiscal y me llaman al celular para decirme que nos estaban viendo, que estábamos en la oficina de tal licenciado, y que dejáramos de estar de chismosos porque nos iban a chingar”, señaló Alejandra.

La directora de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Gabriela Martínez, quien fue consultada por la vía telefónica por este semanario, declinó referirse a las graves acusaciones contra la institución que constan en la denuncia de Alejandra y Santiago ante la PGR y dijo desconocer por qué no se ha ejercido acción penal contra los policías que detuvieron a los colombianos.

“No tengo información que en estos momentos pueda compartir. Y no estamos dando información sobre la investigación porque no queremos entorpecerla. La investigación está abierta”, señaló Martínez.

–Las acusaciones contra la Fiscalía son muy graves y me gustaría conocer su versión –se le insistió.

–Es todo lo que puedo decir.

La delegación de la PGR en Cancún lleva una investigación paralela a la de la Fiscalía de Quintana Roo y ha tomado declaraciones a varios testigos, pero tampoco ha detenido a ninguno de los presuntos implicados en el asesinato de Sebas y la desaparición de los otros tres colombianos.

“Gota a gota” en el Mar Caribe

Joan Sebastián Espinoza Urrego, conocido como Sebas, viajó a Cancún en 2015 para dedicarse al negocio ilegal de los préstamos ‘gota a gota’.

El joven, de 21 años en ese entonces, se involucró en esa actividad en su natal Medellín y, según sus amigos, el grupo con el que trabajaba en esa ciudad del noroccidente colombiano le financió el viaje y le entregó dinero para ponerlo a “trabajar”.

Los créditos ‘gota a gota’, que se pagan en abonos diarios a tasas de interés de hasta 20 por ciento mensual, son una modalidad delictiva que Colombia comenzó a exportar a varios países latinoamericanos hace unos tres años.

Detrás de esa actividad, que es usada para lavar dinero de origen ilícito, suelen haber bandas involucradas en el tráfico de drogas y la extorsión.

Los dueños del negocio de los ‘gota a gota’ no usan abogados para cobrar los créditos cuando los deudores se atrasan, sino la intimidación y la violencia.

A Sebas le fue bien en Cancún. Comenzó como “cobrador”, ascendió a “supervisor” y después llegó a ser “administrador de ruta”. Al cabo de un año, lo alcanzó en ese balneario del caribe mexicano Óscar Alexander Zuluaga Macías, de 21 años y también oriundo de Medellín.

Lucy Macías, la mamá de Óscar Alexander, dice que el joven era amigo de Sebas y que le gustó la propuesta que este le hizo de ir a Cancún pues había terminado de cumplir 18 meses de servicio militar en la ciudad de Armenia, en el occidental Eje Cafetero colombiano, y estaba sin empleo.

Óscar Alexander, conocido por sus amigos como Alex, llegó al balneario mexicano el 17 de septiembre de 2016. Meses después, Sebas le pidió a su novia, Yesly Tatiana Góez Guisao, que se fuera a vivir con él. La joven viajó a Cancún el 28 de mayo de 2017.

En agosto de ese año llegó también la pareja de Alex, Alejandra. Los cuatro, que provienen de familias colombianas humildes, vivían en un departamento amplio en Cancún.

En entrevista , Alejandra asegura que en ese balneario de arenas blancas y mar azul vivían bien. Alex, su pareja, primero fue “cobrador” de los “gota a gota” y después “supervisor”. Ella sostiene que nunca creyó que estuvieran un ambiente peligroso.

“Sé que los préstamos son ilegales y que ahí hay gente mala, pero ellos eran un equipo de cinco gentes, tres colombianos y dos mexicanos, que prestaban dinero a personas humildes, a pequeños comerciantes, a amas de casa. Nunca supe que usaran la fuerza para cobrar, aunque a veces no les pagaban y les quedaban a deber. Pero los préstamos dejan mucha ganancia”, afirma.

Nunca supe que usaran la fuerza para cobrar, aunque a veces no les pagaban y les quedaban a deber

Dice que Sebas era el jefe de Alex, aunque asegura desconocer quiénes eran los superiores jerárquicos de los dos jóvenes.

De eso, agrega, nunca se dio cuenta. “Para mí y para mi marido el jefe siempre fue Sebas”, señala. También sostiene que durante todo el tiempo que permaneció en Cancún nunca habían tenido problemas con nadie, “ni con la Policía ni con malandros que nos quisieran hacer algo”.

A principios de diciembre pasado, llegaron a Cancún los padres de Sebas, Carmen Urrego y Néstor Raúl Espinoza Castañeda, para pasar unas semanas de vacaciones en el balneario caribeño. La pareja se hospedó en el departamento donde vivían los cuatro jóvenes colombianos.

“Éramos felices en Cancún, íbamos a las playas, yo comencé a trabajar medio tiempo en un restaurante y como asesora de ventas, y Yesly Tatiana era estilista y trabajaba en eso (en el Bella Dama Salón)”, relata Alejandra.

Yesly Tatiana, de 25 años, mantenía una comunicación diaria con su mamá, Aleida Guisao Gil, a través de WhatsApp. La señora, quien vive en Medellín, dice que siempre tuvo los temores normales de una madre cuya hija está en otro país, pero nunca le preocupó demasiado la actividad de Sebas.

“El ‘gota a gota’ no es legal pero aquí en Medellín eso muy común, yo lo he usado para pagar mis cuentas. Y conozco muchos jóvenes que se están yendo a Brasil, a Perú, a Chile y a otros países a trabajar en eso”, afirma.

La señora Aleida y Lucy Macías, la mamá de Alex, presentaron ante la Fiscalía colombiana en Medellín una denuncia por la desaparición de sus hijos. A las dos les tomaron muestras de ADN que la institución judicial envió a la Procuraduría General de la República (PGR) de México.

Historia de la Detención por Policías de Cancún y la Supuesta Entrega al CJNG

El lunes 18 de diciembre, pocos minutos antes de las dos de la tarde, Sebas llamó a Alex a su celular y le dijo que fuera a casa de Brayan Castelano, un “cobrador” mexicano que trabajaba con ellos en el sistema de cobro y préstamos conocido como “El Gota a Gota”  porque había descubierto “que se estaba quedando con la ruta y con un dinero del cobro” y le iría a pedir cuentas, según declaró un testigo ante la Fiscalía de Quintana Roo.

Además, relató que Alex estaba en el departamento donde vivían los cuatro colombianos y que cuando comentó el asunto que iba a atender, tanto Yesly Tatiana como Néstor Raúl Espinoza Castañeda –pareja y padre de Sebas, respectivamente– le dijeron que lo acompañarían.

Los tres se trasladaron en taxi a la casa de Brayan, donde vivía con su mamá, María Helena Castelano, y allí se encontraron con Sebas.

De acuerdo con la versión de María Helena, Sebas y Brayan arreglaron rápido el asunto. El “cobrador” se comprometió a pagar lo antes posible al “administrador” del negocio 30,000 pesos mexicanos (1,600 dólares) que había omitido reportar en las cuentas. Al parecer, todo se había solucionado.

Pero según María Helena, a Yesly Tatiana no le pareció el acuerdo y exigió, a gritos, que Brayan les diera algunas de sus pertenencias (ropa, zapatos tenis de marca) en garantía de pago.

“Luego entró a la recámara de Brayan y comenzó a sacar cosas”, aseguró. María Helena dijo en ese momento intervino y comenzó a discutir con la joven colombiana.

Una amiga de Yesly Tatiana cree que ella reaccionó así porque dos otros “cobradores” ya les habían robado antes y no quería que eso se repitiera. Al calor de la discusión, María Helena Castelano decidió llamar por teléfono a la policía municipal.

Alrededor de la tres y media de la tarde, Román Hernández Cetz, otro “cobrador” mexicano que trabajaba con Sebas, se acercaba a casa de los Castelano, “atrás de la Escuela Secundaria Federal número 9” de Cancún, cuando vio dos patrullas de la policía municipal estacionadas afuera de la vivienda.

Luego observó, según la declaración que dio en la Fiscalía de Quintana Roo, que unos diez policías, ocho hombres y dos mujeres, sacaron de la casa de María Helena y Brayan Castelano a los cuatro colombianos que había llegado allí: Sebas, Yesly Tatiana, Alex y don Néstor Raúl.

Los subieron a las dos patrullas y se los llevaron junto con el automóvil de Sebas y una moto que tenía Brayan en su casa.

A las cinco de la tarde, Román Hernández Cetz llegó al departamento de los colombianos y contó lo sucedido a Alejandra y a Carmen Urrego, la mamá de Sebas.

“Casi me llevan a mí también porque iba a grabar con mi teléfono -les dijo-, pero lo guardé enseguida”.

Alejandra se comunicó por WhatsApp con María Helena Castelano y esta le confirmó la versión de Román Hernández Cetz y le dijo que había llamado a la Policía porque Yesly Tatiana comenzó a sacar pertenencias de la habitación de Brayan. También indicó que los policías preguntaron qué había pasado y que la joven colombiana les dijo que Brayan les había robado un dinero.

Ante la insistencia de los policías, Yesly Tatiana les confesó que se dedicaban a prestar dinero. Un “oficial” le respondió que eso es un delito que se persigue “de oficio”, igual que entrar a una vivienda “sin permiso y sustraer cosas”, según escribió María Helena Castelano en uno de los chats conocidos por este semanario.

También le explicó a Alejandra que los policías le dijeron que iban a llevar a los cuatro colombianos al “Torito”, como se conoce el Centro de Retención Municipal, y que en 36 horas los soltarían.

Alejandra escribió: “Toca esperar, confiar en Dios, porque Dios sabe que no somos malos”, y María Helena Castelano le respondió con mala ortografía: “Yo lo se también son personas nobles y les tengo aprecio. Pero yo no los denuncie como se cree. Solo hable a la patrulla para que ella (Yesly Tatiana) se calme”. Además, aseguró que no se había fijado en los números de las patrullas.

Esa misma tarde, Alejandra le pidió a Román Hernández Cetz y a su esposa ir a buscar al “Torito” o a cualquier otro penal de la ciudad a los cuatro detenidos. La pareja de Alex temía hacer la búsqueda en persona porque pensó que podría ser deportada.

Por la noche, Román regresó al apartamento y le dijo a Alejandra y a Carmen Urrego, la mamá de Sebas, que los colombianos no estaban en ningún centro de detención.

Por la noche, Román regresó al apartamento y le dijo a Alejandra y a Carmen Urrego, la mamá de Sebas, que los colombianos no estaban en ningún centro de detención.

El martes 19, muy temprano, Román llamó a Alejandra para comunicarle que los desaparecidos habían sido entregados por la policía municipal de Cancún al ‘Cártel de Jalisco’ (CJNG).

Según explicó, un “intermediario” de ese grupo delictivo le había llamado a su teléfono celular para darle esa noticia e informar a la familia que tenían que depositar 50,000 pesos mexicanos (2,670 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de una persona de apellido “Rouche”.

Alejandra y la señora Carmen pidieron “a los muchachos de la ruta” de los “gota a gota” reunir el dinero. A las cuatro y media de la tarde lo depositaron en una sucursal bancaria de Plaza Xcaret.

Román dio aviso a los secuestradores y les mandó la foto de la ficha del depósito. Estos le dijeron que en una hora soltarían a los cuatro colombianos en la Plaza de las Américas.

Carmen Urrego y Alejandra recorrieron ese centro comercial varias veces sin encontrar a sus gentes.

Los habían víctimas.

 

 

 

[email protected]

RAM