Claudia Sheinbaum Enviará Iniciativa de Ley General del Agua para Frenar Acaparamiento y Venta Ilegal del Recurso, Seria Ultima Estocada para Aguakan en Quintana Roo

Jimena Madrigal / CAMBIO 22

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General del Agua, acompañada de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de frenar el acaparamiento y la venta ilegal del recurso hídrico en el país.

Entre los alcances de la propuesta, pondría poner fin al contrato de concesión otorgado a la empresa Aguakan para operar el servicio de agua potable en cuatro municipios del norte de Quintana Roo, mismo que se extendía de forma irregular hasta el año 2053. El Gobierno del Estado ya buscaba revocar dicho contrato, pues sobre la empresa pesan denuncias penales y no logró demostrar la validez del decreto 195, con el que intentó ampararse contra la cancelación.

Sheinbaum subrayó que la nueva legislación busca eliminar la visión del agua como mercancía. Bajo el nuevo esquema, si un concesionario no utiliza el recurso que le fue asignado, estará obligado a devolverlo al Estado para su reasignación. “El agua debe dejar de verse como un negocio privado”, puntualizó.

Durante la conferencia presidencial, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que la iniciativa plantea un ordenamiento integral del recurso, garantizando acceso equitativo y evitando prácticas de acaparamiento, como las que ocurrieron durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua, donde se usó de manera ilegal el agua con fines políticos mientras productores enfrentaban carencias para consumo y riego.

Asimismo, se advirtió que en diversas regiones del país la infraestructura de presas ha sido explotada de manera abusiva en un contexto de sequías recurrentes y creciente presión sobre las fuentes de abastecimiento.

La iniciativa contempla también la creación de un catálogo de delitos hídricos, con sanciones más severas para quienes extraigan agua de forma ilegal o perforen pozos clandestinos. Sheinbaum expuso que actualmente existen casos donde se extraen cientos de pipas diariamente para su venta, con costos de hasta 3 mil pesos por unidad, lo que incrementa el gasto de las familias y agrava la desigualdad en el acceso al recurso.

Con esta reforma, el Gobierno federal busca sentar las bases de una gestión más justa y sostenible del agua en México.

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