Olivia Vázquez/CAMBIO 22

CANCUN, Q. ROO, 06 de enero.- Cancún podría enfrentar nuevamente caos y bloqueos el próximo 11 de enero que se revise y discuta el amparo promovido por Uber y que será discutido ese día para la operación de esta plataforma en el estado.

En redes sociales ya se alerta esta situación y de acuerdo a declaraciones de Eleazar Sagrero, secretario general del Frente Unico de los Trabajadores del Volante (FUTV) de Quintana Roo, se estarían definiendo con otros 19 sindicatos las acciones que se podrían dar cuando el Tercer Tribunal Colegiado vuelva a someter a discusión el amparo 334/2019 promovido por Uber.

En esta notificación, el mismo tenor, Uber difundió un comunicado donde refiere que se presentó un amparo ante la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo para poder operar en Cancún.

El proyecto de amparo en revisión será discutido el próximo miércoles 11 de enero de 2023. Este documento contiene un análisis de los aspectos jurídicos que deberán ser tomados en consideración en la discusión de la próxima semana.

En este sentido, Uber señala que de acuerdo con la Ley de Movilidad de Quintana Roo, y sus diferentes artículos como el  contenido en el Párrafo 197: las empresas de redes de transporte como Uber son “un modelo de negocio diferente” al de los taxis, así como señala que el Párrafo 209 “no es jurídica ni constitucionalmente razonable que para prestar un servicio privado se exija concesión, puesto que dicho acto administrativo únicamente es para ceder a un particular el derecho de explotar un servicio público”.

También señala que el Párrafo 218 añade: una empresa de redes de transporte “no corresponde a una actividad propia del Estado, no debe regularse dentro del ámbito del servicio público” y  el párrafo 224 que concluye: “Por todo lo anterior, es que asiste razón a la quejosa en que el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas es distinto al servicio de transporte público, de ahí que no puede ser regulado de la misma manera, en particular, que no es razonable exigir una concesión para prestar el servicio”.

Por este argumento, Uber es una aplicación para prestar un servicio privado, no público. Por lo tanto, no puede ser regulada igual que un servicio público como taxi, y no requiere concesión para operar en el estado de Quintana Roo. Señala el comunicado.

En este sentido refieren que de aprobarse este proyecto, Uber estaría en total libertad de operar en el estado.

Esta condición vuelve a alerta a los sindicatos y a la misma ciudadanía que prende los focos de alerta ante un posible bloqueo o manifestación que volviera a paralizar la movilidad en los destinos.

Lo anterior, luego de que el pasado 14 de diciembre, cuando se intentó analizar el tema, alrededor de 45 mil choferes de taxis y colectivos participaron en una protesta en los 11 municipios del estado.

o.vazquez@diariocambio22.mx

 

JFCB

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