Ciudadano Acusa Violación de sus Derechos por Omisión del Congreso de Quintana Roo en el Caso de Aguakan

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 11 de enero.- Un ciudadano de Cancún acusó al Congreso del Estado ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) de violar sus derechos político-electorales por la omisión de hacer cumplir el resultado de la consulta popular sobre Aguakan en el municipio de Benito Juárez, donde resultó vinculante para las autoridades estatales y municipales.

El ciudadano José Luis Cano Be señala en su Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadanía Quintanarroense que la omisión legislativa cometida por el Congreso de Quintana Roo consiste en no haber contemplado recursos públicos para tramitar la cancelación de la concesión de agua potable a la empresa Aguakan, tanto en la Ley de Ingresos como en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 2023 como en los del ayuntamiento de Benito Juárez.

La consulta popular realizada el día de la jornada electoral del 5 de junio de 2022, arrojó resultados en los que la ciudadanía participante se pronunció mayoritariamente por retirarle la concesión a la empresa Aguakan, y los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos la consulta resultó vinculante para las autoridades estatales y municipales, por lo que están obligadas a cumplir la voluntad popular expresada, según la Ley de Participación Ciudadana.

Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad del estado y los 3 municipios involucrados ha anunciado el inicio de alguna acción para tramitar el retiro de la concesión a la empresa Aguakan, y en el Congreso del Estado los diputados de la XVII Legislatura han hecho todo lo posible por evitar la atención del tema.

Según el ciudadano inconforme, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del estado y los municipios deberían de haber destinado recursos públicos para el procedimiento contra Aguakan, pero no fue así.

Por lo pronto, ya han pasado más de 4 meses desde que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) declaró, el 23 de agosto del 2022, que la consulta popular es vinculante en los tres municipios mencionados y le informó al Congreso, al Poder Ejecutivo y los ayuntamientos correspondientes del estado, para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención.

En el juicio se pide “la entrega inmediata y completa” de los recursos que deben reflejarse en los presupuestos de Egresos del año 2023, tanto del estado como de los municipios, para hacer cumplir el resultado de la consulta popular.

Señala que la Ley de Ingresos de los municipios no está la partida de ingresos por concepto de derechos de agua, y en el Presupuesto de Egresos del estado y los municipios no hay un rubro que contemple los conceptos de gastos de ejecución para hacer cumplir la declaración de vinculante de la consulta popular.

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