Cinco años Después, Los Cambios que Originó la Pandemia al Crimen Organizado en América Latina y el Caribe

• Henry Shuldiner/Insight Crime

Redacción/CAMBIO 22

Cinco años después del inicio de la pandemia de COVID-19, el crimen organizado adoptó nuevas estrategias y fortaleció su control sobre los territorios y las economías ilícitas en América Latina y el Caribe.

Las cadenas de suministro del narcotráfico han cambiado, los grupos criminales han aprovechado la falta de oportunidades económicas para reclutar nuevos miembros, y la combinación de inseguridad y crisis económicas ha desatado una ola migratoria masiva que las estructuras criminales han explotado en su beneficio.

InSight Crime analiza varias formas en que la pandemia ha impactado en el crimen organizado desde su inicio, hace cinco años atrás.

1. Reconfiguración de las rutas del narcotráfico y las cadenas de suministro

En marzo de 2020, Estados Unidos, Canadá y México cerraron sus fronteras para todos los viajes no esenciales, argumentando que era una medida necesaria para frenar la propagación de COVID-19. Sin embargo, los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y de armas sufrieron los efectos más significativos, no en las fronteras internacionales, sino en las cadenas de suministro globales que sostienen el negocio de las drogas.

En México, los productores de drogas sintéticas dependían desde hacía tiempo de insumos químicos importados desde Asia para fabricar sustancias como el fentanilo y la metanfetamina. Con la ralentización de esas importaciones, los productores mexicanos tuvieron que adaptarse. En lugar de seguir dependiendo de precursores clave como el P2P y la metilamina, comenzaron a sintetizar estos compuestos a partir de sustancias más accesibles y con menos reguladas, obtenidas en el ámbito local. Este cambio no solo los protegió frente al endurecimiento del control internacional sobre las importaciones químicas, sino que también hizo que sus operaciones fueran más resistentes a las interrupciones en las cadenas de suministro internacionales.

En Colombia, el cierre de fronteras y la reducción del tráfico marítimo generaron un problema opuesto para las organizaciones narcotraficantes: un exceso de droga acumulada. Los retrasos y el aumento de los costos de transporte marítimo generaron un cuello de botella, dejando a los traficantes con cargamentos de droga listos para ser exportados. Con más cocaína de la que podían trasladar, los grupos criminales se fragmentaron y aumentó la competencia.

Cuando el mundo empezó a salir de la pandemia y la demanda se reactivó, los narcotraficantes que buscaban llegar a Europa o a Estados Unidos podían escoger entre distintos grupos colombianos, y tendían a preferir a aquellos con las redes logísticas más fuertes, control territorial y acceso a rutas de tráfico. Esta pugna por el dominio provocó enfrentamientos violentos a lo largo de corredores clave, agudizando las fracturas del crimen organizado en Colombia. Hoy, las secuelas de esas luchas de poder siguen siendo visibles en varias zonas de conflicto del país.

2. La pandemia aceleró la crisis de seguridad en Ecuador

Pocos países en América Latina sintieron con tanta fuerza las consecuencias de largo plazo de la pandemia como Ecuador.

Con la entrada en vigor de los confinamientos, la economía ecuatoriana se paralizó. Las restricciones a la movilidad obligaron al cierre de negocios y el desempleo se disparó, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Las organizaciones criminales no perdieron el tiempo y ocuparon el vacío dejado por el Estado, reclutando a menores de edad y jóvenes desempleados con la promesa de ingresos estables, justo cuando los programas sociales estaban siendo recortados y la asistencia gubernamental disminuía. El aumento de homicidios de jóvenes evidencia un panorama desolador: desde 2020, los asesinatos de personas de 19 años o menos han aumentado más del 200%.

Mientras las fuerzas de seguridad se enfocaban en hacer cumplir los confinamientos y las medidas de distanciamiento social, las operaciones antinarcóticos –como incautaciones de drogas, allanamientos preventivos y labores de inteligencia– se redujeron drásticamente. El crimen organizado aprovechó esta reorientación de prioridades.

Al mismo tiempo, las cárceles, ya superpobladas e inestables, fueron relegadas como prioridad, y los recursos se destinaron a otras áreas. Los grupos criminales reforzaron su control al interior de los centros penitenciarios, usándolos como espacios para reclutar, coordinar y consolidar poder. Las consecuencias de este abandono aún se sienten hasta el día de hoy, y las prisiones siguen siendo epicentros de violencia y control criminal.

3. El crimen organizado consolidó su control sobre el tráfico de migrantes

La migración desde algunos de los países más inseguros y con mayores crisis económicas de América Latina se disparó durante la pandemia.

Al principio, esta movilización humana se vio obstaculizada por los confinamientos y el cierre de fronteras terrestres, especialmente entre Venezuela y Colombia. A medida que se endurecían los controles oficiales, los migrantes quedaron en manos de redes de tráfico, en particular del Tren de Aragua, que comenzó a ofrecer rutas de contrabando en varios países. Incluso tras la reapertura de las fronteras, muchos migrantes siguieron recurriendo a estos grupos, debido a la desconfianza en las autoridades migratorias y las fuerzas de seguridad venezolanas, percibidas como corruptas.

En Colombia, el número de personas que cruzaron el Tapón del Darién –la selva que conecta Colombia con Panamá– se disparó después de la pandemia. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el grupo criminal dominante en el norte del país, fortalecieron su rol en el tráfico de migrantes ante el aumento del flujo. En 2021, unas 130.000 personas realizaron este trayecto tan peligroso. Para 2024, la cifra superó el medio millón.

El flujo histórico de migrantes por el Tapón del Darién se convirtió en un tema crucial, no solo para los grupos criminales locales, sino también en la política internacional. En 2024, la migración se posicionó como uno de los principales temas de campaña presidencial en Estados Unidos, mientras miles de migrantes –muchos con destino final en ese país– atravesaban este peligroso corredor selvático, en gran medida con el apoyo de estructuras criminales.

Aunque en 2025 la migración por el Darién ha disminuido considerablemente, las AGC aprovecharon la crisis para consolidar su control sobre la región del Urabá, y su influencia sigue muy arraigada.

En América del Norte, el impacto de la pandemia sobre las políticas fronterizas y el tráfico de migrantes aún es evidente. Con la llegada de COVID-19, Estados Unidos implementó el Título 42, una medida sanitaria que suspendió efectivamente los procedimientos de asilo y permitió a las autoridades expulsar a migrantes hacia México o a sus países de origen.

Pero el Título 42 empujó a muchos migrantes hacia los grupos del crimen organizado que ofrecían servicios de contrabando que vieron en esta población vulnerable una oportunidad para extorsionar, secuestrar y agredir sexualmente. Al mismo tiempo, muchos albergues para migrantes se vieron obligados a cerrar o reducir su capacidad, lo que expuso aún más a estas personas a los peligros del crimen.

Los grupos criminales mexicanos, incluido el Cartel del Noreste –una escisión de los Zetas–, intensificaron su control sobre las rutas migratorias. En ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, este grupo incrementó los secuestros y exigió rescates de miles de dólares por la liberación de personas. Esta explotación de migrantes, a quienes se obligaba a permanecer en México por las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia, disparó las ganancias de los grupos criminales mexicanos y consolidó el tráfico de migrantes como un componente clave de su portafolio criminal.

Fuente: Insight Crime

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