Cimbra al Gobierno de Quintana Roo Acusación Directa en Contra de la Sefiplan en la “Mañanera”

► Estas acusaciones implican una presunta solicitud de un “moche” de 3.5 millones de pesos para acelerar el pago de una deuda a proveedores, heredada del gobierno de Carlos Joaquín

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de noviembre. – En la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, un incidente sacudió el ambiente político de Quintana Roo y el gobierno federal. El Oficial Mayor de Quintana Roo, Adrián Díaz Villanueva, se enfrenta a graves acusaciones de corrupción presentadas por una periodista ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas acusaciones implican una presunta solicitud de un “moche” de 3.5 millones de pesos para acelerar el pago de una deuda a proveedores, heredada del gobierno de Carlos Joaquín.

Los empresarios involucrados en esta supuesta extorsión son Jaime Ruiz Brueguer y Enrique Olguín Sauceda, propietarios de Brueguer Publicidad. Esta empresa, que recibió un pago parcial en mayo de este año, aún espera el saldo restante de 8.5 millones de pesos de un contrato del año 2019.

La discusión surge con la afirmación de que Díaz Villanueva habría solicitado un “pago adelantado” para agilizar el finiquito de esta deuda.

La respuesta del presidente López Obrador a estas acusaciones fue cautelosa: “Sí, que se revise, pero que se presentan pruebas”. Esta declaración del presidente reitera la necesidad de fundamentar las acusaciones con evidencia concreta.

El presidente aprovechó la ocasión para hacer una amplia referencia a la práctica de los “moches” durante el período neoliberal, destacando que su gobierno ha trabajado para erradicar esta práctica corrupta. Sin embargo, estas acusaciones contra un funcionario de alto rango en Quintana Roo plantean interrogantes sobre la efectividad de estas medidas anticorrupción.

La situación pone en tela de juicio la integridad de los procesos administrativos y financieros en la Sefiplan, así como la eficacia de los mecanismos de supervisión y control implementados por el actual gobierno. Los empresarios y la sociedad en general están a la espera de una investigación transparente y justa.

Las autoridades competentes deben llevar a cabo una investigación exhaustiva y rápida para aclarar estos señalamientos. La credibilidad de las instituciones gubernamentales y la confianza del público se encuentra en riesgo.

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