Ciencia y Política en el Debate Sobre los Edulcorantes

Arturo Rodríguez García/Redacción/CAMBIO 22  

El nuevo impuesto propuesto a bebidas con edulcorantes ha abierto un debate que va más allá de la nutrición. En el fondo, la discusión enfrenta dos visiones. Una que busca soluciones rápidas a los problemas de salud pública mediante medidas fiscales, y otra que exige políticas basadas en evidencia científica, análisis económico y educación al consumidor.

De acuerdo con el doctor Hugo Laviada, endocrinólogo e investigador especializado en metabolismo y obesidad, los edulcorantes aprobados por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no representan riesgos significativos para la salud cuando se consumen dentro de los límites establecidos:

“No existe evidencia concluyente que los vincule con alteraciones metabólicas graves en humanos. Por el contrario, su uso responsable puede ayudar a reducir el consumo de azúcares simples en poblaciones con sobrepeso o riesgo de diabetes”, explicó en una charla que sostuvo con medios de comunicación.

En la misma línea, Ana Marcela Rodríguez, directora de Temas Científicos y Regulatorios de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), subrayó que el debate debe mantenerse en el terreno técnico. Recordó que muchos países han adoptado políticas integrales de reducción de azúcares sin recurrir a gravámenes punitivos, combinando incentivos a la innovación y campañas de información nutricional.

Por su parte, Laura Miranda, coordinadora regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA), insiste en que si los legisladores quieren construir políticas efectivas, deben hacerlo con base en la ciencia, no en suposiciones. Un impuesto a las bebidas con edulcorantes puede trasladar costos a toda la cadena de valor: fabricantes, proveedores y el sector agrícola que depende de estos insumos.

Los especialistas coincidieron en que el problema de la obesidad en México es real y urgente, pero también complejo. En su opinión, culpar o gravar a los edulcorantes es una salida simplista que no atiende las causas estructurales: una dieta desequilibrada, el bajo acceso a productos saludables y la falta de educación nutricional. En lugar de sancionar a una industria que ha desarrollado alternativas con menos calorías, señalaron, el Estado debería incentivar la innovación y reforzar la investigación local sobre hábitos alimentarios.

Lo que es un hecho es que México necesita una política pública en salud que equilibre rigor científico y sensibilidad social. La obesidad no se combate con impuestos improvisados, sino con educación, regulación inteligente y decisiones informadas.

*Lo que perdió Arregui*

Manuel Rodríguez Arregui, ex funcionario de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, intenta boicotear en Capufe un contrato que perdió Controles Electromecánicos, empresa cercana a su fondo AINDA Energía e Infraestructura.
Y es que este oscuro personaje recurrió a sus amigos para cuestionar una licitación que perdieron compañías que durante muchos años ganaban diversos concursos en esta dependencia.

Lo que no dice Rodríguez Arregui es que tras perder la licitación, mágicamente, vía escritorios remotos, se afectó la operación de cientos de casetas en el país. La autoridad investiga quienes pudieron realizar estos actos vandálicos, pero muchos piensan que el culpable tiene nombre y apellido más que evidente. Tal vez el ex funcionario público pueda colaborar o aportar tips para dar con los responsables. Por cierto, Rodríguez Arregui es más que cercano a Roberto Hernández, ex dueño de Banamex, quien lo aprecia casi como un hijo. Así, este ex servidor público y sus socios enviaron información para descarrilar el concurso que sus aliados perdieron. Sería bueno que la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro indague al ex colaborador de Felipe Calderón y las empresas afines a su fondo AINDA Energía e Infraestructura, pues podría llevarse muchas sorpresas.

Motor regional en sincronía

El desempeño reciente del sector de vehículos pesados confirma que, más allá de los altibajos coyunturales —como caídas en ventas, producción y exportación durante septiembre—, México mantiene una posición estratégica dentro del bloque comercial de Norteamérica.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), encabezada por Rogelio Arzate, insiste en que la clave está en capitalizar la coyuntura para fortalecer la cooperación trilateral bajo el T-MEC.

Con un 64% de contenido regional y una industria que cumple cabalmente los compromisos de integración, el país articula una red productiva que impulsa empleo, innovación y desarrollo logístico en la región. México no se repliega ante la incertidumbre: apuesta por modernizar su parque vehicular, atraer inversión y consolidarse como una plataforma de movilidad sustentable que combine productividad con responsabilidad ambiental.

Campeche y las normas

La promoción del cumplimiento de Normas y estándares en productos y servicios dirigidos a consumidores finales, mediante la Jornada de Normas y Acreditación sigue en gira nacional. Este ejercicio impulsado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), que preside Raúl Tornel, junto a la CANACINTRA, que lleva María de Lourdes Medina; la CMIC, representada a nivel nacional por de Luis Méndez; y la PROFEPA, de Mariana Boy, llegó al estado de Campeche que gobierna Layda Sansores, haciendo acto de presencia Juan Pablo Mex Salazar y Sergio Pérez Barrera, presidentes de CANACO SERVYTUR en el estado y de CANACINTRA misma Delegación.

Ahí se abordó el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, vital para asegurar que los productos y servicios en el mercado cumplan con estándares que protegen la salud, la seguridad de los consumidores y el medio ambiente, además del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), implementado por PROFEPA.

Fuente: El Heraldo

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