Central de CFE se Encuentra Bajo la Lupa

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Carbón II es más que un accidente local. Es la prueba de que sostener plantas obsoletas con combustibles caros y procesos irregulares no es una estrategia viable

Atzayaelh Torres / CAMBIO 22

Y sigue la mata dando en el caso que presentamos hace unos días en este espacio, donde señalamos los malos manejos que sacaron de operación la central termoeléctrica Carbón II de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nava, Coahuila.

Pues bien, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha venido documentando un patrón preocupante: entre 2020 y 2023 se recibieron en la central de Nava millones de toneladas de carbón sin trazabilidad técnica. Este hallazgo no es menor. Habla de adquisiciones fuera de norma, sin controles de calidad ni garantías sobre el combustible que alimentó una de las plantas más grandes del país.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ya tiene sobre la mesa las denuncias que se derivan de esos informes. El procedimiento es claro: determinar responsabilidades administrativas y sancionar a los funcionarios que avalaron contratos opacos. El trasfondo, sin embargo, va más allá de los expedientes: revela la fragilidad de un modelo de operación energética que no resiste un análisis serio de costo-beneficio.

Los números técnicos lo confirman. La central de Nava opera con apenas 27 por ciento de eficiencia térmica, mientras el promedio de las termoeléctricas mexicanas se ubica en alrededor del 36 por ciento; en contraste, las plantas de ciclo combinado alcanzan niveles de 50 a 60 por ciento.

Esa diferencia de nueve puntos frente al promedio nacional implica decenas de millones de pesos adicionales cada año en consumo de combustible, solo para generar la misma electricidad.

En paralelo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) estima que en 2023 la planta emitió más de 9 millones de toneladas de CO₂ y 100 mil toneladas de SO₂, colocándola entre las mayores fuentes de contaminación industrial del país. Un solo activo representa, por sí mismo, un retroceso frente a los compromisos de mitigación climática.

Recordemos que esta condición de mala operación sistemática derivó en lo ocurrido el 6 de junio, cuando la central se apagó tras la falla crítica de su única unidad activa. El colapso fue atribuido por técnicos de CFE al uso prolongado de diésel y combustóleo en calderas diseñadas para carbón mineral. De acuerdo con denuncias, entre 2 y 2.5 millones de litros de diésel se adquirían semanalmente, con un sobreprecio de hasta 7 pesos por litro. Se trataba de un esquema que encarecía la operación, desplazaba al carbón de proveedores consolidados y aumentaba la corrosión de los equipos.

El círculo es claro: contratos sin control, combustibles inadecuados, sobrecostos injustificados y emisiones desbordadas. Un esquema insostenible que no solo se mide en toneladas o porcentajes, sino en la credibilidad de la política energética.

Por eso, el caso de Nava ya no se discute únicamente en despachos técnicos o auditorías. En Palacio Nacional el expediente mantiene ceños fruncidos y cejas levantadas desde hace meses. La preocupación no es menor: lo que ocurre ahí contradice el discurso de eficiencia, disciplina fiscal y control estatal que se busca proyectar.

Carbón II es más que un accidente local. Es la prueba de que sostener plantas obsoletas con combustibles caros y procesos irregulares no es una estrategia viable. El país enfrenta una definición: continuar subsidiando un modelo costoso y contaminante, o reorientar recursos hacia esquemas modernos y sostenibles.

Fuente: El Financiero

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