abril 15, 2024 11:39

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Renán Castro Madera, Director General

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Víctor Galván/CAMBIO 22

A las puertas del proceso electoral más grande que vivirá el país, desde el poder presidencial arreció la andanada de censura y acoso en contra de periodistas de medios nacionales, mientras en el país se agudiza el clima de violencia.

El último de los casos fue el de la periodista Azucena Uresti, quien dejó el espacio que tenía en Milenio Televisión y en su despedida lanzó una frase que dejó muchas interrogantes: “dadas las circunstancias actuales”. Aunque la empresa aclaró después que su salida se dio de manera voluntaria, las suspicacias y circunstancias hacen pensar algo distinto.

El de Azucena se suma a los de Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, entre otros, a poco más de cuatro meses de que los ciudadanos elijan Presidente de la República y se renueven las cámaras de Diputados y Senadores y, a nivel Quintana Roo, las 11 presidencias municipales y el Congreso local.

De acuerdo con el INE, en México hay poco más de 100 millones de potenciales votantes que podrán ejercer su derecho el próximo 2 de junio, el número más grande de la historia del país, lo que no es cosa menor.

Escenario alarmante

En esta coyuntura, a nivel nacional la inseguridad y violencia van en aumento y las mismas cifras oficiales son contundentes.

En los primeros cinco años de gobierno de López Obrador fueron asesinadas 165 mil 358 personas, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, número que rebasa a cualquiera de los anteriores sexenios. Y aún faltan poco menos de nueve meses para que termine su mandato.

En cuanto a desapariciones, hasta el 31 de diciembre de 2023 en el sexenio se contabilizaban más de 48 mil ciudadanos en esta condición, en medio de reclamos de madres buscadoras, un censo oficial dudoso y el recrudecimiento de amenazas del crimen organizado a colectivos de búsqueda.

En días recientes, Guerrero ha sido escenario de hechos que encendieron más las alarmas. En el pueblo de Ayahualtempa, líderes locales presentaron a 15 niños y 5 niñas, de entre 11 y 15 años portando armas, a quienes les dieron la encomienda de asumir funciones de vigilancia como parte de su estrategia para enfrentar a los grupos criminales, que en su último ataque secuestraron a una familia completa el 19 de enero.

En Taxco, transportistas suspendieron servicios esta semana por falta de seguridad tras el asesinato de uno de sus compañeros el fin de semana a manos del crimen organizado que los extorsiona. La ciudad, conocida a nivel mundial por su producción y elaboración de artículos de plata, se convirtió en un fantasma ante el miedo de la población de salir de sus casas. El problema le explotó en las manos al alcalde Mario Figueroa, quien había viajado a Madrid, al igual que alcaldes de todo el país, estar presente en la FITUR; de regreso ante esta situación y, en un desacertado mensaje difundido en redes sociales con el afán de minimizar un problema de gran magnitud, dijo que se trataban de “bachecitos” que “van a seguir pasando”.

Y en las carreteras nacionales los transportistas federales tampoco se salvan; víctimas de asaltos y secuestros, al menos 15 organizaciones anunciaron su participación en un paro nacional convocado para el 5 de febrero.

Estrategia fallida

El llamado gobierno “humanista” ha carecido de sensibilidad y empatía hacia las víctimas de la violencia, pues hasta ahora ninguna de las estrategias implementadas por el Gobierno Federal ha servido para disminuirla. El reparto de dinero a grupos marginados y vulnerables ha demostrado ser una política errónea para un problema tan grave y sensible, pues no ha sido efectiva para contrarrestar ni la pobreza, ni para enfrentar el alza de precios de productos básicos y mucho menos a la inseguridad.

Pero López Obrador siempre tiene otros datos y otras prioridades, como la pretensión de eliminar organismos autónomos bajo el argumento de que no trabajan a favor del pueblo y con el objetivo de que sus funciones sean absorbidas por dependencias federales, con lo que ya no existiría la autonomía y, en consecuencia, la imparcialidad y certidumbre en su labor.

A López Obrador le asusta la libertad de pensamiento y de crítica que puedan ejercer los ciudadanos hacia su gobierno y en ello están incluidos jueces y magistrados que gozan de autonomía, por lo que insistirá en una reforma a la Constitución para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por el voto popular. De esta forma, intentará controlar su designación, como ya lo hizo al lograr incluir a Lenia Batres como magistrada.

Así, mientras la inseguridad se agudiza y se acerca la campaña electoral, la censura sube de tono desde Palacio Nacional.

 

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RHM

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