abril 21, 2024 00:48

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Renán Castro Madera, Director General

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► El centro nacional consideró que violan los derechos humanos al establecer en el Código Civil el requisito de presentar prueba de VIH para contraer matrimonio ► La propuesta la hicieron Humberto Aldana Navarro y Mildred Ávila Vera, que son considerados precandidatos de Morena a diputados federales para la elección de este año ► Va en contra de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Norma Oficial Mexicana para el control del VIH, señala

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 8 de enero.- El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) denunció como violatoria a los derechos humanos la reforma al artículo 682 del Código Civil de Quintana Roo aprobada por la XVII Legislatura del estado en diciembre pasado, la cual establece la obligación de presentar una prueba de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisito a quienes desean contraer matrimonio.

La reforma fue impulsada por el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y la diputada Mildred Ávila Vera, ambos de Morena y que aparecen como precandidatos del partido a diputados federales por los distritos 3 y 4 de Cancún, y fue aprobada el pasado 13 de diciembre de 2023 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 del mismo mes.

“Esta disposición contraviene los artículos 1° y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tal motivo, vulnera los derechos de las personas que viven con VIH, para quienes puede convertirse en una barrera si desean contraer matrimonio”, explica el organismo a través de un comunicado.

Además, indicó que esta medida se contrapone a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA-2023 Para la prevención y el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, que señala que no se debe solicitar una prueba de detección del VIH como requisito para el acceso a bienes o servicios de cualquier tipo; contraer matrimonio; divorciarse; ingresar u obtener, permanecer o ascender en el empleo; formar parte de instituciones educativas o de salud; ejercer el trabajo sexual; o para recibir atención médica, y en cualquier otro caso que impida o anule el ejercicio de los derechos de la persona.

Esta norma es de observancia general, por lo que debe ser acatada por el gobierno federal y por todos los gobiernos estatales y municipales, recalcó.

La dependencia federal considera que la reforma en el Código Civil de Quintana Roo, impulsada por el diputado Humberto Aldana, y que entró en vigor el pasado 21 de diciembre al ser publicada en el Periódico Oficial, pone en riesgo los avances alcanzados en materia de derechos humanos en la respuesta al VIH en México, por lo cual resulta crucial su revisión política y jurídica.

Censida recordó que en México las personas que viven con VIH cuentan con tratamiento efectivo, seguro y gratuito.

“Estos medicamentos impiden el avance del virus y contribuyen a que puedan gozar de calidad y expectativa de vida plena”, agregó.

Asimismo, el organismo recordó que la prueba de detección del VIH es una estrategia de prevención a la que toda la población con vida sexual activa puede tener acceso como parte de su derecho al cuidado de la salud, por lo que esta prueba es voluntaria y no debe ser coercitiva.

Cabe mencionar que la reforma mencionada indica lo siguiente; que para contraer matrimonio en el estado de Quintana Roo, se debe presentar “un certificado médico por cada persona contrayente, en el que asegure que no padece enfermedad o padecimiento crónico o incurable, que además sea contagioso y/o hereditario. De encontrarse enferma una o ambas personas contrayentes, el certificado médico deberá contraer alcances y efectos de las mismas, así como si existe algún riesgo y las medidas para la prevención de la enfermedad o padecimiento, de tal manera que las personas estén debidamente informadas de su decisión, en los términos que corresponda”.

Luego, establece una salvedad para que la enfermedad no sea impedimento para contraer matrimonio, “cuando conste la manifestación expresa frente a la persona juzgadora, por cualquier medio, de que ambas personas contrayentes tienen conocimiento de las circunstancias enunciadas, así como de sus consecuencias, y que consienten de ambas, estando informadas para contraer matrimonio bajo las mismas”.

Los diputados consideraron que con esta reforma se impide la discriminación, y permite a las personas contrayentes tomar una decisión informada, sobre todo porque se establece que la enfermedad incurable o hereditaria ya no será impedimento para contraer matrimonio cuando se manifieste por escrito ante el juez que se está en conocimiento pleno de eso.

No obstante, para cumplir con este extremo, se estableció la obligación de presentar el examen médico correspondiente.

 

 

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