Ceaveqroo, en Crisis

• A tres días del plazo legal, sigue sin titular. La convocatoria permanece estancada y los candidatos sin información

• Urge que la designación no se dilate más

Ricardo Jesús Rivas / CAMBIO 22

CHETUMAL, 27 de agosto. – La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo) se encuentra en un limbo institucional tras la salida de Landy Blanco Lizama, ocurrida el pasado 22 de agosto, luego de ser electa como magistrada. Pese a la relevancia de esta instancia para garantizar justicia y acompañamiento a quienes han sufrido delitos o violaciones a sus derechos, el organismo permanece acéfalo y sin rumbo, dando pie a que los trabajadores se nieguen a recibir denuncias y desacrediten los hechos narrados por las víctimas.

De acuerdo con el marco legal, ya se debió presentar la terna de aspirantes ante el Congreso del Estado para designar a la nueva persona titular. Sin embargo, la gobernadora aún no ha enviado la propuesta, lo que prolonga la parálisis en una institución clave. La omisión refleja desinterés político y una falta de sensibilidad hacia las víctimas, quienes ven mermada su confianza en un organismo que debería ser su principal respaldo.

Mientras tanto, el 24 de agosto debió de tomar posesión del cardo la nueva o nuevo titular de la Comisión, la Ceaveqroo opera con funcionarios que, según testimonios, desalientan la presentación de denuncias para no acumular más carga laboral. La convocatoria permanece estancada y los candidatos sin información.

Esta práctica erosiona la credibilidad de la institución y convierte en letra muerta los principios de acceso a la justicia y reparación integral que le dieron origen. El vacío de liderazgo se traduce en desprotección para quienes más necesitan acompañamiento frente a la violencia y la impunidad.

El retraso en el nombramiento abre cuestionamientos sobre la prioridad que el gobierno estatal concede a la atención a víctimas en un contexto de creciente inseguridad. Mantener acéfala a la Ceaveqroo no es un detalle administrativo, sino una decisión política que profundiza la crisis de justicia en Quintana Roo. Urge que la designación no se dilate más y que el proceso no sea tratado como un simple trámite burocrático, sino como una oportunidad para devolverle rumbo, legitimidad y eficacia a la institución.

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