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• México destinará 15 millones de dólares para organizar el encuentro global de ONU-Habitat.

 

 

• Recursos no estarán sujetos a mecanismos nacionales de transparencia por inmunidad jurídica del organismo.

 

 

Redacción/ CAMBIO22

La Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial 2028, el encuentro global organizado por ONU-Habitat, para el cual el gobierno mexicano se comprometió a aportar 15 millones de dólares, equivalentes a unos 265 millones de pesos.

Ese monto, sin embargo, no estará sujeto a mecanismos de transparencia nacionales debido a la inmunidad jurídica de los organismos internacionales, pese a diversos escándalos de desvíos millonarios de recursos en agencias del sistema de la ONU.

ONU-Habitat emitió una nota verbal diplomática el 27 de febrero pasado en la que informó la decisión de que el Foro Urbano Mundial 2028 se llevará a cabo en la Ciudad de México, de acuerdo con fuentes con conocimiento del asunto.

De hecho, el gobierno de capitalino emitió una comunicación en su página de internet el 27 de febrero pasado, pero bajó la publicación. Se espera que el gobierno de Clara Brugada haga el anuncio oficial en Bakú, Azerbaiyán, donde se llevará a cabo la edición 13 de este foro del 17 al 22 de mayo.

El costo de organización del este foro de cinco días se ha incrementado 50% en apenas cuatro ediciones, sin que el organismo de la ONU haya publicado informes detallados sobre el destino de los recursos aportados por los países sede.

A diferencia de naciones como Brasil, Noruega, Países Bajos o Suecia, México no ha establecido mecanismos específicos de fiscalización para las aportaciones financieras que realiza a organismos de la ONU.

La convocatoria para sedes del Foro Urbano Mundial se abrió el 6 de diciembre de 2024, dos meses después de que Clara Brugada asumiera la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y después de que en noviembre de ese año, recibiera el Shanghai Award por su programa Utopías en Iztapalapa.

Irregularidades en México

Las irregularidades documentadas en distintas agencias del sistema internacional han sido diversas. En mayo de 2019, ONU-Habitat firmó un convenio de colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por 5.5 millones de dólares para brindar asistencia técnica al proyecto del Tren Maya. Como testigo de honor participó Martha Delgado Peralta, entonces subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.

Seis días después de la firma del convenio, el 27 de mayo de ese año, Delgado fue elegida en Nairobi como la primera presidenta de la Asamblea de ONU-Habitat para el periodo 2019-2023.

El proyecto del Tren Maya, impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, también fue objeto de cuestionamientos internacionales. En noviembre de 2020, seis relatores especiales de la ONU enviaron una comunicación al gobierno mexicano expresando preocupación por los posibles impactos ambientales y las afectaciones a los derechos de pueblos indígenas.

Otro antecedente polémico fue el fracaso de la Oficina de la ONU para proyectos (UNOPS) en la compra consolidada de medicamentos durante el gobierno de López Obrador. El contrato, cercano a 7 mil millones de dólares, terminó entre retrasos, sobrecostos y desabasto. A ello se suma el fallido desarrollo de un parque eólico valuado en 9 millones de dólares. Ninguno de estos proyectos

Fraudes en el mundo

 

En 2018, la UNOPS también estuvo vinculada a uno de los mayores fraudes no esclarecidos dentro del sistema de la ONU. La agencia, junto con la empresa Sustainable Housing Solutions Holdings, propiedad del empresario David Kendrick, lanzó una iniciativa para construir un millón de viviendas en distintos países. Los 58.8 millones de dólares destinados al proyecto desaparecieron sin que hasta ahora exista una explicación pública sobre su destino.

Ante estas irregularidades, algunos donantes internacionales han optado por congelar o revisar sus contribuciones. Países como Finlandia, Países Bajos y organismos como la Unión Europea han pausado financiamiento a ciertas agencias de Naciones Unidas debido a cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos destinados a programas de desarrollo.