Cateos en Felipe Carrillo Puerto Salpican al Gobierno Municipal de Maricarmen Hernández Solís

• Uno de los inmuebles intervenidos es de familiares del síndico municipal Mario Didier Aguilar Ramírez, afirman en la ciudad y desata cuestionamientos sobre transparencia, justicia y rendición de cuentas en el municipio

Redacción / CAMBIO 22

FELIPE CARRILLO PUERTO, 30 de diciembre. – Un operativo conjunto de cateos, realizado el pasado domingo en la colonia Juan Bautista Vega, rompió la calma habitual de la zona y abrió una serie de cuestionamientos en el ámbito político y social de Felipe Carrillo Puerto.

La intervención, encabezada por la Fiscalía General del Estado con apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, se llevó a cabo bajo una orden judicial para ejecutar un cateo en al menos un domicilio, mientras que sobre un segundo inmueble ha prevalecido un marcado hermetismo oficial.

Tras varias horas de diligencias, las autoridades aseguraron una de las propiedades y colocaron sellos y una lona oficial que confirma que el inmueble quedó bajo investigación.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre personas detenidas u objetos asegurados, lo que ha alimentado la especulación y la incertidumbre entre los vecinos de la colonia, así como en distintos sectores de la opinión pública local.

El caso tomó una dimensión política luego de que trascendiera la presunta relación familiar entre los residentes de uno de los domicilios intervenidos y el síndico municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mario Didier Aguilar Ramírez.

Si bien el parentesco no implica por sí mismo responsabilidad penal, el señalamiento indirecto inició la polémica sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas cuando servidores públicos aparecen vinculados, aunque sea de manera colateral, a investigaciones ministeriales.

La falta de posicionamiento público por parte de la presidenta municipal Maricarmen Candelaria Solís Hernández y el silencio que mantiene la Fiscalía sobre los alcances del cateo han

incrementado la presión ciudadana. Mientras el sello de aseguramiento continúa visible en uno de los inmuebles, el caso se perfila como una prueba clave para medir el compromiso institucional con una justicia sin privilegios y con información clara para la sociedad quintanarroense.

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