Caso Weinberg: ¿Acuerdo a Modo?

Pero hay nombres que no fueron revisados, pese a estar señalados explícita o implícitamente, y sus responsables no figuran, como algunos de quienes fueron imputados en la denuncia de la Fiscalía General en 2023, contra 61 funcionarios, los Weinberg y su socio Natan Wancier Taub.

Entre ellos destacan, toda vez que muchos de los contratos que presentaron los Weinberg como prueba de sobornos a cambio de las adjudicaciones tienen que ver con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, los excomisionados del organismo Eduardo Enrique Gómez y Eduardo Guerrero Durán, y Paulo Uribe, que fue director administrativo de los penales federales y parte del círculo íntimo de Osorio Chong, acusados de peculado por haber firmado contratos a empresas ligadas con García Luna por 88 millones de pesos.

Aunque la corrupción en los penales fue amplia, según señalaron los Weinberg, hay otro nombre que no incluyeron, cuando menos en los expedientes revisados, Sergio Montaño, que fue oficial mayor de la Secretaría de Seguridad bajo el mando de García Luna, acusado de presuntos actos de corrupción en la concesión de penales, y cuyo caso fue reactivado y se encuentra actualmente siendo analizado por la ponencia de Loretta Ortiz para determinar si lo atraen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Montaño era muy cercano a los Weinberg y participaba regularmente en sus fiestas en los yates y las playas del sur de Miami. También trabajaba muy de cerca con quien era coordinador de asesores de García Luna, José Antonio Polo Oteyza, que saltó a dirigir la empresa de los Weinberg, International Consulting and Technology, y que en la actualidad dirige la organización civil Causa en Común.

Hay otros exfuncionarios que dirigían dependencias en donde se adjudicaron muchos contratos por los que hubo pagos, que no están mencionados. El más relevante es el de Eugenio Ímaz, director del Cisen que, durante casi todo ese sexenio de Peña Nieto, junto con los penales, fue la institución en donde más contratos se les adjudicaron a los Weinberg en ese gobierno, bajo el esquema presuntamente de corrupción. Los Weinberg mencionaron 14 contratos por más de 250 millones de dólares obtenidos a cambio de pagos ilegales, sin que mencionaran en nada a Ímaz, cuyo hermano Carlos estuvo casado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Otro más que aparece desvinculado al caso Weinberg en Miami es Damián Canales, excomisionado de la Policía Federal, que adquirió un sistema de explotación de información de inteligencia en 2015, por el que se pagaron 133 millones de dólares, y que tiene una causa abierta en este momento en la Fiscalía General. Ese sistema lo produce la empresa israelí, Rafael, vinculada al Ejército de ese país, cuyo proveedor en México son los Weinberg. En su declaración, Samuel Weinberg revela que ellos lo vendieron, pero no se vuelve a hablar más de ello.

Samuel Weinberg declaró que vendieron equipos a la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal de Investigación, el Ejército, la Marina, el Cisen, la Policía Federal y “muchas otras instituciones”. Sobre las Fuerzas Armadas no hay nada en los expedientes revisados, ni de las “otras instituciones”. Vendieron sistemas de interceptación de llamadas, el sistema Laguna, que es mencionado públicamente como un equipo de espionaje, y equipos para las aduanas.

El criterio de oportunidad que negociaron con la UIF y la Fiscalía General excluye detalles de esos contratos, y sólo incluye aquellos donde, aseguran, pagaron para que se los adjudicaran.