• Influencias, presiones y despojos revelados en el caso TRESE.

 

Redacción/CAMBIO 22

ompran voluntades, forcejean para presionar a juzgadores federales, ni se diga a los locales en la Ciudad de México, mucho más vulnerables al tráfico de influencias. Es una cofradía en la que intervienen despachos y participan también exfuncionarios del Poder Judicial de la Federación conocidos por su trabajo sucio para incidir en decisiones que implican tajada sin dejar rastro.

El exconsejero jurídico que llegó a ser considerado hermano putativo de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo factor a través de su despacho en diversos asuntos entre particulares y dependencias del gobierno federal o empresas paraestatales como PEMEX.

Protege y asesora a quienes chicanean, amenazan, reparten y por añadidura compran tinta a modo en algunos medios nacionales. Las operaciones se relacionan a montos de gran cuantía en asuntos que consideran susceptibles, la táctica se enfoca algunas veces en generar percepciones alejadas de la verdad jurídica. La llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal cortó de tajo la influencia de su antecesor, que no ha sido totalmente erradicada por las habilidades que tienen como trepadores en los escalones del poder.

El caso de Tecnologías Relacionadas con Energías y Servicios Especializados (TRESE) es emblemático porque dibuja fielmente la batalla contra la ignominia. Siete años en disputa para defenderse del despojo de los recursos que por derecho le corresponden ante PEMEX, Nuvoil, la empresa Coastal, Ci Banco y hasta el United Overseas Bank Limited una institución financiera multinacional de Singapur que ha sido alcanzada por el escándalo globalizado que ha costado ya también la reciente caída bursátil de Coastal en Malasia.

La naviera mexicana pelea contra el intento de una quiebra inducida para desplazarla con artimañas que tratan de convertir en verdad una mentira repetida mil veces. Los mercenarios del chicaneo insisten en generar una percepción falsa sobre la supuesta quiebra de TRESE, sin embargo, hay decisiones jurisdiccionales firmes y vigentes que demuestran que no existe tal quiebra.

La táctica fue propiciar una quiebra en la que arrebataron recursos del socio que les abrió la puerta de ese contrato ante PEMEX que se niega sistemáticamente a cumplir una resolución que los obliga a pagar a la naviera mexicana más de 27 millones de dólares y a depositarle en un fideicomiso cerca de 37 millones de billetes verdes. En ejecución de sentencia obtenida en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la juez Séptima de Distrito en Materia Civil en la capital, Concepción Martín Argumosa ordenó a la paraestatal que dirige Octavio Romero Oropeza pagar los casi 60 millones de dólares.

La Directora jurídica de PEMEX, Luz María Zarza Delgado, alineada a los intereses de los despachos mencionados ha incumplido estos resolutivos por lo que se encuentra al filo de la navaja por negarse a acatar resoluciones firmes del Poder Judicial de la Federación.

Al final del día se trata de hacer respetar el derecho que tiene la empresa para acceder a los recursos que le corresponden y combatir un desplazamiento tramposo. Acatar sentencias cuyo cumplimiento se ha evadido con trampas para dejar muy claro que no hay quiebra.

Este es sólo uno de varios casos en los que el tráfico de influencias de un exconsejero jurídico de la presidencia opera a través de sus cómplices para buscar beneficios indebidos. La presidenta de la Corte tiene bien identificadas las intervenciones abusivas de la anterior administración y mapeados los asuntos en los que se presiona a juzgadores federales desde distintos frentes.

La ministra Piña rendirá el próximo jueves 14 de diciembre su primer informe anual de labores para dar cuenta de un periodo sumamente complicado, marcado por los ataques arteros de un régimen de simulaciones que pretende obradorizar la impartición de justicia solapando tropelías inadmisibles. Es previsible que por primera vez en la historia reciente, el Presidente de la República no asista al día más significativo del año en la Suprema Corte, sede del único poder donde no manda el tabasqueño.

EDICTOS

Qué papelón hicieron tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de no creerse el plantón fríamente calculado con motivo del informe anual de labores de su colega Reyes Rodríguez Mondragón, quien se tambalea en la presidencia de la Sala Superior. Resulta que Mónica Soto, Felipe de la Mata Felipe Fuentes Barrera se tomaron una foto desayunando juntos en un restaurante de San Ángel el día y a la hora en que la ministra Piña Hernández encabezó la sesión solemne en el edificio sede de la Corte.  Dicen que la ropa sucia se lava en casa, cualquier diferencia entre los juzgadores debería ser zanjada sin dar ese tipo de espectáculos lamentables para una institución de por sí cuestionada rumbo a la elección presidencial que será calificada justamente por ellos. ¿Qué pasa por la cabeza de estos 3 magistrados? ¿Es más poderoso el show de su enfado o rencor que la fortaleza e imagen del Tribunal al que pertenecen? El lamentable desdén alcanzó también a la presidenta del Alto Tribunal, que no necesita más confrontaciones adicionales a la campaña negra que le arman desde el escritorio de Andrés Manuel López Obrador. Sin categoría los tres magistrados agregan gasolina a la hoguera de polarización que enfrenta la Sala Superior, incompleta a propósito por la displicencia morenista en el Senado rumbo a la madre de todas las elecciones en el verano de 2024. Lo que menos necesita el país es un Tribunal Electoral confrontado en la víspera del momento más crítico de nuestra democracia. Se dice en los pasillos del edificio de Carlota Armero que el pleito tendría que ver con causas personales que impactaron en sus ponencias.

Mientras tanto, tal y como se esperaba el Ministro Javier Laynez suspendió la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial en la admisión a trámite de las Acciones de Inconstitucionalidad presentadas por legisladores de oposición. Es el principio del fin del intento inconstitucional para ahorcar presupuestalmente a la impartición de justicia federal, tan molesta para la clase gobernante.

Por otro lado, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional revirtió por unanimidad la suspensión definitiva que impedía las corridas de toros en la Ciudad de México, una decisión que más allá de la filia o fobia por la fiesta brava, rescatará a miles de familias que dependen de esta actividad y propiciará antes de que concluya el año el regreso de las tardes de toros en la Plaza México, la más grande del mundo.

 

Fuente: La Lista

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