Caso de Violencia Vicaria de Grisell Resonó de Quintana Roo a Madrid

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El caso de Grisell Balderas Jonguitud, víctima de violencia vicaria y acoso judicial en Quintana Roo ha traspasado fronteras, no solo porque organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya tienen conocimiento de su situación, sino, además, durante la pasada Feria Internacional de Turismo que se desarrolló en Madrid, España, una activista quintanarroense volvió a plantear su caso a las autoridades estatales, durante una protesta en ese icónico encuentro del sector turístico a nivel global.

Las mujeres que llevaron la voz, de otras quintanarroeses violentadas, a Madrid fueron acosadas y amenazadas de que se les quintarían los celulares con los que grabaron el encuentro con personas servidoras públicas, quienes en México no les habían puesto la atención debida a los casos de violencia contra mujeres.

El caso de Grisell fue retomado, a unos días de que fuera sometida a juicio y sentenciada; se le apoyó para que pudiera enviar a su menor hijo con sus familiares fuera de Quintana Roo, de esta manera ella pudo estar sola en Playa del Carmen y enfrentar el juicio, mientras que su hijo está seguro con familiares maternos.

Grisell a reiterado que su caso debe seguir difundiéndose con su nombre y apellido, ya que de esta manera se visibiliza y que en ningún momento ha pedido que se omita su nombre o se deje de hablar de su caso.

Durante ese encuentro en Madrid, salió a relucir un asunto que al final de cuentas, sin saberlo Grisell, desde hace años definió la postura de las autoridades de Quintana Roo respecto a su culpabilidad o no, respecto a la atención para con su hijo Mathías.  Se trata de unos videos que la Fiscalía tiene desde el 2020, como prueba aportada por parte del victimario de Grisell, su expareja.

Después de que en Madrid se tocó el tema de esos videos, a Grisell le cayó el 20 del por qué de la postura de las autoridades hasta el desarrollo del juicio en el que resultó sentenciada.

Durante el juicio, tanto ella como su defensa se enteró que en el año 2020, su expareja se comunicó con familiares de Grisell, vía telefónica, a San Luis Potosí, una de las hermanas le contestó al victimario que no podía hacer intervenir en sus diferencias, pero que ayudaba en lo que pudiera.

Otra hermana, diagnósticada con bipolaridad, contestó, según las grabaciones, contestó la llamada y según el victimario incriminó a su hermana. Esta segunda hermana, quien en ese entonces se encontraba en crisis por su situación de salud, refiere que no se acuerda si le contestó la llamada a su ahora excuñado y mucho menos que le contestó. Sin embargo, esos supuestos videos fueron mencionados durante el juicio y son la prueba “contundente” que el juzgado utilizó para resolver que es culpable de violencia contra su hijo Mathias.

La defensa de Grisell plantea que ésta y otras irregularidades dentro del proceso son evidencias que se llevarán a la segunda instancia para reclamar la ilegalidad de esa sentencia.

Después de casi seis años de procesos diversos, el Poder Judicial de Quintana Roo utiliza supuestas pruebas que fueron obtenidas de manera ilegal y que no se le mostraron a la defensa en tiempo y forma.

Las diversas irregularidades al debido proceso en el caso de Grisell la defensa las resume de la manera siguiente:

1. La declaración del menor fue aislada, además que fue evidente que existía aleccionamiento del testigo.
2. No sé concatenó con el dictamen de lesiones ya que la temporalidad de las lesiones no concuerda con lo expresado por la víctima, siendo que la fecha que dice el médico, el menor no se encontraba en resguardo con su progenitora, si no que se encontraba con su progenitor.
3. No se concatena con el dictamen psicológico, siendo que existieron contradicciones en su dicho, no se anexaron baterías psicológicas que son las que se tomaron en cuenta al momento de las conclusiones, además, que sólo tomó en consideración lo que le expresó la víctima, no tomó en consideración ni el contexto en el que vivía, ni otra información externa.
4. El dictamen en psicología entra en contradicción con una valoración psicológica realizada por persona especializada (psicólogo) de la procuraduría del menor y la familia en el que concluye que el menor no presenta rasgos de violencia familiar por parte de algún familiar, está última fue vertida por la policía de investigación que a través de la fiscalía incorporó ese oficio donde se encontraba dicha valoración.
5. La declaración del ofendido aporta información que le mencionó el menor por lo que si el menor está aislado, este no la puede corroborar, además que se notó aleccionamiento y preparación jurídica evidente de las respuestas del menor.
6. La versión del ofendido es de oídas, no percibió nada a través de sus sentidos por lo que ni siquiera se debe tomar como elemento indiciario.
7. Se tuvo por desistido 3 medios de prueba que no presentaron.
8. ⁠Además, de ir aleccionado, el menor utilizó lenguaje que no es propio de su edad y desarrollo adolescente natural, de manera fluida respondió las preguntas de fiscalía y asesoría jurídica, no así las preguntas de la defensa ya que se negaba a responder y de manera desafiante dijo: “no quiero responder porque no considero que sea una pregunta relevante para el caso”.

Hay que recordar que Grisell Balderas Jonguitud, ha sido víctima de violencia vicaria y acoso judicial desde 2020, cuando su ex pareja la denunció con testimonios falsos de violencia contra su hijo Mathías.

Después de seis años de litigios, el pasado viernes 13 de febrero, en Quintana Roo la condenaron por violencia familiar en contra de su hijo Mathias. La pena es a dos años, nueve meses de prisión, conmutable a 82 mil 960 pesos, “solo por exigir mis derechos”, dice Grisell.

El Poder Judicial de Quintana Roo, determinó que debe pagar 28 mil 960 pesos para no ir a prisión, 26 mil pesos por 40 sesiones de terapia para su hijo y 28 mil por daño moral. Si objetivo solo fue reunir a sus dos hijos y recuperar sus derechos como madre de Mathías. “A pesar que aún tengo el recurso de apelación en segunda instancia, he sido agraviada por un sistema que debe defender mis derechos y por un hombre que fue el primer victimario vinculado a proceso por violencia vicaria en esa entidad”, dice en un documento Grisell.

Agrega que en su caso, a las autoridades judiciales de Quintana Roo, no les importó absolutamente nada, ni las pruebas, ni los peritajes, ni las evaluaciones de Mathias cuando declara que su papá le pidió que mintiera en la fiscalía en el año 2020 y dijera que su mamá le pegaba.

“A mí me quitaron a mi hijo Mathias con violencia vicaria y el estado de Quintana Roo legalizó las violencias de mi agresor vicario a pesar de que él ha ejercido sobre Mathias y sobre mí múltiples violencias, pero el sistema judicial le quitó a mi agresor las vinculaciones a proceso, limpió sus historial y me condenó a mí, usaron a mi hijo Mathias para condenarme en un juicio infestado de corrupción y me acusaron de violentar a mi hijo pequeño Carlo (no es hijo del agresor vicario) y ahora debo también defender a Carlo para que el Estado no me lo arranque como hicieron con Mathias”.

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