Casi la Mitad de los Tribunales Agrarios en México Funciona con Magistrados sin Ratificación

• Así se encuentra el 40 % de estos órganos, donde el período para el que fueron nombrados sus titulares venció, en algunos casos, desde hace 9 años

Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo.- De los 51 Tribunales Unitarios Agrarios mexicanos, 20 operan con titulares que no han sido ratificados en el cargo, y otros dos magistrados supernumerarios se encuentran en la misma situación. Por esta causa, las resoluciones de estos funcionarios judiciales podrían ser objeto de disputas, observan especialistas en derecho agrario, pero desde el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador se han omitido los pasos para renovar formalmente los nombramientos.

Los 22 casos de magistrados sin ratificar significan el 40 % del total de los titulares de los Tribunales Unitarios Agrarios, instancias encargadas de dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra y resolver cualquier disputa por posesión o límites entre terrenos ejidales y comunales. Un documento interno enlista los casos de magistraturas “sin ratificar” y “con periodos vencidos”, exponiendo la gravedad de las omisiones en que ha incurrido el gobierno federal. Todos los magistrados agrarios fueron designados durante el dominio del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partidos a los que son afines.

Hoy tienen en sus manos casos álgidos como el de la tala ilegal en San Juan Atzingo, comunidad tlahuica, en proceso de reconocimiento y titulación de bienes comunales, que disputa territorios junto a las Lagunas de Cempoala, donde operan grupos del crimen organizado que buscan utilizar el corredor para tráfico de maderas preciosas.

Además, tienen en sus manos la restitución de las tierras de las comunidades wirakitari de Jalisco; la disputa de la selva de los Chimalapas en Oaxaca y Chiapas; la urbanización de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México; el reconocimiento de bienes comunales de Milpa Alta, Ciudad de México, y entre otros, los proyectos mineros en la Península de Baja California del Grupo Salinas, de uno de los empresarios más acaudalados de América Latina, Ricardo Salinas Pliego, admirador del ultraderechista Javier Milei y opositor a los gobiernos progresistas de la región.

En un país con graves conflictos agrarios, donde los gobiernos neoliberales favorecieron a mineras trasnacionales con más de 24 mil concesiones que involucran 16.83 millones de hectáreas, los fallos de estos magistrados podrían alargar las disputas

La licenciada en derecho Lilia Isabel Ochoa Muñoz y las maestras Leticia Díaz de León Torres y María de los Ángeles León Maldonado fueron investidas magistradas agrarias desde el 18 de agosto de 2010. Su periodo, como establece la ley, venció en 2016. No obstante, se mantienen en el cargo nueve años después sin que su nombramiento sea ratificado.

Ochoa Muñoz está a cargo del Tribunal Unitario Agrario (TUA) 2, con sede en Mexicali, Baja California; Díaz de León Torres, del 32, ubicado en Tuxpan Veracruz, y León Maldonado, del 41, de Acapulco, Guerrero. Fueron nombradas desde la época del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Tres nombramientos más datan de ese sexenio. El licenciado Delfino Ramos Morales, la doctora Ericka Lissete Reyes Morales y el licenciado Rafael Hernández Gómez fueron investidos magistrados, el 15 de diciembre de 2011, para un periodo que concluyó en 2017. Ramos Morales está al frente del TUA 15, correspondiente a Guadalajara, Jalisco. Reyes Morales, al 8, de la Ciudad de México. Y Hernández Gómez, al 29, de Villahermosa, Tabasco.

Las demás magistraturas datan del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Tres nombramientos se realizaron el 28 de abril de 2016. Desde entonces, la maestra María del Mar Salafranca Pérez, del 9, con sede en Ecatepec, Estado de México, y el licenciado Luis Eduardo Zuart Vallejo, del 53, de Celaya Guanajuato. Los periodos de los tres vencieron en abril de 2022.

La falta de ratificación es una omisión compartida entre los propios magistrados, que tienen conocimiento claro de la fecha de vencimiento de su periodo Ocho nombramientos más se realizaron en 2017. Uno de ellos, del 3 de mayo, del licenciado Regino Villanueva Galindo, como magistrado supernumerario de Tribunal Unitario. Su periodo venció hace dos años.

Los otros siete datan del 27 de abril de 2017: maestro Rafael Rodríguez Rodríguez, al frene del TUA 22, de Tuxtepec, Oaxaca; maestra María de la Luz Rodríguez Mendoza, del 16, de Guadalajara, Jalisco; doctor José Lenin Ribera Uribe, del 1, de Guadalupe, Zacatecas; maestro Jesús Antonio Frías Cardona, del 38, de Colima, Colima; licenciado Jesús Alonso Herrera, del 26, de Culiacán, Sinaloa; maestra Rosalba Hernández Cornejo, del 35, de Ciudad Obregón, Sonora, y el maestro Salvador Pérez González, del 46, de Huajuapan de León, Oaxaca. De todos, su periodo venció en 2023.

En las postrimerías de gobierno de Enrique Peña Nieto se realizaron cinco nombramientos más. El 26 de abril de 2018 fueron investidos cuatro magistrados de TUA y una magistrada supernumeraria de Tribunal Unitario. Este último caso es el de la licenciada Juana Rebeca Cortés Muñoz.

Los otros cuatro casos son los del licenciado Rodrigo Borbón Contreras, del 48 TUA, con sede en La Paz, Baja California; el licenciado Elías Vera Zúñiga, del 18, de Cuernavaca, Morelos; el de Ana Lilí Olvera Pérez, del 10, Tlalnepantla, Estado de México, y el de la maestra Fabiola Hernández Ortiz, del 11, de Guanajuato, Guanajuato.

Cabe mencionar que en este caso no se ubica a la titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, correspondiente a Quintana Roo, Ana Lucía Duarte Flores, ya que fue nombrada por el Senado en 2021, así que su período finaliza en el 2027.

La falta de ratificación es una omisión compartida entre los propios magistrados, que tienen conocimiento claro de la fecha de vencimiento de su periodo; del Tribunal Superior Agrario, el máximo órgano de decisión de los Tribunales Agrarios y mayor autoridad en materia de política judicial agraria; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Procuraduría Agraria, y el Senado de la República.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, “los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente y durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados, serán inamovibles”.

Y es que este último es el encargado de nombrar y ratificar a los magistrados tanto de los Tribunales Unitarios Agrarios como los del Tribunal Superior Agrario. Sin embargo, este sector de la impartición de justicia agraria siempre ha estado muy relegado; no se le da la importancia que tiene para el país. Además, recientemente se decidió “redistritar”, o desaparecer, de los Tribunales Unitarios Agrarios que tenían sede en Altamira, Tamaulipas; Campeche, Campeche; Culiacán, Sinaloa; Puerto Escondida, Oaxaca, y Huejutla, Hidalgo.

(Con información de Diario Red)

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