CAPA Propone Endurecer Política de Cobro, Regresando al Terrorismo Fiscal

• José Enrique Torres López, encargado del despacho del organismo operador, propuso regresar a la política de cobro acosador y abusivo que estuvo vigente durante el gobierno de Carlos Joaquín González

• Entre sus propuestas nunca estuvo reducir los costos para los ciudadanos, que cada día pagan más cara el agua de mala calidad

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 7 de octubre. – El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, diputado Hugo Alday Nieto, dio la bienvenida a la comparecencia de José Enrique Torres López, encargado del despacho de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA). La comparecencia se realizó para ampliar y precisar el contenido del Segundo Informe de Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Uno de los puntos más polémicos de la comparecencia fue la propuesta de Torres López para regresar a la política de cobro estricta que estuvo vigente durante el gobierno del exgobernador Carlos Joaquín González.

La propuesta sugiere reducir el tiempo en que la deuda de los ciudadanos puede ser ejecutable, de los actuales 18 meses a solo tres meses como antes. Esto, según Torres López, permitiría a los ciudadanos resarcir sus deudas con un esfuerzo menor, evitando que los adeudos se acumulen y se conviertan en impagos definitivos. Sin embargo, esta medida generó críticas, ya que no se planteó detener el aumento en el costo del agua potable, que cada vez se percibe como más caro para los quintanarroenses. De la misma forma, no propuso como detener las enormes fugas agua de la paraestatal, que en la capital del estado causan desfondes viales.

En cuanto a la cobertura de servicios, Torres López mencionó que CAPA opera en 7 de los 11 municipios de Quintana Roo, atendiendo a 315 localidades, mientras que el concesionario Aguakan opera en los municipios de mayor peso económico, como Benito Juárez y Solidaridad.

La cobertura de agua potable alcanza el 97.2% a nivel estatal, aunque en el caso de las áreas rurales, la cobertura aún tiene un margen de mejora, alcanzando el 93%. No obstante, la problemática de descargas de aguas residuales al subsuelo, práctica común en la región, sigue siendo un desafío importante para la CAPA.

Otro aspecto abordado fue la eficiencia operativa de la CAPA. Torres López reconoció que la eficiencia física de la institución es baja, con solo un 40.27% de los metros cúbicos extraídos del acuífero siendo facturados.

Además, la eficiencia comercial, que mide la capacidad de recaudar los montos facturados, es del 87.08%. La combinación de estos factores da como resultado una eficiencia general de solo 35.07%, una cifra que calificó como muy desfavorable y que debe ser revertida para garantizar la viabilidad del organismo.

La cartera vencida de la CAPA también fue tema de discusión. Según los datos presentados, la deuda de los usuarios ha crecido de 1 millón 096 mil pesos en 2023 a 1 millón 201 mil pesos en 2024, lo que representa un incremento de 105 millones de pesos en un solo año. Torres López señaló que la mayoría de esta deuda es de uso habitacional, lo que dificulta su recuperación, y reiteró su propuesta de regresar a la política de cobro más estricta, para evitar que las deudas se vuelvan impagables.

Durante su intervención, Alday Nieto reiteró la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del agua, un recurso fundamental para la vida y el desarrollo del estado. Aseguró que su comisión está comprometida en revisar las iniciativas relacionadas con el acceso al agua potable, priorizando a las comunidades más vulnerables.

Por su parte, el ingeniero Torres López destacó que la CAPA explicó que alrededor de un tercio de los recursos provienen de ingresos propios, mientras que los otros dos tercios son financiados por el gobierno federal y estatal.

Aseguró que la CAPA cumple con todas sus obligaciones normativas, como el pago oportuno de los derechos de extracción y descarga de aguas residuales a la CONAGUA, lo que a su vez permite que esos recursos sean reinvertidos en la propia infraestructura del estado.

El ingeniero también destacó que el estado cuenta con 31 plantas de tratamiento de aguas residuales, con una capacidad instalada de 3059 litros por segundo, de los cuales solo se están utilizando 1921 litros por segundo.

Esto se debe en parte a la falta de conexión de algunas localidades a estas plantas, lo que ocasiona que muchas de ellas continúen vertiendo sus desechos al subsuelo. Torres López reconoció que estas son prácticas antiguas que deben corregirse, pero que requieren una inversión significativa en infraestructura.

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