Redacción/CAMBIO 22

Los aretes de identidad ganadera en el mercado negro de México, tanto en el Norte, como en la zona Sur Sureste del país, se han convertido en un millonario negocio entre directivos de asociaciones y funcionarios federales.

En algunas uniones ganaderas tanto de los estados fronterizos del Norte, como en especial en la frontera Sur, llegan a obtenerse a precios que llegan por cada par de los mil a los mil 500 pesos cada uno.

En el caso de la península de Yucatán se logran obtener hasta en 700 pesos cada par y según datos estimativos de ex dirigentes ganaderos se calcula que en los estados que conforman la península de Yucatán, existe un tráfico de bovinos centromericanos que podría llegar hasta los 500 animales a la semana que se diseminan en los ranchos ganaderos de los tres estados que conforman la península.

Candelaria Campeche, es una de las zonas más activas de la frontera Sur, que se emparenta junto con el poblado chiapaneco de Benérito de las Américas en la recepción y tráfico de ganado dominado particularmente por el crimen organizado.

En Candelaria, municipio colindante con la vecina Guatemala, se ha convertido en el principal eslabón para la operación de grupos de ganaderos y narcotraficantes que encabeza El Abuelo Farias y sus Carteles Unidos.
Desde Chiapas, como Tabasco, Campeche y Quintana Roo, cuentan con municipios fronterizos con Belice y Guatemala que facilita la introducción de ganado centroamericano a México.

Los carteles dominantes en la frontera Sur, para el lavado de dinero a través del tráfico ilegal de bovinos son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Cártel de Sinaloa y Carteles Unidos.

A través de lavadores de dinero incrustados en este sector primario han adquirido decenas de propiedades en particular en el estado de Yucatán, en dónde además de recepcionar y engordar el ganado centroamericano, la adquisición de ranchos de arriba de las 200 hectáreas es una constante que se refleja principalmente en los municipios de Tizimín y Panabá en el oriente yucateco.

En esa zona y de acuerdo a investigaciones federales han adquirido propiedades lavadores de dinero pertenecientes al cártel de Sinaloa y del CJNG, mismos que se han asentado además en los municipios Hopelchen, Campeche capital y las ciudades de Chetumal, Mérida y ranchos de Panabá y Tizimin.

En Candelaria Campeche, las redes de distribución para carne de bovinos en pie, se destinan para surtir ranchos ganaderos ubicados en la península, en especial de los estados de Quintana Roo y Yucatán.

La falta de un control preciso tanto en las casetas fitosanitarias así como los cuerpos de seguridad permiten el ingreso de estos animales principalmente a la región oriente del estado de Yucatán y pese a la gravedad de esta actividad primaria se desconoce cuántos animales han llegado bajo estás condiciones, por parte de ninguna autoridad.

El abandono al campo y en especial al sector ganadero, ha convertido a los productores en rehenes del crimen organizado, quien a paso lento se apoderan de las Uniones Ganaderas Regionales para el control de los preciados aretes de identidad y seguir lavando millonarias sumas que provienen de actividades criminales.

En la zona oriente del estado de Yucatán, el tráfico incesante de camiones cargados de bovinos que gracias al mercado negro de aretes ganaderos se ha convertido en un jugoso negocio para la legitimación de esas piezas de ganado provinientes de países centroamericanos.

Hoy los aretes de identidad de ganado bovino son manejado por el gobierno federal a través del SINIIGA y las Uniones Ganaderas Regionales de las entidades mexicanas y las venden directamente a quienes traen ganado sin identificar a sus instalaciones.

“Si el ganado no tiene aretes mexicanos, te los venden de manera informal [en los centros de acopio]”, dijo un ganadero que pidió el anonimato.

Todos los ganaderos entrevistados en esta región Peninsular afirman lo mismo, aunque las autoridades federales niegan que aquello suceda.

Los ganaderos también falsifican la cantidad de ganado que poseen, con el fin de obtener aretes adicionales, que luego venden a quienes traen ganado de contrabando. En otros casos, los traficantes roban la identidad de los productores en especial de pequeñas unidades productivas que conforman ejidatarios y la usan para reportar un mayor número de ganado y así obtener los correspondientes aretes.

Este esquema se puede utilizar hasta que el productor presente su declaración de impuestos, momento en el cual las autoridades fiscales probablemente notan la discrepancia.

En todos los casos, el mercado negro de aretes es un sistema lucrativo.

Mientras que un arete oficial vendido por SINIIGA cuesta entre 40 o 50 pesos mexicanos (alrededor de US$2,50), los que se venden en el mercado negro pueden rondar los 400 y 700 pesos (de US$20 a US$35), según ganaderos entrevistados en Chiapas y Veracruz. En la península de Yucatán alcanzan precios entre los mil y mil 500 pesos el par.

Esto significa que si 800.000 reses obtienen aretes a través del mercado negro cada año, como estiman las autoridades, el negocio podría generar hasta US$18 millones.

La documentación también se falsifica. Varios ganaderos entrevistados en Yucatán, Veracruz, Chiapas y Tabasco mencionaron que los transportistas, por ejemplo, obtienen certificados veterinarios que acrediten que los animales están libres de enfermedades y tienen las vacunas necesarias para ser transportados dentro de México. Según estas fuentes, los certificados se falsifican con la complicidad de veterinarios y laboratorios autorizados.

Una vez que el ganado tiene aretes y certificados de salud, desaparecen todos los registros de su verdadero origen. Esto significa que los animales pueden ser sacrificados, y su carne puede ser empacada para consumo en el mercado local, o la carne procesada incluso se exporta a mercados internacionales como el de Estados Unidos.

“La ironía es que todo entra legalmente”, dijo un funcionario del gobierno en el sur sureste de México. “No tengo ningún argumento legal para rechazar el ganado [de contrabando]. 

Lo absurdo de todo ello y pese a la intervención del crimen organizado en alguna de las operaciones ganaderas, los funcionarios únicamente se limitan repetir [Sobre el papel], no hay ninguna violación a las leyes”.

Sin final a la vista

Combatir este comercio ilegal no está dentro de las prioridades de las autoridades de México en la frontera con Guatemala.

La Guardia Nacional y el Ejército, por ejemplo, se centran mucho más en la inmigración y el tráfico de drogas, aunque personas y drogas continúan cruzando la frontera. En pocas palabras, ambas instituciones dijeron que el tráfico de ganado no era su responsabilidad.

Durante la planeación de entrevistas con las fuerzas policiales en los estados fronterizos, los portavoces de la institución dijeron que ellos se ocupan del robo de ganado, pero no de su tráfico. Además, si bien el contrabando transnacional de ganado se considera un delito fiscal, la Fiscalía General de la República de México, incluidas las oficinas regionales en los estados fronterizos, no dieron información sobre denuncias relacionadas con el contrabando de ganado, cuando hicimos solicitudes de información.

Tampoco es claro hasta qué punto las aduanas están interesadas en tratar de regular el asunto. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, que supervisa las aduanas, informó que no había identificado ningún caso de contrabando de ganado desde Guatemala.

Por otro lado, aparte de la corrupción al interior del SINIIGA, el sistema no parece tener la capacidad necesaria para monitorear y verificar que los registros reportados coincidan con la cantidad de ganado que realmente tienen los productores. Cuando se visitó una oficina del SINIIGA en el sur de Veracruz, los empleados dijeron que simplemente

“hay que confiar en lo que informan los ganaderos”.

A nivel federal, la ley oficial que regula la identificación del ganado fue modificada en julio de 2021, de modo que la distribución de los aretes sea responsabilidad exclusiva del gobierno, con el fin de mejorar la supervisión. El gobernador de Veracruz Cuitlahuac García, ha sido una de las voces más destacadas a favor de estas reformas, argumentando que estas ayudarán a combatir el contrabando de ganado.

Aun así, todavía no está claro cuándo se implementarán estos cambios. Y los ganaderos con los que se habló en terreno siguen siendo escépticos.

 

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