La USAID define la Escala de Terror Político (ETP) como las violaciones a los derechos humanos básicos y a la integridad física de una persona por parte de agentes del Estado dentro de los límites territoriales del país en cuestión. La agencia advierte que esta clasificación “ofrece información sobre el comportamiento de los gobiernos en relación con el autoritarismo, los derechos humanos y la corrupción, que tiene importantes ramificaciones contextuales para el desarrollo”.
A finales de febrero de 2023, siete jóvenes regresaban a sus casas en Nuevo Laredo tras una noche de antro. Al pasar por la colonia Cavazos Lerma, patrullas militares comenzaron a seguirlos y, finalmente, decidieron chocar la camioneta de los jóvenes por detrás para detenerlos.
Uno de los sobrevivientes narró que, tras el impacto, militares abrieron fuego contra los civiles. Como resultado, cinco de ellos perdieron la vida en una ejecución extrajudicial admitida por el mismo presidente López Obrador días después.
Pese a testimonios de los sobrevivientes, el militar a cargo de aquellas patrullas señaló que abrieron fuego debido a que escucharon disparos; sin embargo, la misma Sedena informó que en la camioneta de los civiles no se encontraron armas.
A la fecha, dos militares involucrados en las supuestas ejecuciones están presos.
De acuerdo con la información de la agencia estadounidense, la escala cuatro que se le asignó a México responde a información de tres organismos diferentes: el Departamento de Estado de Estados Unidos, y las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El resultado lo determinaron programadores de la Universidad de Carolina del Norte en Asheville. Según la información, se analizaron y estudiaron los informes de derechos humanos de 2023 de las dos organizaciones y del Departamento de Estado de EU, y a partir de ello se asignó una puntuación entre uno y cinco.
Además, el Instituto Legalium sitúo a México con una calificación de 0.25 sobre 1 en terror político. Esta institución basa su indicador en las escalas de terror político de Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de EU, enfocándose principalmente en subíndices como violencia política, represión del Estado, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, uso de tortura, encarcelamientos políticos y muertes de civiles a manos de elementos gubernamentales.
Desde 2016, México se ha mantenido en la escala cuatro de terror político, y según el ranking de la USAID, nuestro país es el número uno en toda la región y el número 17 a nivel mundial.
Otros países que se encuentran en la misma escala son Brasil y Venezuela. México está a un escalón del nivel cinco que, de acuerdo con la USAID, indica que “el terror se ha extendido a toda la población. Los líderes de la sociedad no ponen límites a los medios ni a la minuciosidad con la que persiguen objetivos personales o ideológicos”.