Calica perdió Amparo para la Restitución de la Concesión del puerto de Punta Venado

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 8 de agosto.- La empresa Calizas Industrializadas del Carmen, que opera el banco de material ahora llamado Sac-Tun, perdió el juicio de amparo que promovió para la restitución de la concesión del puerto de Punta Venado, ubicado al sur de Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad, el cual fue sobreseído por parte el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Cancún.

Con el expediente 533/2022 la empresa propiedad de la corporación estadounidense Vulcan Materials demandó al gobierno de México por la revocación de la concesión para hacer uso de dichas instalaciones, las cuales poseía desde 1987, en donde se realizaban operaciones de carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos.

Las calizas eran extraídas del predio La Rosita, el cual fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), el pasado 5 de mayo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la empresa trasnacional para frenar la extracción.

El sobreseimiento del juicio de amparo sobrevino derivado de diversos supuestos que contempla la Ley de Amparo, como la falta de existencia del acto reclamado, que en este caso fue contra la negativa para sacar mercancías por dicha vía marítima.

Las autoridades demandadas como responsables fueron: el presidente de la República, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

De acuerdo con el expediente, el título de concesión otorgado a favor de la sociedad mercantil Calizas Industriales del Carmen (Calica) tiene como fecha del 21 de abril de 1987 para iniciar con el aprovechamiento de la terminal portuaria de altura para la carga, almacenamiento, manejo y distribución de material pétreo, el cual era extraído de terrenos del sur de Playa del Carmen.

La demanda fue ingresada ante el órgano jurisdiccional el 10 de mayo, es decir, unos días después que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que Calica había incumplido el acuerdo para frenar sus actividades de extracción de caliza.

Este significa un nuevo revés judicial para la empresa, luego de que en junio pasado se le negara la suspensión de la clausura interpuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde mayo pasado. 

La clausura impide la extracción de material pétreo del predio La Rosita, uno de los tres que explota Sac-Tun.

No obstante, Calica aún tiene pendiente la resolución de tres juicios de amparo, de los cuales dos buscan retirar la clausura impuesta por la Profepa.

Asimismo, en la tercera causa acusa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de realizar sobrevuelos, despegues y aterrizajes constantes en sus terrenos.

De igual manera, se encuentra aún abierta la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde pretende que el Gobierno de México le pague más de mil 500 millones de dólares por pagos realizados a las diversas administraciones públicas, más daños y perjuicios.

Sactun informó, en un comunicado emitido en julio pasado, que “seguiremos defendiendo nuestros derechos a través del proceso de arbitraje en el marco del TLCAN”.

Mientras tanto, el gobierno federal presentó el mes pasado una “denuncia por desastre ambiental” en contra de la compañía ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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