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• El ascenso y caída de Arturo Leyva Ávalos, el policía que jugaba en los dos bandos

 

Alfredo Griz / CAMBIO 22

En Tabasco, la noche huele a gasolina y sudor. La humedad se pega al rostro como una advertencia. Los uniformes brillan bajo el neón de las patrullas, y entre los escombros de la seguridad pública aparece un nombre que nadie quiere pronunciar muy alto: Arturo Leyva Ávalos, conocido entre los suyos como El Carnal.

Director de la Policía Estatal, mando de confianza, hombre de charola y pistola… y, según las propias autoridades, pieza clave de una red criminal que convirtió la ley en negocio.

El 30 de octubre de 2025, un convoy federal lo cazó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo sacaron de una casa modesta, sin disparos, sin épica. Un operativo quirúrgico: soldados, marinos, Guardia Nacional, y el silencio posterior de quien sabe que acaba de tumbar a un intocable. La orden era clara: capturar vivo al exjefe de la policía tabasqueña, el hombre que, según los informes, jugaba en los dos lados del tablero.

El hombre que patrullaba con los criminales

Leyva Ávalos no era un desconocido. En 2021, aparecía en videos institucionales, trajeado, hablando de valores, disciplina y compromiso con la ciudadanía. Prometía “orden y confianza”.

Pero detrás del discurso se gestaba otra estructura: La Barredora, una célula nacida al amparo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que se movía con precisión quirúrgica por el sur del país.

La ironía es feroz: mientras el jefe hablaba de seguridad, sus propios subordinados —según la narrativa del caso— reportaban rutas, cobros y movimientos de cargamentos a la misma organización que debían combatir. Las patrullas servían como escolta y los radios oficiales transmitían códigos que avisaban más a los narcos que a los ciudadanos.

En las bitácoras internas, su firma estaba en cada operativo importante; en los archivos de inteligencia, su nombre comenzó a aparecer junto a los de los líderes del crimen organizado. El mismo que firmaba órdenes de patrullaje, firmaba también, dicen, el permiso tácito para que la impunidad siguiera su curso.

El operativo

El despliegue fue brutal. Cientos de efectivos, vehículos blindados, drones sobrevolando la periferia chiapaneca. Nadie en la colonia Bienestar Social entendía por qué tanto ruido a medianoche. Cuando lo sacaron esposado, el exjefe de la policía bajó la cabeza. No opuso resistencia. No hizo declaraciones.

Minutos después, las autoridades confirmaban la detención de “un mando vinculado con una organización criminal de alto impacto”. Detrás del lenguaje burocrático se escondía una historia de podredumbre: el hombre encargado de garantizar la paz en Tabasco era ahora acusado de traficar con la guerra.

La red

Leyva Ávalos formó parte del grupo cercano de poder policial que dominó Tabasco los últimos años. Su círculo, según los expedientes abiertos, servía de enlace entre funcionarios de alto rango, empresarios y operadores del narco. Todo bajo un manto de supuesta legitimidad institucional.

Los uniformes eran su disfraz. Las patrullas, su cobertura. En los radios oficiales se hablaba de “operativos”, pero los reportes se cruzaban con coordenadas de cargamentos, cobros y extorsiones. Los rumores internos hablan de “entregas protegidas”, de noches donde el límite entre policía y delincuente era apenas una sombra.

El dinero sucio circulaba con naturalidad: cuentas, favores, licitaciones y silencios bien pagados. En Tabasco, los números del crimen comenzaron a moverse al ritmo de las órdenes de su propia policía. La frontera entre el Estado y el crimen se desdibujó.

El derrumbe

La caída de Leyva Ávalos no fue casualidad, sino el resultado de una red que se apretaba desde dentro. La federación lo tenía en la mira desde hace meses. Los reportes de inteligencia rastrearon sus movimientos, sus contactos, sus desplazamientos fuera del estado. Cada reunión, cada llamada, cada visita al sur de Veracruz o a la frontera con Chiapas quedó registrada.

Cuando finalmente cayó, lo hizo en silencio, sin fuego cruzado ni resistencia, como si supiera que el final estaba escrito desde hacía tiempo.

Hoy, el exjefe de la policía espera su destino en manos de la justicia. Los cargos que enfrenta son múltiples: crimen organizado, colusión, tráfico, extorsión, abuso de autoridad. No hay sentencia todavía, pero el eco de su nombre retumba en las oficinas donde antes daba órdenes.

El país que se pudre desde arriba

El caso de Leyva Ávalos no es una excepción: es el síntoma. En México, la línea entre la ley y el delito se ha vuelto una cuerda floja. Los uniformes pesan más por el miedo que por el respeto, y los jefes policiales —muchos, no todos— se han vuelto socios silenciosos del crimen que juraron combatir.

El sur del país, en particular Tabasco, se ha convertido en un laboratorio de esa corrupción endémica: policías al servicio de cárteles, cárteles que pagan campañas, funcionarios que venden información. El ciclo perfecto del fracaso institucional.

Arturo Leyva Ávalos es apenas una pieza en un ajedrez de podredumbre. Un rostro más en la galería de los caídos que juraron servir. Pero su historia —esa mezcla de poder, miedo y dinero— es un espejo brutal de lo que somos como país: un territorio donde la ley se arrodilla, donde la justicia es un rumor, y donde los uniformes, más que autoridad, inspiran sospecha.

Epílogo

En Tabasco, los patrullajes siguen. Nuevos rostros ocupan los cargos, nuevas voces prometen “depuración total”. Pero en las calles, la gente sigue cerrando temprano. Nadie cree ya en los juramentos de servicio.

El caso de Leyva Ávalos deja una sola certeza: mientras la policía sirva a dos amos, el país seguirá hundido en su propia oscuridad.

 

 

 

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