• El empresario fue detenido en el Puente Teya cuando intentaba salir hacia Quintana Roo, tras evadir durante meses citatorios y medidas cautelares.

  • Acumula dos sentencias que suman 11 años de prisión y más de 127 millones en reparaciones, además de señalamientos por fraudes y despojos inmobiliarios.

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

La noche del viernes, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán detuvieron al empresario Arturo Millet Reyes sobre la carretera federal Valladolid–Mérida, a la altura del punto de control del Puente Teya, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencias.

De acuerdo con el expediente, Millet incumplió con la reparación del daño por 2.8 millones de dólares impuesta en un proceso penal por abuso de confianza equiparado.

La jueza Silvia Carolina Estrada Gamboa determinó que el empresario no sólo no pagó la suma ordenada, sino que tampoco acudió de manera voluntaria a atender la resolución judicial, motivo por el cual se giró la orden de captura.

El empresario, ampliamente conocido por enfrentar múltiples acusaciones y denuncias desde hace más de una década, intentaba trasladarse hacia Quintana Roo en una camioneta Infiniti cuando fue interceptado por elementos estatales.

Su detención quedó registrada oficialmente en el Registro Nacional de Detenciones, instancia que confirmó su traslado inmediato al Cereso de Mérida.

Diversas fuentes periodísticas han documentado que Millet Reyes acumula dos sentencias en Yucatán, con penas que suman 11 años de prisión y reparaciones de daño que superan los 127 millones de pesos, sumado a múltiples denuncias por fraude, abusos de confianza y operaciones irregulares en el sector inmobiliario.

Pese a ello, durante años logró evadir su detención apoyado por sus conexiones políticas y económicas.

La captura del empresario ocurre después de meses en los que se mantuvo prófugo, violó medidas cautelares incluyendo la prohibición de salir del estado y desobedeció citatorios judiciales.

Su historial incluye la evasión reiterada de comparecencias, amparos improcedentes y señalamientos sobre vínculos con redes de despojo de terrenos y con figuras políticas de alto perfil en Yucatán y Quintana Roo.

La decisión judicial y la acción operativa de este viernes representan, por primera vez en años, un avance contundente en un caso que simbolizaba la impunidad con la que ciertos actores económicos y políticos operaban en la región.

Ahora será el Poder Judicial quien determine el cumplimiento efectivo de las sentencias pendientes.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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