Cabeza de Vaca Pagó Millones a Sus Abogados con Dinero Público

• De acuerdo a una investigación del medio Contraréplica, el panista que intentó ser candidato presidencial destinó más de 46 millones de pesos a los despachos de los abogados Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth, quienes actualmente encabezan su defensa legal

Redacción / CAMBIO 22

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas y hoy prófugo de la justicia, pagó su defensa legal con recursos públicos años antes de que se le acusara por delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos.

De acuerdo a una investigación del medio Contraréplica, el panista que intentó ser candidato presidencial destinó más de 46 millones de pesos a los despachos de los abogados Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth, quienes actualmente encabezan su defensa legal.

Los documentos obtenidos por el medio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) evidencian que entre 2016 y 2021 se realizaron pagos a los despachos de estos abogados panistas por asesorías jurídicas y servicios de consultoría legal, sin que existan pruebas documentales claras sobre la prestación de dichos servicios.

El despacho “Coello Trejo y Asociados” facturó al gobierno estatal 14.4 millones de pesos entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

Los conceptos registrados fueron asesoría jurídica en mejoras, fortalecimiento institucional y protocolo jurídico.

Lo que Cabeza de Vaca justificó 

Por su parte, el despacho “Accuracy Legal and Consulting”, vinculado a Roberto Gil Zuarth, recibió 31.9 millones de pesos entre noviembre de 2019 y marzo de 2021.

Los pagos se justificaron como servicios relacionados con controversias gubernamentales, juicios de amparo y asesoría jurídica a entidades estatales.

Fuentes citadas por Contraréplica indicaron que estos pagos habrían sido utilizados como adelanto para financiar la defensa personal de García Cabeza de Vaca ante las investigaciones por presuntos delitos de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Delitos por los cuales, hoy se encuentra prófugo y presuntamente escondido en Estados Unidos.

Los cargos fueron interpuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que también giró las órdenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, gracias a una presunta red de protección judicial, el exgobernador logró evadir a la justicia con amparos y otros recursos legales.

Los contratos con ambos despachos habrían sido asignados durante su gestión con recursos del erario tamaulipeco, en un contexto donde otros exfuncionarios de su administración también han sido denunciados por irregularidades financieras.

Fuente: Polemón

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