Redacción/CAMBIO 22

Mérida, 4 Abril.- El Gobierno de Yucatán integra un Comité de Expertos, con especialistas, para atender la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), ante crecientes protestas por temor a la pérdida de patrimonio y disminución de jubilaciones.

Al respecto, la directora de esta instancia, María Isabel Rodríguez Heredia, y la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, informaron que este grupo contará con la participación de ocho expertos, con las mejores opciones, “para hacer lo que sea necesario y darle una solución a este tema”.

Ambas funcionarias estatales indicaron que dicho Comité de Expertos deberá entregar un reporte pormenorizado con sus propuestas para rescatar al Instituto, el cual será evaluado por el gobierno estatal, en conjunto con los trabajadores, para determinar la mejor ruta a seguir.

Detallaron que este grupo especializado está integrado por las siguientes personas: el economista en jefe de la Cámara Estadounidense y Director de la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac Mayab, Luis Foncerrada Pascal; el Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Yucatán, Santiago Pérez Arjona; la ex Tesorera del Gobierno estatal y directiva de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Elsy Mezo Palma; y la comisionada y presidenta del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP) Yucatán, María Gilda Segovia.

De igual manera, la contadora Leticia Cano Álvarez, quien preside el área de Contabilidad Gubernamental del Colegio de Contadores, Leticia Cano Álvarez; el abogado Felipe Ortegón Bolio, del Despacho Ortegón Bolio SCP, Felipe Ortegón Bolio, entre otros especialistas.

La titular de la SAF pronosticó que de mantenerse la actual situación del Instituto, no habrá dinero para pagar las pensiones a sus recipendarios,  ante su quiebra, además de que, ante este hecho, las finanzas estales podrían quebrar y perjudicar otras áreas del gobierno, como las destinadas a seguridad, salud y educación, entre otras.

De acuerdo con la SAF, en el país sólo hay dos estados, Yucatán y Nayarit, que no han reformado su sistema de pensiones, el de Yucatán ya tiene 46 años y el de Nayarit ya quebró.

Adicional a eso, administraciones pasadas habrían usado el instituto como “caja chica” y rechazaron reformar el sistema, próximo a desaparecer y que pone en riesgo a las finanzas públicas estatales.

Por ello, el Gobernador Vila Dosal instruyó la conformación de dicho Comité de Expertos yucatecos y nacionales, lo antes posible, para atender esta situación.

Bajo las condiciones actuales y con base en estudios, estos proyectan una suficiencia del Isstey hasta 2026, asumiendo que se apliquen al déficit todos los recursos financieros y se moneticen todos sus activos, esto dependiendo también de que exista una parte que quiera comprarlos.

Esta necesidad implica que para 2027, el estado tendrá que asignar recursos presupuestales por mil 100 millones de pesos. Todos los recursos destinados al Isstey de las finanzas públicas pudieron ser encauzados a otras áreas, como salud, seguridad o educación.

Ante esta proyección, la SAF indica que no habrá dinero para pagar las pensiones de los trabajadores en 2027, pues tan solo ese año el Gobierno del Estado tendrá que aportar los mil 100 millones de pesos citados para garantizar el funcionamiento del Isstey, lo que ocasionaría la quiebra de las finanzas públicas del estado.

Tan solo en 2022, el Isstey requiere de una inyección de más de 350 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado para poder subsistir, en la ya larga agonía que implica la aportación de recursos especiales de las finanzas públicas a este organismo.

Para 2023, esa cantidad ascenderá a más de 648 millones de pesos; en 2024, será de más de 723 millones de pesos; en 2025, rebasará los 829 millones de pesos; y en 2026 superará los mil millones de pesos.

Con base en reporte de la SAF, el Isstey ha tenido déficit desde hace varios años, es decir, que el costo de las pensiones y servicios que presta es mayor a los ingresos por cuotas y otros ingresos. Dicho déficit ha sido cubierto con las reservas y activos del Isstey, que se agotarán en 2026.

Por su lado, la actual administración estatal ha pagado de manera puntual sus cuotas y no existen adeudos de dependencia alguna y desde el inicio de la presente gestión fueron puestas las denuncias correspondientes contra quienes afectaron las finanzas y pusieron en riesgo el sistema de pensiones de los trabajadores del estado.

Asimismo, el Gobierno del Estado evitó una carga monetaria al erario yucateco al frenar el pago de pensiones de 10 exfuncionarios estatales por encontrar inconsistencias en el procedimiento en en el que fueron entregadas, en decisiones tomadas en los últimos días de la administración estatal pasada.

Dichas pensiones fueron canceladas, por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad, e iban de los 19 mil pesos mensuales, hasta los 46 mil pesos.

Ninguno de los 10 ex funcionarios tenía derecho a pensión, por no satisfacer los requisitos y no cumplir con las formalidades legales para su otorgamiento.

Por tal motivo, la actual administración estatal, en un compromiso con la sociedad de administrar de manera eficiente y transparente los recursos públicos, hizo valer la ley, y canceló las pensiones asignadas en los últimos días del Gobierno estatal anterior, concedidas de manera unilateral.

Esta acción evitó un gasto de más de $4.3 millones de pesos anuales de recursos públicos. Específicamente 366 mil 219 pesos al mes, es decir 4 millones 394 mil pesos al año para solo 10 personas.

Asimismo, la presente administración, desde su inicio en octubre de 2018, en cumplimiento con las políticas de austeridad propuestas, ha llevado a cabo acciones que han contribuido a reducir considerablemente el gasto en el Isstey, que no sea para los fines para los que fue creado, es decir, para el pago de pensiones y prestaciones a sus derechohabientes.

Por ejemplo, eliminó gastos innecesarios, como automóviles con chofer, líneas de celular, eventos que no contribuyen al logro de los objetivos de la institución.

Todo esto con el objetivo de eficientar las operaciones con el personal estrictamente necesario, y la fusión de centros de costos para optimizar recursos, sin poner en riesgo la calidad en el servicio otorgado.

 

Fuente: Infoqroo/ Notisureste

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