mayo 28, 2024 11:41

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

mayo 28, 2024 11:41

  • Investigaciones realizadas por más de 40 medios de comunicación alrededor del mundo y en el marco de la revisión de archivos confidenciales de autoridades colombianas llevadas a cabo confirman el millonario negocio y las implicaciones de casos ocurridos en Quintana Roo.

 

  • Este artículo es parte de #NARCOFILES: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten.

 

 

 

  • Parte Uno

 

Redacción/CAMBIO 22

De nuevo Quintana Roo, aparece en reportes internacionales que analiza un grupo de periodistas a nivel internacional tras darse a conocer que en aviones cargados de drogas mismos que fueron tolerados por la administración estatal pasada que encabezó Carlos Joaquín González, de la mano de su secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, permitieron el aterrizaje de aeronaves en distintos municipios enclavados en el centro y sur de la entidad.

En este reporte que forma parte de la investigación periodista que incluye a grupos de profesionistas de la noticia se plasma el incidente ocurrido en el municipio de José Maria Morelos Quintana Roo, cuando aterrizó un jet ejecutivo Hawker, cargado de cocaína perteneciente al cártel de Caborca, asociado con el narcotraficante de origen colombiano, Eduard Fernando Giraldo Cardoza “El Boliqueso”.

El Boliqueso en investigaciones realizada por la SEMAR, dan cuenta que radicó hasta el 2019, en un conjunto habitacional en la zona hotelera de Cancún, desde coordinaba junto con el cártel de Caborca la recepción de cargamentos de drogas y el envío de millonarias cantidades en dólares al cono sur del continente.

En el reporte se explica que la droga manejada por colombianos y mexicanos, llegaba a nuestro país a través de un avión Hawker con matrícula XB-RCM que las autoridades mexicanas interceptaron y obligaron a aterrizar en una carretera del sur del estado de Quintana Roo en julio de 2020.

Una Historia que se Vuelve a Repetir gracias a la Complicidad de Autoridades con el Crimen Organizado.

La financiera mexicana que se hizo famosa, tras el robo de millones de dólares durante un cateo, ha tenido nexos con miembros de una red de tráfico de drogas a Europa, revela la investigación internacional #NARCOFILES, coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Algunos de los involucrados han sido detenidos en Colombia y España, mientras que en México han quedado en libertad por fallas, omisiones y corrupción de las autoridades. Uno de los liberados, incluso, es socio de una funcionaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Black Wallstreet Capital, empresa dedicada a la asesoría de inversiones que era regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene vínculos con individuos que se encuentran bajo investigación por formar parte de una red internacional de tráfico de drogas que conecta a cuatro países y dos continentes, revela una investigación conjunta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

A lo largo de siete meses, este consorcio de medios investigó la logística de una operación transnacional que saca a la luz los nexos en México de una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero.

Organización que las autoridades de Colombia, España y Países Bajos se encuentran investigando por el trasiego de toneladas de cocaína y metanfetamina hacia Europa.

Un empresario cubano-mexicano es pieza central de esta investigación periodística: Juan Carlos Minero Alonso, socio principal y director de Black Wallstreet Capital (BWC), la financiera mexicana que se haría famosa tras un cateo efectuado el 15 de marzo del 2023 en la colonia Anzures de la capital mexicana.

Para esta investigación se revisaron una veintena de amparos, más de 20 horas de audiencias judiciales, informes de inteligencia de cuatro países, una docena de actas constitutivas y bases de datos con registros de exportación, además de realizar entrevistas y decenas de solicitudes de información. Este equipo de reporteros también tuvo acceso a una filtración de más de 13 millones de documentos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Este reportaje se inscribe en el marco del proyecto “NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal”, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que busca exponer los tentáculos del crimen organizado mundial.


La sede de Black Wallstreet Capital permaneció bajo resguardo de las autoridades capitalinas por varios meses.

UN CATEO DE 70 MILLONES DE PESOS

Durante años, Juan Carlos Minero Alonso construyó su imagen como uno de los asesores financieros más reconocidos del sector. El joven banquero, como se autodenomina en su perfil de LinkedIn, impartía conferencias en universidades e incluso era consultado como fuente por periodistas de distintos medios.

Su empresa, Black Wallstreet Capital, comenzaba a tener mayor reconocimiento entre las firmas del país. Sus pronósticos financieros eran retomados por la Encuesta de Sentimiento de Mercado de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; además, desde el 2016 contaba con el permiso otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como asesora en inversiones.

Sin embargo, una escueta denuncia anónima sobre la entrada de paquetes “sospechosos” y la presencia de hombres armados en la sede de Black Wallstreet Capital, ubicada en Cuvier 104, colonia Anzures, sacudió la imagen pública de Minero y expuso las operaciones de la compañía.

El 15 de marzo a las 11:07 decenas de agentes de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, cercaron el edificio de Black Wallstreet y, apoyados por una patrulla, ingresaron por la fuerza al inmueble con marquesina roja.

Durante el cateo, los agentes de la Fiscalía detuvieron a 5 personas, entre ellas al dueño de la financiera, Juan Carlos Minero Alonso, y decomisaron armas largas, supuesta droga y 168 mil dólares en efectivo.

Otro de los detenidos, Hernán Samper Richard, ocupa el cargo de comisario en la empresa Inmobiliaria Costarica Mexicana del Caribe, propiedad de Ana María González Quintero, una funcionaria de la Dirección General de Administración de Inversiones de la CNBV, encargada precisamente de vigilar y supervisar las operaciones de empresas como Black Wallstreet Capital.

El cateo se convirtió rápidamente en uno de los casos más emblemáticos de la corrupción con la que operan los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Las armas fueron sembradas, la droga incautada resultó ser polvo blanco y los agentes destruyeron todas las cámaras del lugar. Además, la empresa acusó que desaparecieron más de 70 millones de pesos en efectivo, aunque esto contraviene la Ley del Mercado de Valores, que establece que las asesoras en inversiones tienen prohibido recibir dinero en administración o custodia.

Las irregularidades cometidas por la Fiscalía de la CDMX derivaron en la liberación de los 5 detenidos tras un proceso penal de casi dos meses y medio y en la detención de siete agentes que participaron en el cateo.

Sin embargo, la investigación realizada por este consorcio de medios –con apoyo de documentos oficiales– revela que el socio principal de Black Wallstreet Capital tiene nexos con dos personas que forman parte de una confederación de delincuentes que traficaron, durante más de diez años, toneladas de cocaína y metanfetaminas a Europa escondidas en ladrillos de hormigón.

Algunos de los personajes involucrados en esta red criminal han sido detenidos en países como Colombia y España, mientras que en México han quedado en libertad por fallas, omisiones y corrupción de las autoridades.

Esta investigación consultó directamente a Juan Carlos Minero sobre la relación de su empresa con las personas señaladas por autoridades de otros países por presuntas actividades criminales a través de un amplio cuestionario. En sus respuestas, Minero declaró: “sí me gustaría ser muy insistente en que no existe nexo alguno de mi persona con una red de narcotráfico”.

Dentro de BWC había máquinas contadoras, básculas “para pesar el dinero” y cajas fuertes

LA RUTA DE LOS LADRILLOS

La red de empresas de Juan Carlos Minero Alonso revela la conexión, hasta ahora inédita, Ámsterdam-Anzures. La figura clave es Alonso José Raúl Alverdi Benavides, un mexicano de 46 años. Ambos fundaron en 2021 la empresa Comercializadora Alvmin; Alverdi puso el 95% del capital, Minero el 5% restante.

El acta constitutiva de la empresa también señala que Alvmin estaba ubicada en el mismo domicilio que Black Wallstreet Capital, en Cuvier 104, colonia Anzures.

Minero contestó a este grupo de periodistas que Alverdi se acercó a BWC “para que se administrara la que dijeron era un riqueza obtenida en el sector de transporte de carga y construcción cementera”.

Juan Carlos Minero Alonso es socio de Alonso José Raúl Alverdi Benavides en la empresa Comercializadora Alvmin

La historia de Alverdi comienza en Países Bajos. Una solicitud de asistencia de la Fiscalía neerlandesa a la Fiscalía de Colombia, incluida dentro de los NarcoFiles, explica una parte de la trama.

En julio de 2021, la Fiscalía General de Países Bajos solicitó a las autoridades colombianas su colaboración para investigar a Jean Paul Hoyos Bohórquez, un residente del Valle del Cauca, por su supuesto involucramiento en el envío de varias toneladas de pasta base de cocaína y metanfetaminas a Europa.

La investigación comenzó luego de que la Europol lograra infiltrarse en los servidores de Encrochat, un servicio de mensajería encriptado usado por los criminales a nivel internacional. En esa aplicación, todos los delincuentes usaban un alias para ocultar sus verdaderas identidades.

Los agentes pronto descubrieron un chat donde “Sodapuppy” —en realidad, según las autoridades, Jean Paul Hoyos Bohórquez, un ciudadano colombiano y neerlandés— intercambiaba mensajes con “Corncrusher”, a quien las autoridades neerlandesas identificaron como el mexicano Alonso José Raúl Alverdi Benavides –el socio de Minero Alonso–.

La conversación dejaba al descubierto que Hoyos Bohórquez se encargaba de traficar la pasta base de cocaína, mientras que Alverdi Benavides coordinaba la elaboración de la misma en laboratorios ubicados en Países Bajos, así como el envío de las ganancias de vuelta a México y Colombia usando un entramado de empresas en Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

La Conexión Quintana Roo que la Convirtieron en la Pista de Aterrizaje Más Grande para Recepcionar Droga

De acuerdo con informes policiales de España y Colombia, la droga comenzaba su viaje en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela.

Los detalles de cómo salía de Colombia no son claros, pero dos diarios mexicanos, Reforma y Milenio, mencionaron que la droga llegaba a México a través de un avión Hawker con matrícula XB-RCM que las autoridades mexicanas interceptaron y obligaron a aterrizar en una carretera del estado de Quintana Roo en julio de 2020.

Un informe interno de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenido por este consorcio de medios revela que, tras el súbito aterrizaje, tres camionetas con hombres armados descargaron la droga del avión, le prendieron fuego y emprendieron la huida.

Lo que las autoridades neerlandesas sí detallaron fue que los estupefacientes llegaban a Europa escondidos en ladrillos de hormigón que eran enviados en contenedores desde el puerto mexicano de Veracruz con destino a Barcelona.

El método por el que se introducía cocaína y metanfetaminas fue descrito por la Policía Nacional de España como “prácticamente infalible”. La cocaína iba protegida en el interior de los bloques, mientras que la forma y consistencia de los mismos hacían que el relleno ilegal pasara desapercibido en los controles aduanales, expone el reporte interno al que esta investigación tuvo acceso.

El cruce de diversos informes internacionales también permitió ubicar a una empresa mexicana que se encargaba de hacer los envíos.

Las sospechas en Europa comenzaron desde 2017 y recayeron sobre Magniexport S.A., una compañía creada por Efigenio y Bernardo Castillo Zazueta en 2009, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El monitoreo de la empresa desencadenó la operación conjunta “Éboli-Bacterio-Chilango” entre España, Países Bajos y la Europol, que tres años después resultó en el desmantelamiento de una de las principales redes de introducción de cocaína en Europa vía Barcelona.

La información sobre Magniexport en México es escasa. Su objeto social menciona la exportación de cualquier tipo de mercancías, desde legumbres y hortalizas, hasta materiales de construcción. En realidad, lo único que exportaron entre 2011 y 2022 fueron dos mil 346 toneladas de tabiques y no precisamente vacíos.

Este equipo de reporteros intentó contactarse con la empresa por medio del correo electrónico inscrito en el SAT y en los registros de exportación, pero no obtuvo respuesta.

En 2019, las autoridades de Países Bajos y España descubrieron en Rotterdam un almacén con 2.5 toneladas de metanfetamina, mientras que en Utrecht, una ciudad con un toque arquitectónico entre lo medieval y lo moderno, decomisaron 17 mil litros de precursores empleados para producir drogas sintéticas. Las sospechas apuntaban a que los envíos provenían de la empresa mexicana.

Fue hasta 2020 cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas confirmarían la hipótesis. Le siguieron la pista a dos contenedores con ladrillos hasta una nave industrial en Sant Boi, una localidad contigua a Barcelona.

A martillazos o arrojándolos contra el piso, los oficiales rompieron los bloques descubriendo que la tercera parte de ellos traían paquetes por un total de 836 kilogramos de cocaína y 10 kilogramos de metanfetamina.

Una semana después detectaron otro envío de Magniexport. En esa ocasión taladraron los tabiques, hallando algo más que material de construcción: 536 kilogramos adicionales de coca.

El total de las incautaciones en Países Bajos y España asociadas a la empresa mexicana sumaron 2,549 kilogramos de metanfetaminas, mil 370 kilos de cocaína y 17 mil litros de precursores químicos valuados en 121 millones de euros, unos dos mil 974 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2020.

Pero es probable que la cantidad de drogas que ingresó a Europa por este método fuera mayor a lo que se confiscó. Las autoridades en Barcelona apenas revisaron 2 de los 55 envíos de ladrillos provenientes de Veracruz que Magniexport realizó en poco más de una década.

Magniexport realizó 55 envíos a Europa, de los cuales las autoridades sólo pudieron revisar dos. Fuente: Panjiva. Gráfico: MCCI

Jean Paul Hoyos Bohórquez deja entrever esta posibilidad cuando en Encrochat las autoridades holandesas ubicaron que recibió un mensaje de “Mildcalm” —de quien se desconoce su identidad—. La conversación hablaba sobre uno de los decomisos de drogas escondidas en ladrillos que llegaron a Barcelona:

“¿Sabe? Lo que no puedo entender es lo que pasó, estamos pensando si nos recompensaron en el camino (…) hemos pasado muchos controles y nunca en 12 años han descubierto nada”.

El operativo “Éboli-Bacterio-Chilango” concluyó en 2021 con 16 detenciones en España y Países Bajos. 14 eran europeos y sólo 2 eran mexicanos, aunque ninguno de ellos era Bohórquez ni Alverdi Benavides. Alverdi sería detenido en México hasta 2022, mientras que Hoyos Bohórquez fue detenido en Colombia en 2023, donde espera su extradición a Países Bajos.

Un informe de la Policía Nacional de Colombia menciona que Alverdi Benavides “estaría al servicio de alias Boliqueso” y señala a Hoyos Bohórquez “Sodapuppy” de ser “una persona contratada por la organización criminal y participar como socio en envíos de droga”.

Otro informe interno de la Policía Nacional de Colombia señala que Alonso Alverdi y Jean Paul Hoyos Bohorquez “Sodapuppy” estarían al servicio de “Boliqueso”.

 

Continuará…

 

Investigaciones  El Universal, MCCI, Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias, Narcodiario y OCCRP

El equipo del proyecto: Iván Alamillo (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Juan Omar Fierro (Aristegui Noticias), David González (OCCRP), Lilia Saúl (OCCRP), Brecht Castel (Knack), Víctor Méndez (Narcodiario), Juanita Vélez (CLIP-OCCRP), Antonio Baquero (OCCRP), Nathan Jaccard (OCCRP), Sally Mairs (OCCRP), Alexander Dziadosz (OCCRP), Paul Vugts (Het Parool).

Este artículo es parte de #NARCOFILES: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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