• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

La Península de Yucatán es una de las regiones de México que cuenta con mayor biodiversidad, lo que representa un banco de vida para todo el planeta, sin embargo, para el actual gobierno de la república y los que han pasado en las últimas décadas, la sobrevivencia de las futuras generaciones no les ha interesado y mucho menos ahora, por lo que esta zona geográfica es la que se encuentra en una severa crisis hídrica, porque por todos lados está siendo destruida la selva que le da sustento a las reservas de agua dulce que aquí se albergan.

Diversas voces han advertido que la ocurrencia de habilitar un tren de carga en las endebles vías del llamado Tren Maya representa representa un despropósito, porque además, de la inversión presupuestal que seguirá sangrando la hacienda del país, el riesgo de un accidente ferroviario se incrementa por el tipo de suelo de esta península. Desde luego que las opiniones de expertos han sido silenciadas por el mismo gobierno de la 4T.

Esta semana, la organización internacional Greenpeace México, así como  organizaciones aliadas, expertos y comunidades denunciaron que el Tren Maya no era sólo un proyecto turístico, sino un megaproyecto de infraestructura que abriría paso al despojo y devastación ambiental a gran escala en el sureste mexicano.

Dicho organismo internacional denuncia que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) acaba de autorizar actividades de desmonte para la construcción de una terminal multimodal del tren maya en Cancún, en un predio de 261 hectáreas. Esta fase amenaza con consolidar un modelo extractivista que pone en grave riesgo la biodiversidad, los territorios indígenas y el equilibrio ecológico de toda la región.

Por medio de un comunicado, Greenpeace México que ahora está viendo con claridad: inicia la fase de carga, diseñada para facilitar el transporte masivo de mercancías y recursos naturales. El pavo ocelado, orgullo cultural y natural de la península, es ahora víctima del falso desarrollo.

El gobierno sigue insistiendo en que el Tren Maya es un proyecto de “desarrollo sostenible” y de “respeto ambiental”, pero esta autorización muestra lo contrario:

Un terreno de 261 hectáreas será destinado a este fin. (Esto equivale a 261 campos de fútbol. Si fueran continuas, te podría tomar hasta 5 horas de caminata continua atravesar una superficie de este tamaño).

Se añade que 12 especies están en riesgo, entre ellas el pavo ocelado, ave endémica y culturalmente importante.

Una obra concebida no para transporte de personas locales, sino para infraestructura de carga, que es la verdadera lógica del proyecto.

Esto refuerza el señalamiento de comunidades de la península de Yucatán y de la campaña México al grito de ¡Selva!: el Tren Maya es un megaproyecto extractivista y de despojo, no un proyecto comunitario.

La SEMARNAT vuelve a actuar como aval ambiental del ecocidio, en lugar de frenar la devastación. Desde Greenpeace México exigimos un gran acuerdo que proteja la Selva Maya de todas las amenazas que la acechan día tras día, resalta la organización medioambientalista internacional.

Entre las falacias de la 4T tiene de aliado a un partido que se llama ecologista, pero sus dirigentes son algunos de los que se están beneficiando con la destrucción de la selva maya.

Esta semana medios de comunicación como Aristegui Noticias, CAMBIO 22, entre otros dieron a conocer que Lourdes Medina, abogada de La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja’o’on” (Somos Agua), y Wilberht Nahuat, vocero, adelantaron los términos de la demanda que presentarán ante Semarnat, Conagua y Profepa el próximo lunes contra la industria porcícola en Yucatán en la que se exige la reparación del daño ambiental, así como sanciones administrativas y penales en contra de las más de 500 granjas porcícolas que operan en el estado de Yucatán.

Esta organización aglutina a más de 20 localidades yucatecas que están siendo directamente afectadas por la industria porcícola, cuyo impacto no sólo es ambiental, contaminación de mantos acuíferos, sino también social y económico.

Desde 2023 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevó a cabo un estudio sobre el impacto negativo de la industria porcícola en Yucatán, pero tras el diagnóstico no se implementaron acciones concretas para atender esta problemática que hoy afecta a numerosas comunidades, muchas de ellas a menos de 100 metros de granjas porcícolas.

Por ello, el lunes 8 de septiembre una denuncia ante Semarnat, Conagua y Profepa en la que se exige no solo la reparación del daño ambiental, también sanciones administrativas y penales en contra de las más de 500 empresas porcícolas que han seguido operando de manera irregular y sin atender las recomendaciones de las autoridades correspondientes”.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

RHM

 

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