• La vida diaria de quienes ejercen el litigio en México se enfrenta a un creciente problema que pocos reconocen: la violencia contra las y los abogados litigantes

   

 

Enrique Pons Franco/ CAMBIO22

La semana pasada te conté del interesante estudio realizado por ONG México Evalúa respecto del peligro que corre el personal judicial en nuestro país por desempeñar su trabajo. El tema no queda allí. Esta organización también realizó, en conjunto con el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de derecho (IFED), otro interesante estudio denominado “Violencia en contra de las personas abogadas litigantes en México” y sobre esto quiero contarte hoy.

La realidad del ejercicio profesional en el mundo jurídico no siempre es tan glamorosa como nos la pintan las series de televisión. Tampoco como se mira en la televisión y redes sociales, cuando los políticos hablan pomposa y airadamente de la reforma judicial. De esta forma, lejos de los juicios rápidos y de los elegantes despachos de abogados que aparecen en las series, la vida diaria de quienes ejercen —y ejercemos— el litigio en México se enfrenta a un creciente problema que pocos reconocen: la violencia contra las y los abogados litigantes. Sí, aquellos que se encargan de representar los intereses de las partes en juicio, proteger los derechos y luchar por la justicia, están expuestos a riesgos serios que comprometen su integridad física y psicológica.

¿Te imaginas acudir a un juzgado y, además de lidiar con el caso, tener que mirar por encima del hombro, preocupado por amenazas o agresiones? Esa es la realidad que viven muchos abogados y abogadas en México, y los números de este estudio lo confirman. Entre 2020 y 2023 se reportaron agresiones físicas, desapariciones e incluso homicidios de abogados en diversas partes del país. ¿Y lo más alarmante? Esta situación ha pasado casi desapercibida para muchos, porque simplemente no existe un sistema claro para documentar estos casos. Es como si la violencia contra los abogados fuera invisible o, peor aún, parte del “precio” por dedicarse a la defensa de los derechos.

¿Por qué está sucediendo esto?

Podríamos pensar que los abogados son sólo intermediarios entre el cliente y la justicia. Sin embargo, los intereses que manejan pueden ser muy sensibles, y no todos los litigios son iguales. Cuando se trata de casos de derechos humanos, asuntos penales o incluso disputas inmobiliarias, las partes involucradas pueden ser mucho más peligrosas de lo que uno esperaría. Según los testimonios, en muchos casos, los agresores incluyen tanto a las contrapartes del juicio como a las autoridades, familiares y hasta otros abogados. Sí, así es, incluso entre colegas hay quienes cruzan la línea de la legalidad para ganar sus casos o influir en los resultados.

El panorama se vuelve más oscuro cuando se analizan los tipos de agresiones que sufren. Amenazas, extorsiones, daños a la propiedad, agresiones físicas, secuestros, desapariciones forzadas e incluso homicidios forman parte de un listado de pesadilla para cualquier profesional. Según el estudio del que se derivan estos datos, un abogado que busca justicia en México no sólo debe preocuparse por ganar el caso, sino también por mantenerse con vida. Y eso es lo que realmente está en juego aquí: la integridad física y emocional de quienes buscan proteger a otros.

Lo más sorprendente, sin embargo, no es sólo la violencia a la que están expuestos, sino la impunidad con la que suceden estos ataques. En México, muchos abogados ni siquiera denuncian las agresiones que sufren. Según la encuesta, el 40.85% de los encuestados afirman que es raro que se denuncien estos hechos, mientras que el 38.03% dice que es muy raro. ¿Las razones? Desconfianza en las autoridades, procesos largos y complicados, y el miedo a que denunciar sólo empeore la situación.

Es como si el propio sistema estuviera diseñado para desincentivar a quienes deberían tener más confianza en él: los abogados. Después de todo, ¿cómo pueden defender a otros si no son capaces de protegerse a sí mismos? Esta es una pregunta que nos debería hacer reflexionar sobre el estado actual de la justicia en México. No sólo se trata de la seguridad de los litigantes, sino de cómo esta violencia impacta directamente en la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.

¿Quiénes son los principales agresores?

La imagen del agresor violento a menudo se asocia con delincuentes comunes o con partes involucradas en casos de alto perfil, pero la realidad es más compleja. En muchos casos, los agresores son las propias autoridades. No es inusual que abogados que luchan contra la corrupción o defienden derechos humanos sean blanco de persecuciones y amenazas. Estos abogados, lejos de contar con la protección del sistema, se convierten en víctimas de un engranaje que debería estar de su lado.

El problema es aún más preocupante cuando se consideran los ataques que no terminan en una simple amenaza o agresión. En el periodo estudiado, se documentaron casos de desapariciones forzadas y homicidios de abogados que no han sido resueltos. Desaparecer o perder la vida en el ejercicio de la profesión no debería ser el destino de quienes eligen defender los derechos de los demás, y, sin embargo, esta realidad se ha convertido en un riesgo constante.

No podemos dejar de lado que, como en muchos otros aspectos de la vida, el género también juega un papel importante en la violencia que sufren las y los abogados. Las mujeres abogadas, en particular, enfrentan no sólo los mismos riesgos que sus colegas hombres, sino que además son objeto de agresiones que se originan en su condición de género. La violencia de género es una problemática que permea todos los niveles de la sociedad y el ejercicio de la abogacía no es la excepción.

El estudio señala que las mujeres abogadas sufren agresiones diferenciadas, como violencia verbal, amenazas sexuales e incluso acoso dentro del entorno profesional. Y lo que es peor, esta violencia muchas veces queda impune, ya que un porcentaje significativo de estas profesionales no denuncia los ataques, ya sea por miedo o por la percepción de que no se tomará en serio su caso. El miedo y la desconfianza en las autoridades agravan la situación y perpetúan un ciclo de violencia que afecta tanto a su labor profesional como a su vida personal.

¿Y ahora qué?

Llegados a este punto, la pregunta lógica es: ¿qué se puede hacer para detener esta ola de violencia contra el personal jurídico? La respuesta no es simple, pero hay algunas acciones que pueden marcar la diferencia. Primero, es necesario que las barras y colegios de abogados implementen sistemas claros y eficaces para registrar y dar seguimiento a los casos de violencia. Si no se documentan estas agresiones, es como si nunca hubieran ocurrido, lo que perpetúa la impunidad.

Segundo, se deben crear protocolos de seguridad para los abogados en riesgo. No basta con emitir comunicados de solidaridad; es necesario brindar protección real a quienes enfrentan amenazas, ya sea a través de escoltas, apoyo legal o incluso medidas de seguridad como la protección de sus domicilios. La seguridad debe ir más allá de un mero trámite administrativo y ser percibida como una herramienta de protección efectiva.

Otro aspecto crucial es educar a la sociedad sobre la importancia de los abogados en el sistema de justicia. Estos profesionales no son simplemente figuras que vemos en la televisión o en las series de abogados; son personas que arriesgan su integridad para defender los derechos de los demás. Si no somos capaces de proteger a quienes están en la primera línea de la defensa de la justicia, ¿qué esperanza queda para el resto de nosotros?

Finalmente, es importante que el propio Estado reconozca la magnitud del problema y se comprometa a brindar un entorno seguro para los abogados que ejercen su profesión. El silencio y la inacción no son opciones; se necesita un esfuerzo coordinado para combatir la violencia contra los profesionales del derecho, que a fin de cuentas, son quienes garantizan que el sistema legal funcione.

 

Reflexiones finales

El trabajo de los abogados, al igual que el de los jueces y magistrados, es esencial para el funcionamiento de una sociedad justa. Sin ellos, el sistema se derrumba. Sin embargo, en México, el precio de impartir justicia parece ser cada vez más alto, y no podemos permitir que quienes dedican su vida a la defensa del Estado de derecho tengan que pagar con su integridad o su vida.
Es momento de tomar en serio las agresiones contra el personal judicial y garantizar que puedan realizar su trabajo en un entorno seguro y libre de amenazas. Porque si dejamos que la violencia continúe, corremos el riesgo de perder una de las pocas instituciones que aún luchan por mantener el equilibrio en una sociedad cada vez más caótica.

 

 

Fuente: Latinus

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